Declaración de los Pueblos de la Tierra por la Amazonía – AMA, FOSPA, REPAM

Por: Allison Cadenillas

Somos los pueblos de la Amazonía, la mayor selva tropical del mundo, que regula el clima del planeta. Vivimos en los ríos, los bosques, los campos y las ciudades. Sufrimos la devastación, el asedio, el envenenamiento y la destrucción de nuestro territorio. Sabemos que los ataques contra la Amazonía son ataques contra el planeta y los pueblos del mundo. Por lo mismo, reunidos en asamblea, en la ciudad de Belém, exigimos a nuestros Gobiernos que proclamen el estado de emergencia climática en nuestra región, así como la adopción de las siguientes medidas:

Tomar todas las medidas necesarias para evitar el punto de no retorno para la Amazonía, protegiendo el 80 % de su territorio hasta 2025, a través de un plan que garantice a) el cese de toda deforestación ilegal hasta 2025; b) alcanzar la deforestación legal cero hasta 2027; c) derogar y abrogar las leyes y disposiciones legales que promueven la destrucción de la Amazonía; y d) rehabilitar, recuperar y restaurar las áreas deforestadas y degradadas.
Titular el 100 % de las reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas, afrodescendientes, quilombolas y comunidades tradicionales, garantizando la seguridad integral (jurídica y física) de la propiedad colectiva de los territorios indígenas, el respeto y la protección territorial de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, así como garantias de una perspectiva de género en la distribución y titulación de tierras.
Considerando que los costos ambientales y sociales de la prospección y exploración petrolera en la Amazonía son mayores que los beneficios económicos generados, es fundamental acelerar la transición energética, dejar de promover nuevas prospecciones y exploraciones petroleras en la Amazonía y promover un plan de transición energética justa, popular e inclusiva, con reparaciones para los pueblos y territorios afectados.
Expresamos nuestro total apoyo al SÍ en el referéndum de Ecuador para dejar bajo tierra el petróleo en la zona megadiversa del Yasuní. Con ello, enviamos un mensaje al mundo desde la Amazonía para enfrentar el cambio climático y el extractivismo y defender la vida. También apoyamos las demandas de organizaciones de Brasil y Guyana que han obtenido victorias contra la expansión de los hidrocarburos en sus costas.
Exigir a los Gobiernos de los países históricamente más causantes del cambio climático que cumplan su compromiso, asumido hace más de una década, de aportar 100 000 millones de dólares anuales a los países en desarrollo para la transición energética, que defendemos sea una transición socioecológica.
Exigir a los nueve Gobiernos de los países amazónicos que cumplan sus compromisos climáticos pendientes y aumenten sustancialmente sus contribuciones determinadas a nivel nacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, alineándose con los objetivos establecidos en este documento para la eliminación de la deforestación y la salida de la exploración petrolera.
Garantizar la participación efectiva de los pueblos de la Amazonía en toda la cadena productiva de energía, como parte de los procesos de planificación, gestión y gobernanza, para la construcción de una transición energética justa, popular e inclusiva.
Frenar la expansión de la frontera agropecuaria: a) sancionando a los responsables del desplazamiento y expropiación de tierras en la Amazonía; b) fortaleciendo alternativas de transición agroecológica, agroforestal y de producción comunitaria ecoturística; y c) asegurando que los productos amazónicos a ser exportados o consumidos nacional e internacionalmente no contribuyan a la deforestación, degradación y contaminación.
Las ciudades amazónicas deben ser construidas en armonía con la naturaleza y proporcionar una vida digna a sus habitantes. Por eso, necesitan ser planificadas democráticamente, garantizando a sus habitantes un ambiente sano y seguro, con regulación pública del suelo, vivienda adecuada, derecho al agua y al saneamiento básico, movilidad, seguridad alimentaria, justicia climática y ambiental.
Promover un plan de transición para salvar la Amazonía de la minería y la contaminación por mercurio que (a) reduzca anualmente el uso de mercurio y la minería ilegal hasta su total eliminación; (b) prohíba las actividades mineras en áreas protegidas y territorios indígenas, ancestrales y comunitarios; (c) realice evaluaciones integrales de impacto ambiental a mediano plazo de las actividades mineras legales, para fortalecer los planes de mitigación socioambiental y establecer los términos de su continuación y futuro cierre; e (d) implemente medidas efectivas para la remediación de la salud de las personas y la restauración de los ecosistemas afectados por el mercurio y la minería.
