Hoy por la mañana se realizó un plantón en solidaridad con el pueblo awajún. Decenas de ciudadanos llegaron hasta el Palacio de Justicia para acompañar a una delegación de dirigentes indígenas, que exigieron se investigue y esclarezca el asesinato de Américo Entsakua Santiak, ciudadano awajún, cuyo cuerpo fue encontrado con signos de tortura, luego de participar en las protestas contra las amenazas territoriales en la provincia de Condorcanqui, Amazonas.
En conferencia de prensa, los líderes awajún indicaron que, pese a la muerte de Entsakua, no se obtuvo respuesta de parte de las autoridades de la provincia de Condorcanqui y de la región Amazonas para entablar un diálogo fluido. Las federaciones denunciaron además, que se habrían vulnerado sus derechos colectivos al territorio, a la vida, a un ambiente sano y equilibrado, a la identidad cultural, a la consulta previa y a la autodeterminación.
MUERTE, AMENAZAS Y PERSECUCIÓN
Las protestas iniciaron el 10 de febrero y se prolongaron durante casi una semana en la ciudad de Santa María de Nieva. Donde cientos de indígenas del pueblo awajún se reunieron frente a las oficinas de la Gerencia Subregional del Gobierno Regional de Amazonas denunciando el reconocimiento de dos comunidades presuntamente pro mineras y el incumplimiento de promesas electorales de parte del gobernador regional, Oscar Altamirano.
La noche del 13 de febrero fue encontrado el cuerpo de Américo Entsakua Santiak, miembro de la comunidad nativa de Punpushat, luego de haber participado en las protestas mencionadas. El joven fue encontrado por familiares y vecinos con signos de tortura.
Frevaldo Pape, teniente gobernador del sector Domingusa y tío de Américo Entsakua, llegó a Lima para exigir justicia. Según informó, el comunero asesinado deja cuatro hijos huérfanos todos menores de 11 años. “¿Quién se va a encargar de esos niños?, el reclamo que hacemos es para que haya justicia que tengan conciencia y que las autoridades agilicen las investigaciones”, expresó.
En las protestas además se registraron 19 heridos, asimismo, los representantes indígenas denunciaron haber sido amenazados en persona, a través de llamadas y por redes sociales por haber convocado a las manifestaciones en defensa del territorio y sus recursos naturales.
BIODIVERSIDAD EN PELIGRO CONSTANTE
Entre las exigencias de los líderes awajún se encuentra el pedido de garantías “personales, familiares y de los dirigentes que luchan por la defensa del territorio”, señaló Ortez Baitug, presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa – ODECOFROC; asimismo exigieron que se declaren improcedentes las solicitudes de reconocimiento de las comunidades y se instale una mesa de diálogo para resolver los problemas en la provincia.
El dirigente awajún hizo énfasis en la demanda de restitución del Parque Nacional Ichigkat Muja en la Cordillera del Cóndor. Esta área natural protegida se ubica en territorio del pueblo indígena awajún y ha sido catalogada como área de vulnerabilidad por ser foco de gran diversidad de fauna y flora.
Según recordó Baitug, en el año 2006 mediante proceso de consulta se acordó crear el Parque Ichigkat Muja con 152 mil hectáreas. Sin embargo, el Estado incumplió este acuerdo y a través del Decreto Supremo 023, recortó el Parque a 80 mil hectáreas, otorgando concesiones mineras en el área que quedó fuera.
En respuesta, la federación presentó dos demandas judiciales pidiendo la nulidad de concesiones mineras en la Cordillera del Condor, que se encuentra a cargo del Décimo Juzgado Constitucional de Lima; y una por el recorte del Parque Nacional Ichigkat Muja- Cordillera del Condor, que se encuentra en el 11° Juzgado Constitucional Sub- especializado. Sin embargo, según Rocío Meza del Instituto de Defensa Legal – IDL ambos procesos se encuentran pendientes de resolución. “Los procesos se prolongan y se sigue vulnerando el territorio ancestral del pueblo awajún”, explica la abogada.
AMENAZA CLIMÁTICA
Por su parte, José Flores, vicepresidente del Comité Provincial Pegke Shiig, indica que la minería no es el único problema en la provincia. A esta se suman otras actividades que afectan el territorio como los cultivos ilícitos y la tala ilegal. Según calcula el dirigente, a diario se extraerían hasta 20 mil pies de madera de las comunidades en la provincia, sin permisos ni control de parte de las autoridades estatales. «Hay un abandono total del Estado peruano», lamenta Flores.
Finalmente, los ciudadanos reunidos recordaron que el debilitamiento de la normativa ambiental, el impulso a las industrias extractivas en territorios indígenas y la vulneración de los derechos indígenas, son también amenazas para afrontar la crisis climática. Por ello, llamaron al Estado a tomar medidas urgentes para solucionar la problemática en la región Amazonas, a respetar los derechos colectivos del pueblo awajún y a atender la criminalización de defensores ambientales en Perú.
