La sociedad civil organizada y personas que suscriben el presente pronunciamiento expresamos nuestro profundo rechazo ante el pretendido recorte de la institucionalidad ambiental y la fusión de entidades ambientales como SENACE, ANA, SERFOR y SERNANP.
El último 4 de agosto, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) refirió en medios de comunicación una serie de propuestas perjudiciales para la institucionalidad ambiental en el marco del discurso de impulso a la reactivación económica nacional. La principal propuesta es la fusión del SENACE con otras instituciones ambientales como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), autoridades que, entre otras importantes funciones, emiten opiniones técnicas vinculantes para las certificaciones ambientales de los proyectos de inversión. Tras dicha fusión, el organismo ya no estaría adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM) sino directamente a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Además, se propone un sistema renovado del Informe Técnico Sustentatorio (ITS).
El 14 de agosto, en el diario La República, se mencionó que el Poder Ejecutivo “ha recibido a bien” la iniciativa privada para que las funciones de la ANA, el SERNANP y el SERFOR sean “absorbidas” por el SENACE, dentro de la PCM, algo que en la práctica significaría la desaparición de estas instituciones. El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, dijo en junio que su despacho
trabaja para reducir 21 trámites ligados a la certificación ambiental.
Recordemos que existe una Estrategia de Coordinación Interinstitucional (ECI) que reúne al SENACE, ANA, SERFOR y SERNANP, y que el SENACE ya venía reforzando sus procesos con lineamientos y procedimientos. Sin embargo, estas propuestas de fusión afectarían la institucionalidad de organismos que tienen competencias propias y complementarias mayores a ser opinantes técnicos, en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) y del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
A esto se suma que el pasado 30 de mayo se publicó el Decreto Supremo N° 006-2023-MINAM, cuya Cuarta Disposición Complementaria Final señala que las disposiciones del DS 004-2022-MINAM (referidas al Procedimiento Único del Proceso de Certificación Ambiental – PUPCA) serán aplicadas recién el 1 de enero de 2025. Esto implica en la práctica la suspensión de la normativa por más de 19 meses.
En ese sentido, las acciones y propuestas del sector privado y del Gobierno conllevarían al debilitamiento de la institucionalidad ambiental porque reducen las funciones del MINAM como ente rector de dicho sector, así como del SNGA y SEIA, en vez de impulsar procesos de evaluación ambiental sólidos y fortalecer las capacidades de las autoridades para que ello contribuya a dar predictibilidad a los procedimientos.
Recordemos que en los años 2013 y 2014 con los llamados “paquetazos ambientales” se crearon instrumentos débiles, como los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS); se redujeron las funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); se empleó la Ventanilla Única de Certificación Ambiental, entre otros. Además, las concesiones en el sector energía y minas en el país han sido cuestionadas no solo por sus impactos negativos, sino también por la permisividad a las que han estado sujetas, lo cual puede observarse a través de la no efectivización de las sanciones impuestas por el Estado por incumplimiento de obligaciones ambientales al ser judicializadas,
favorecimientos tributarios, pagos de deudas tributarias eternamente aplazados y judicializados, entre otros beneficios, evidenciando que el fortalecimiento de nuestra institucionalidad ambiental sigue estando pendiente y, más aún, su enfoque en los derechos.
Queda claro entonces que este es otro intento de golpe a la institucionalidad ambiental, pues busca flexibilizar los procedimientos ambientales de acuerdo a los intereses privados, sin considerar que ello podría generar mayores conflictos socioambientales por la falta de procesos transparentes y de participación ciudadana. Por ello, alertamos sobre el grave retroceso que significaría el avance de esta propuesta, pues conlleva la desaparición de diversas autoridades ambientales, cuya creación representó un paso clave para la gobernanza ambiental en el país, además de ir en contra de los esfuerzos del Perú para su acceso a la OCDE.
Por las razones expuestas, las organizaciones firmantes rechazamos estas propuestas y exigimos que:
- La PCM desestime las propuestas realizadas por la SNMPE, porque conllevan la eliminación de las autoridades ambientales y vulneraría la imparcialidad de los procesos de certificación, lo que afectaría los derechos colectivos de pueblos indígenas y los procesos de participación de la ciudadanía en general.
- El MINAM desestime dichas propuestas como ente rector en el marco de nuestra normativa nacional, así como frente al respeto de compromisos ambientales internacionales e incluso tratados comerciales que incluyen un capítulo ambiental, comoel Tratado de Libre Comercio del Perú con Estados Unidos y el Acuerdo Comercial Perú – Unión Europea, entre otros.
- Los cambios o reformas propuestas por el sector privado tengan como parte de sus objetivos el respeto y fortalecimiento de los aspectos ambientales y sociales en la modernización de la infraestructura y en la gestión del mismo sector minero-energético.
- El Congreso de la República se pronuncie a favor de leyes que busquen el beneficio público de los ciudadanos; la modernización de los proyectos de inversión desde un enfoque de sostenibilidad socioambiental; y el fortalecimiento de la gestión ambiental y social por parte de las instituciones correspondientes.
- El Gobierno priorice reformas para fortalecer la gobernabilidad, transparencia, fiscalización, participación y lucha anticorrupción para evitar perjuicios al erario nacional.
- Se implemente de manera urgente un sistema de monitoreo socioambiental y seguimiento actualizado mensual de los proyectos y contratos por las autoridades competentes que permita una vigilancia permanente que involucre a toda la ciudadanía, los pueblos indígenas y sus organizaciones representativas; al Estado, la academia y el sector privado.
