Por Richard O’Diana Rocca
No importa qué tipo de institución seamos, la prioridad de todos nosotros debe ser establecer medidas adecuadas para reivindicar nuestro derecho a la salud para este contexto de pandemia sanitaria. El COVID-19 es nuestro principal rival y, lamentablemente el Poder Ejecutivo ha demostrado indefinición e inacción con respecto a esto. Lo que es peor, una brutal contradicción entre lo que el Presidente Martín Vizcarra puede decir y lo que sus operadores políticos, que son los Ministros, pueden proyectar.
Tenemos un Ejecutivo que entre la fase final del gabinete Zeballos y los breves veinte días del gabinete Cateriano ha priorizado otros temas por encima de la salud, poniendo casi toda la responsabilidad del cuidado de la salud en cada individuo (en un reciclaje del clásico “sálvese quien pueda”). Particularmente grave resulta el poco esfuerzo que le ha puesto el gobierno peruano al tema de la salud intercultural. Las medidas tomadas no han sido suficientes, como el decreto legislativo 1489 que establece acciones para la protección de los pueblos indígenas u originarios en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por el COVID-19. Esta norma no ha tenido un real impacto para los pueblos indígenas del Perú, ya que a la fecha tenemos casi 100 mil infectados y 2,500 muertos en la Amazonía peruana.
El Poder Ejecutivo ha priorizado la minería y los proyectos extractivos por sobre la salud de los peruanos y peruanas. Esto demuestra que el gobierno ha cedido a la presión de la CONFIEP y los grupos de poder económico para impulsar un plan de reactivación económica a su medida. El Ejecutivo del presidente Martín Vizcarra claudicó en su confrontación contra la pandemia, lo cual no solo queda como un grueso error de cálculo político, sino sobre todo conforma una violación a los tratados y obligaciones de derechos humanos a nivel internacional.
La minería y los proyectos extractivos no pueden aplicarse a toda costa, pero esto no es nuevo con el Presidente Vizcarra. Siguen ejemplos modernos como los decretos legislativos de Alan García 2.0 o el paquetazo ambiental ley 30230 de Ollanta Humala, Vizcarra una había instaurado una política de flexibilización ambiental en aras de reforzar supuestamente la inversión.
De esta forma, el Poder Ejecutivo ya había emitido sendos decretos de urgencia (en la época del interregno parlamentario) para flexibilizar estándares ambientales. Así, por ejemplo, en mayo emitió los decretos legislativos 1497 y 1500. El decreto legislativo 1497 establece, en sus disposiciones complementarias transitorias, una prórroga de un año a los títulos habilitantes derivados de los procedimientos administrativos vencidos durante la pandemia del COVID-19.
Pero lo realmente grave está en el decreto legislativo 1500, en el cual se disponen diversas medidas de flexibilización ambiental, entre las que encontramos: ampliación automática de vigencia de certificaciones ambientales y títulos habilitantes por un año, participación ciudadana virtual o electrónica, exoneración de trabajo de campo a la hora de presentar reportes o monitoreos, entre otras.
Este ímpetu con el que el ahora ex-premier Cateriano promovió la minería y la extracción vehemente, más otras causales discutibles ajenas al tema climático, promovieron que el gabinete no obtenga la confianza por parte del Poder Legislativo. Todo ello se agrava al considerar el tema de la ambición climática y las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC en adelante).
Mientras que en el discurso presidencial del 28 de julio el Presidente Vizcarra reconoció a las NDCs como un instrumentos clave para luchar contra el cambio climático, en su discurso del 03 de agosto en el Congreso de la República, el ahora ex-Premier Pedro Cateriano no hizo referencia alguna a dicho instrumento, soslayando una de las obligaciones ambientales más importantes que tiene el Perú actualmente. Este 2020, el Perú debe presentar unas NDCs más ambiciosas, lo cual parecía invisible para Cateriano.
Las omisiones continuaban, en específico con las ratificaciones de normas internacionales de vital importancia para el medio ambiente como el Acuerdo de Escazú. Este tratado busca proteger a los defensores ambientales y busca asegurar la participación ciudadana en temas ambientales. Mientras que el año pasado el propio Presidente Vizcarra enviaba informes al Congreso para lograr su ratificación; sin embargo, el discurso de hace unos días del ex-Premier Cateriano ni menciono a Escazú. Prueba más del divorcio que existía entre las posiciones del Presidente y las del ex-Premier.
Estas omisiones dejan claro que la posición real del ejecutivo del Presidente Vizcarra considera la política ambiental como una mera mención para la tribuna pero que no se sostiene en una política clara y contundente dentro del gabinete. Por el contrario, la apuesta sigue siendo el extractivismo contaminante y el uso de energías nada amigables con el cuidado del medio ambiente. Prueba de ello es que mientras se presentaba el gabinete ante el Parlamento, explotaban múltiples conflictos sociales como el de Espinar o la toma de lotes petroleros en Loreto.
Ante ello, queda demandarle al Presidente Vizcarra que tome medidas concretas con respecto a la salud y a la reactivación económica justa y con un enfoque ecológico que debe primar en los siguientes años. Para ello, bien haría el Presidente Vizcarra y el nuevo premier Walter Matos, en promover la reactivación económica sin dejar de lado el medio ambiente y a los pueblos indígenas u originarios, los cuales muchas veces viven en las mismas zonas donde políticos arcaicos quieren seguir imponiendo a fuego y sangre la extracción inconmensurable de recursos naturales.
