Organizaciones indígenas y de sociedad civil levantaron una alerta ambiental tras la aprobación de un proyecto de ley que declara de interés nacional la construcción de una carretera que uniría la ciudad de Pucallpa con Cruzeiro do Sul en Brasil. Se trata del Proyecto de Ley N° 6486-2020 que fue aprobado el viernes 21 de mayo por el Congreso de la República .
La iniciativa legislativa revive el proyecto de construcción de una carretera que atraviese bosques primarios para conectar la ciudad de Pucallpa, en la región Ucayali, con la ciudad de Cruzeiro so Sul, en el estado brasileño de Acre. Este proyecto data del año 2003, y se enmarca en la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Suramericana – IIRSA.
Las organizaciones señalan que la carretera sería un motor para las economías ilegales como narcotráfico, minería ilegal, tráfico de tierras, saqueo ilegal de madera y caza ilegal de fauna, que se incrementarían con la ejecución de la carretera. Además, dicha vía significaría mayor deforestación de bosques primarios y afectación a los derechos, la vida y el territorio de los pueblos asháninka y shipibo que habitan el territorio.
PREOCUPACIÓN POR LA CARRETERA
La Defensoría del Pueblo había alertado que este proyecto constituye una amenaza contra los derechos territoriales de los pueblos indígenas y un retroceso en materia de protección ambiental.
La Organización Regional AIDESEP de Ucayali – ORAU señaló que la propuesta “generará graves riesgos socioambientales que se manifestarán en nuestros territorios comunales, en la zona de influencia del Parque Nacional Sierra del Divisor y la Propuesta de Creación del Área de Conservación Comunal Alto Tamaya”.
Además indican que los derechos a la autodeterminación del pueblo isconahua, en aislamiento voluntario, sería afectado. Y que se abriría paso para el incremento de actividades ilegales como el narcotráfico en la cuenca del río Abujao, incrementando la violencia hacia los defensores territoriales.
“Nos declaramos en contra de un desarrollo que nos excluye, que nos posterga y que pone por sobre nuestros derechos los intereses económicos de unos pocos”, concluyen.
Por su parte, el Instituto del Bien Común – IBC se pronunció en contra de la iniciativa pues en un contexto de crisis ecológica global, “contradice meridianamente el llamado de las Naciones Unidas y las agencias multilaterales por una reactivación de las economías basada en inversiones amigables con el medio ambiente”.
Por ello llaman al Ejecutivo a observar la norma y al Congreso de la República a desistir de ella, en defensa del orden público, la Amazonía y el bienestar de todos los pueblos.
Mapa: IBC / Mongabay Latam
IMPACTOS NEGATIVOS
A lo largo de los años, diversos estudios analizaron los impactos ambientales que traería la ejecución de este proyecto vial. El más reciente data de 2019, Conservation Strategy Fund (CSF) encontró que el proyecto generaría una deforestación mayor a 24 mil hectáreas y una pérdida económica de US$17 millones.
Por su parte, The Nature Conservancy refiere que los 140 kilómetros de carretera tendrían un efecto similar al que ha tenido la carretera Interoceánica en Madre de Dios, con mayor ingreso de personas externas y de actividades ilegales.
A ello se suma que el trazo de la carretera atraviesa territorio indígena de los pueblos asháninka y shipibo; contando 10 comunidades que serían afectadas y no han tenido participación ni información del proyecto.
La zona concentra gran diversidad de especies en peligro como el jaguar y especies forestales como tahuari, cedro, caoba y shihuahuaco. De construirse esta carretera se cortaría el corredor de biodiversidad que inicia en el Parque Nacional Sierra del Divisor y la Reserva Indígena Isconahua, y termina en la zona de influencia de la propuesta de Área de Conservación Regional (ACR) Alto Tamaya – Abujao.
Foto: ORAU
