El Perú es uno de los países con mayor solidez macroeconómica en Latinoamérica, pero ¿a qué costo? Esta es la premisa y la pregunta que plantea el estudio realizado por MOCICC como parte del proyecto “Deuda, crisis climática y extractivismo en países amazónicos”. El informe sostiene que la solidez macroeconómica del país se debe a reglas fiscales estrictas que destinan gran parte del presupuesto nacional al pago de la deuda externa y se apoya en actividades extractivas que impactan negativamente los territorios y agravan la crisis climática.
Nuestro país presenta sólidos indicadores macroeconómicos, un riesgo país bajo, un clima de negocios favorable y niveles de endeudamiento externo muy por debajo del promedio latinoamericano. Sin embargo, estos indicadores positivos no se reflejan en la inversión pública en salud, educación, agricultura y medio ambiente. Esto se debe a las rígidas reglas fiscales que priorizan la estabilidad macroeconómica sobre el gasto público para el crecimiento social, impidiendo un aumento presupuestario incluso en tiempos de bonanza económica.
El porcentaje del presupuesto nacional destinado al pago de la deuda externa, cerca del 33%, contrasta drásticamente con el presupuesto asignado para las acciones de adaptación y mitigación del cambio climático, que no llega al 1%, evidenciando que las políticas climáticas no son una prioridad para el Estado peruano. Esta disparidad subraya la insuficiencia de la inversión en áreas críticas para enfrentar los efectos del cambio climático como los producidos por fenómenos como el ciclón Yaku y los fenómenos de El Niño, lo que ha resultado en grandes pérdidas económicas y humanas.
Aunque el país ha asumido compromisos importantes para reducir sus emisiones de gases de efectivo invernadero en un 40% para 2030 y ha desarrollado planes y estrategias como parte de su institucionalidad ambiental, sigue promoviendo leyes que atentan contra los bosques y fomentan la inversión en actividades extractivas de minerales e hidrocarburos. Esta discrepancia entre los compromisos climáticos asumidos por Perú en el ámbito internacional y las políticas nacionales que promueven la actividad extractiva se ve impulsada por la necesidad de estabilizar la economía tras la recesión provocada por la pandemia y los desastres naturales recientes.
Perú ha accedido a financiamiento de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento para apoyar sus esfuerzos en mitigación y adaptación climática. Sin embargo, la dependencia de estos fondos limita la capacidad del país para implementar una estrategia climática robusta y sostenida a largo plazo.
Esta situación evidencia la falta de una estrategia de financiamiento climático por parte del Estado peruano y una institucionalidad ambiental basta que no llega a hacerse efectiva. Sin una verdadera apuesta política con acciones concretas y planes implementados de manera eficiente, no se podrá hacer frente y mitigar los efectos del cambio climático.
Además, las actividades extractivas, incluyendo la minería y la extracción de hidrocarburos, han generado numerosos conflictos sociales y ambientales. Los derrames de petróleo en la Amazonía han afectado gravemente a las comunidades indígenas, quienes enfrentan problemas serios de salud, alimentación y acceso al agua. Y la construcción de infraestructuras como carreteras también ha provocado invasiones, tráfico de terrenos y deforestación.
La dependencia de Perú en las actividades extractivas, la rigidez en las reglas fiscales para el pago de la deuda externa y el poco financiamiento a acciones frente al cambio climático plantean un panorama difícil para la sostenibilidad ambiental a largo plazo. Como país, nos enfrentamos a un escenario de creciente crisis y vulnerabilidad, por lo que es necesario plantear un equilibrio en el desarrollo económico y la protección ambiental que es crucial para asegurar un futuro resiliente y sostenible.
Proyecto “Deuda, crisis climática y extractivismo en países amazónicos”
El proyecto “Deuda, crisis climática y extractivismo en países amazónicos” es ejecutado por la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD), y tiene como fin visibilizar las problemáticas que afectan especialmente a cinco países de la Amazonía y plantear soluciones que contribuyan a un futuro sostenible para todas las personas.
Esta iniciativa es ejecutada en cinco países por las instituciones: Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático – PBFCC (Bolivia), Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático – MOCICC (Perú), Centro de Derechos Económicos y Sociales – CDES (Ecuador), Instituto Popular de Capacitación – IPC (Colombia) y Projekta (Surinam).