- Se fortalezcan las capacidades de monitoreo de las entidades reguladoras y fiscalizadoras para monitorear los impactos socioambientales, con el fin de prevenirlos o que se ejecuten medidas correctivas de aplicación efectiva para remediarlos; y de esta manera asegurar los derechos de las poblaciones que puedan verse afectadas frente a riesgos socioambientales.
Finalmente, demandamos al Ejecutivo, en especial a los sectores involucrados, que asuman una posición coherente para combatir la corrupción y velar por las poblaciones vulnerables, así como una correcta política de mejora de la gestión ambiental de las inversiones mediante un debate amplio que no solo involucre al sector empresarial, sino también a la sociedad civil, pueblos indígenas y
población local organizada.
El desarrollo y crecimiento sostenible son posibles con gobernanza responsable, participación y respeto de derechos. Ese debe ser el camino.
16 de agosto de 2023
Suscriben:
Organizaciones
Agencia de Investigación Ambiental – EIA
Área de Justicia y Paz Diócesis de Chulucanas
Asociación Arariwa
Asociación Ecosistemas Andinos
Asociación Pro Fauna Silvestre, Ayacucho
Asociación Proyecto Amigo
Asociación Servicios Educativos Rurales – SER
CEDER
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP
Centro Bartolomé de las Casas – CBC
Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – DESCO
Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo del Sur – DESCO SUR
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado – CIPCA
Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico – CEDIA
Centro Peruano de Estudios Sociales – CEPES
Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS
Conservation Strategy Fund – CSF
CooperAcción
Cuencas – Red de Asuntos Amazónicos
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR
Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF
Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA
ECOREDD
IDS Prospectiva Amazónica
Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente – INSAPROMA
Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú – IDLADS
Instituto de Estudios de las Culturas Andinas – IDECA
Instituto del Bien Común – IBC
Instituto Natura
Fomento de la vida – FOVIDA
Foro Ecológico del Perú
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
GRUFIDES
Grupo de Trabajo sobre impactos de los Hidrocarburos GTIH – CNDDHH
Grupo Propuesta Ciudadana – GPC
Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana
Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCICC
MUQUI SUR
Nodo Perú – Red Iglesias y Minería
Oxfam
Pachamama Alliance Perú
Paz y Esperanza
Perú Equidad
Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos – PSCEDDHH
Programa Laboral de Desarrollo – PLADES
Pudú
Red Agua Desarrollo y Democracia
Red nacional de conservación voluntaria y comunal «Amazonía Que Late»
Red Muqui
Red Pastoral Pueblos Indígenas y Ecología Integral
Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE
Red Uniendo Manos Perú
SDSN Amazônia
Sociedad Zoológica de Frankfort – Perú FZS – Perú
Tierra Activa Perú – TAP
Viernes por el Futuro Perú – VPF Perú
Yunkawasi
Personas naturales
Adda Chuecas Cabrera (DNI 07840375)
Adelaida Alayza (DNI 07258944)
Allison Cadenillas (DNI 71085752)
Ana Romero Cano (DNI 09672155)
Andy Philipps Zeballos (48234216)
Arturo Leonardo Ruiz Chapilliquén (DNI 02636211)
Boris Blanco Gallegos (DNI 75494307)
Carla Rojas (DNI 76096998)
Carmela Landeo Sánchez (DNI 08645868)
Cecilia Sueiro Mosquera (DNI 45305139)
César A. Ipenza Peralta (DNI 40287902)
César Francisco Flores Negrón (DNI 08732424)
Edgar Aranibar (DNI 09993693)
Gabriela Rueda Olivera (DNI 46193773)
Gianina Melissa Huallpa Raya (DNI 70362759)
Giovanna Vásquez (DNI 29227080)
Giuliana Cecilia Larrea Aguinaga (DNI 40826401)
Kely Alfaro Montoya (DNI 44561170)
Henrry Vásquez (DNI 41000746)
Isabel Sosa (DNI 43215655)
Javier Jahncke Benavente (DNI ‘07261449)
José Luis Ricapa Ninanya (DNI 41687723)
José Ricardo Pineda Milicich (DNI 02677294)
Juan Luis Dammert Bello (DNI 40679736)
Julia Cuadros (DNI 07535179)
Laureano del Castillo Pinto (DNI 07551595)
Luis Enrique Rivera Segura (DNI 70586551)
Manuel Boluarte Carbajal (DNI 16168458)
Manuel Nivardo Santillán Romero (DNI 19839567)
Manuela Zuñiga Cardenas (DNI 07906262)
María del Carmen Jamjachi Cerrón (DNI 74144331)
María Elena Foronda Farro (DNI 32985633)
María Peralta Berríos (DNI 08067422)
Nury García Córdova (DNI 08188746)
Patricia Fernández-Dávila Messum (DNI 08220816)
Patricia Torres Muñoz (DNI 40599928)
Ramón Rivero Mejía (DNI 40684427)
Richard O’Diana Rocca (DNI 70434839)
Rosa Etelbina Prieto Mendoza (DNI 02609860)
Rosa Karina Pinasco Vela (DNI 00964487)
Rossana Violeta Angeles Rodriguez (DNI ‘06443704)
Roxana P Arauco Aliaga (DNI 10352911)
Selene Azul Astrid Benavente García (DNI 46517365)
Sharen Lis Alvis Alfaro (DNI 75436418)
Sonia Johana Asurza Espíritu (DNI 46618335)
Virna Mariel Chávez Mayta (DNI 71631883)
Wilmer Federico Bermejo Requena (DNI 02613068)
Yolanda Mottoccanchi Bustinza (DNI 23941434)
