En los próximos días la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República (CEM) discutirá el Proyecto de Ley sustitutorio del Poder Ejecutivo sobre la modificatoria de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Este documento presentado por el Ministerio de Energía y Minas está consolidado junto con los Ministerios de Economía y Finanzas, Ambiente y Cultura. Sin embargo, notamos que este documento presenta algunas coincidencias de forma y fondo con el dictamen del proyecto de ley N°2145/2017-PE de la CEM, que ya en 2018 fue ampliamente criticado y devuelto a la
comisión por el propio Pleno.
Este nuevo intento por impulsar la aprobación de la modificatoria de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, nos llama a alertar sobre los puntos que consideramos atentatorios contra derechos fundamentales a los pueblos indígenas que viven en los territorios que reciben o pueden recibir el impacto de la explotación de Hidrocarburos; asimismo, también pone en potencial riesgo al medio ambiente y genera serias contradicciones en materia de compromisos internacionales que el Estado tiene para mitigar los impactos negativos del cambio climático.
En ese sentido, rechazamos que el documento del Ejecutivo respalde lo que señala el Dictamen del Congreso en referencia a los plazos de duración y prórroga de los
contratos de explotación de Hidrocarburos. Mientras que actualmente el plazo de un contrato de explotación petrolera es de 30 años, el proyecto extiende la explotación de petróleo a 40 años. Además, se propone un nuevo artículo 22-A, en el cual se permite una ampliación del contrato por un plazo de hasta 20 años. Es decir que el proyecto propuesto extiende la probabilidad de la explotación del recurso natural hasta 60 años.
Asimismo, el Ejecutivo respalda, con su documento, la propuesta sobre la explotación de yacimientos no convencionales, para lo cual se utilizan mecanismos alternativos como el fracturamiento hidráulico o “fracking”, instrumento experimental de extracción de hidrocarburos para yacimientos no convencionales que utilizan diversos químicos para el rompimiento de la roca madre que alberga dichos hidrocarburos. Esta práctica ha sido prohibida en diversos países como Francia y Holanda y debería ser prohibida en el Perú. A estas coincidencias se suman las referidas a que tanto el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa puedan brindar medidas de seguridad al contratista en caso este lo requiera, dejando abierta la posibilidad para que la Policía Nacional y/o las Fuerzas Armadas se enfrenten con ciudadanos y ciudadanas en un escenario de conflicto social.
Resulta cuestionable que el documento del Ejecutivo no considere la participación ciudadana en esta materia, y que la propia discusión del documento no esté pasando por un proceso de debate y discusión dentro de la sociedad civil y sectores vinculados a la explotación de Hidrocarburos y el cuidado ambiental. No se ha respetado la transparencia que debe caracterizar a un proyecto de ley como este. También lamentamos la falta de coordinación del gobierno con las organizaciones indígenas. Al ser un proyecto de ley susceptible de afectar derechos colectivos de los pueblos indígenas, debería pasar por un proceso de consulta previa.
Finalmente, debe destacarse el doble rasero del gobierno en referencia a temas ambientales, ya que mientras que por un lado promulga la Ley Marco del Cambio Climático, y por el otro propone proyectos como este en detrimento de políticas de promoción de energías renovables.
En este marco, desde los espacios de la sociedad civil demandamos:
1. Que no se amplíen los plazos de concesión que atentan contra el derecho de toda una generación (hasta 60 años) sobre todo de pueblos indígenas a elegir y conducir su propio desarrollo.
2. Eliminar toda posibilidad de desarrollo en nuestro territorio de prácticas nocivas cono el Fracking, apelando al principio precautorio.
3. Incluir los procesos de consulta previa en las diferentes etapas de cualquier proyecto de Hidrocarburos.
4. Incluir la necesidad de ampliar la matriz energética
5. Recoger diversas opiniones técnicas en torno al desarrollo de la actividad de hidrocarburos en el Perú que amplíe la visión para contar con una Ley Orgánica de Hidrocarburos que conjugue desarrollo sostenible, respeto por los derechos fundamentales y el cuidado del medio ambiente.
6. Detener el debate de este documento en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República hasta agotar la discusión del mismo en espacios más amplios de participación y consulta de todos los sectores involucrados.
Mayo de 2019
