Cada dos días muere un defensor indígena amazónico, y la violencia contra defensores territoriales y ambientales se ha incrementado durante la pandemia. Por ello, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA declaró en emergencia los derechos humanos de defensores y defensoras indígenas de la Amazonía.
Durante 2020, en plena pandemia, se registraron 202 asesinatos en países como Colombia, Brasil, Perú y Bolivia. Esta cifra es 67% mayor a la registrada en 2019, cuando 135 defensores ambientales y territoriales fueron asesinados. Además, durante el primer trimestre de 2021 se han cometido 16 asesinatos de defensores en Colombia y Perú.
“El dramático aumento de asesinatos en el marco de la pandemia, ha puesto en peligro a los defensores indígenas y sus comunidades, al tiempo que pone en riesgo la selva tropical más grande del mundo y la biodiversidad que protegemos”, señaló Gregorio Díaz Mirabal, Coordinador General de COICA al presentar el documento de Declaratoria de Emergencia: Sangre en la Selva, exigimos justicia.
En Perú, durante la pandemia han sido asesinados en la Amazonía, por defender sus territorios nueve defensores ambientales. Ellos son Gonzalo Pio Flores y Estela Casanto, en Junín; Lorenzo Wampagkit en Amazonas; Benjamin Rios, en Ucayali; Roberto Pacheco, en Madre de Dios; Arbildo Meléndez, Herasmo García, Yesner Ríos y Santiago Vega, en Huánuco.
DEMANDAS POR ACCIÓNES URGENTES
Las organizaciones demandas a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL; pronunciarse y actuar de acuerdo a sus competencias y formular recomendaciones a los Estados amazónicos, para prevenir y reparar las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas.
Asimismo, demandan al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas tratar esta declaratoria en su 20va sesión, que inició el 19 de abril, para diseñar y adoptar una recomendación general sobre las defensoras y defensores indígenas, incluyendo acciones de prevención y atención.
A los gobiernos exigen adoptar una política efectiva de protección de los derechos humanos de las defensoras y defensores indígenas de la Amazonía; y ratficar la implementación del Acuerdo de Escazú, que entra en vigencia el 22 de abril.
Finalmente, la COICA exige a los Estados garantizar el saneamiento territrial y fortalecer la gobernanza territorial indígena. Y realizar procesos efectivos de investigación para que las actividades ilegales que incrementan la violencia sean erradicadas.
«Es hora de dejar de invisibilizar los hechos de sangre y dolor en nuestros territorios amazónicos, que mantienen los asesinatos de nuestras hermanas y hermanos en la impunidad y pone en riesgo nuestra pervivencia como pueblos indígenas», concluyen las organizaciones indígenas.
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