Garantizar la consulta para el consentimiento libre, previo, informado y de buena fe de los pueblos amazónicos, de acuerdo con los dictámenes internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, para proyectos y cadenas productivas con impacto significativo en la Amazonía.
Garantizar evaluaciones de impacto ambiental integrales y acumulativas, realizadas por entidades independientes de la Amazonía, para todas las actividades que afecten gravemente a la región.
Prohibir la construcción de represas hidroeléctricas y de cualquier proyecto de infraestructura que no respete los derechos de los pueblos y de la naturaleza.
Respetar las formas de autoidentificación, autorganización y autodeterminación de los pueblos y naciones indígenas, garantizando la autonomía y el autogobierno indígena a través de la implementación de normas que aseguren los derechos de los pueblos indígenas y amazónicos.
Garantizar y defender los cuerpos, territorios y autonomía de las mujeres y reivindicar el derecho a la vida digna de las mujeres indígenas, negras, quilombolas, andinas, campesinas y de la diversidad, respetando su cultura e identidad ancestral frente a la ofensiva del extractivismo neoliberal y patriarcal. Erradicar toda discriminación contra las mujeres en los establecimientos públicos y sancionar todo tipo de violencia, violencia sexual, feminicidio, violación de los derechos sexuales y reproductivos, que impacten en la vida y el cuerpo de las mujeres, las niñas, sus culturas y sus cosmovisiones.
Combatir el hambre y la desigualdad en la Amazonía, promover la reforma agraria popular y garantizar efectivamente los derechos a la salud y a la alimentación adecuada, así como alternativas económicas indígenas, comunitarias, sociales y solidarias en los territorios amazónicos, fortaleciendo los procesos de transición ecológica y de soberanía alimentaria, con acciones de emergencia en áreas ya impactadas por grandes empresas y actividades ilegales.
Garantizar que todas las personas tengan acceso a una educación orientada a la defensa de los derechos de los pueblos en sus territorios y de la naturaleza, fortaleciendo la educación bilingüe e intercultural.
Garantizar mecanismos efectivos de protección para los defensores de la Amazonía, de conformidad con los acuerdos internacionales y la legislación nacional.
Garantizar los derechos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas y tradicionales a través de la lucha contra la biopiratería y la apropiación de nuestros conocimientos y prácticas.
Limpiar la Amazonía del flagelo del narcotráfico, desmantelando sus laboratorios y operaciones comerciales y financieras y arrestando a los líderes de los carteles.
Promover una gestión de los sistemas acuáticos de la Amazonía que incluya: a) la creación de áreas acuáticas protegidas para conservar la salud de la cuenca amazónica; b) la protección efectiva de los humedales de la Amazonía; c) la prohibición del uso de agrotóxicos condenados internacionalmente; y d) el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza.
Que los Gobiernos del norte global y las entidades de financiamiento públicas y privadas dejen de subvencionar, otorgar cerditos e invertir en emprendimientos que destruyen la Amazonía y destinen esos recursos al bienestar de los pueblos indígenas y la naturaleza.
Incorporar el delito de ecocidio en la legislación de los países amazónicos y castigar efectivamente todos los delitos ambientales. Exigimos que las corporaciones y empresas responsables de desastres ambientales sean procesadas en sus países de origen y obligadas a reparar los daños a la naturaleza y a los pueblos amazónicos.
Promover un financiamiento para la Amazonia y asegurar que todas las conversiones de deuda para la acción climática y/o la conservación de la naturaleza sean: a) integrales, transparentes, directas y con la participación de los pueblos amazónicos, autodeterminados, autorganizados y autogestionados; c) que en los actuales mecanismos de financiación se garantice la participación, el control y la supervisión social, para evitar abusos, despilfarro y corrupción; y d) que no se mercantilice la naturaleza.
Establecer un impuesto al carbono emitido por las grandes industrias contaminantes y el agronegocio, para destinar esos recursos a salvar la Amazonia.
Tipificar e incorporar el crimen de ecocidio en la legislación de los países amazónicos y castigar efectivamente todos los crímenes ambientales.
Reconocer a la Amazonía como sujeto de derechos y garantizar su derecho a existir, a vivir libre de contaminación, a preservar sus ciclos vitales, a regenerarse y a restaurar oportuna y eficazmente sus sistemas de vida.
Promover la creación de una OTCA-SOCIAL para que haya una participación efectiva de los pueblos amazónicos en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y también para que las estrategias, planes y compromisos conduzcan al cumplimiento efectivo de los puntos anteriores.
Expresamos nuestra solidaridad con las luchas de los pueblos del Perú por sus derechos y contra todo tipo de autoritarismo y violencia.