Soc. María E. Foronda Farro
Instituto NATURA/ Ex congresista de la república
En los procesos de consulta que tercamente promueve Perupetro para lograr la licencia social vía talleres informativos ha quedado demostrado la débil institucionalizad y flexibilización de normas, como el reglamento de participación ciudadana en hidrocarburos, para lograr la imposición de proyectos extractivos y concesiones para la exploración y explotación de petróleo en el mar, específicamente en el Lote Z-69 de Piura ampliando el área ipso facto.
El doce y trece de Julio se programaron los talleres en Piura ,de manera paralela en diez lugares diferentes en dos días para “dispersar a los pescadores”; no se entregó información previa ni estudios técnicos básicos negando a las comunidades el derecho de acceso a la información previa.
Esta falta de transparencia y prisa nos hace pensar que ya hay acuerdos tomados previamente bajo la mesa que requieren para consolidarse de “talleres informativos” Ello sin tomar en cuenta que la región Piura tiene 3,089 pasivos ambientales de petróleo (89% a nivel nacional) además de derrames de petróleo, contaminando el fondo marino, especies hidrobiológicas y ecosistemas marino costeros poniendo en riesgo la salud de sus habitantes, precarizando aún más la economía de los pescadores artesanales del norte del país.
Nada de esto tiene importancia para Perupetro pues las opiniones de los asistentes a los talleres no son vinculantes ni determinantes en la toma de decisiones, lo importante pareciera es solo cumplir con la formalidad para seguir adelante.
En esta oportunidad tuvieron un duro revés pues el 90% de los asistentes en Paita, la bocana de Vichayal, Talara (La Brea y Pariñas) , El Alto, Lobitos y Los Órganos fue unánime : ratificar su vocación pesquera y un rotundo rechazo a las concesiones de extracción y explotación de petróleo además de dos paros en Sechura y Yacila con bloqueos de carreteras donde no se realizaron los talleres y movilizaciones contundentes en Paita y Sechura.
Los procedimientos de Perupetro nos ratifica la necesidad de modificar su reglamento de participación ciudadana en hidrocarburos, definiendo mecanismos de acceso a la información que constituye un derecho legítimo previo a la toma de decisiones de cualquier proyecto de inversión en el mar y territorio y hacerlos efectivos a través de instituciones que vela por los derechos de los ciudadanos como la Defensoría del Pueblo , impugnando la validez de las consultas realizadas en Piura por ser ilegitimas
Lo que ha sucedido debe ser el parteaguas para de una vez por todas frenar actitudes antidemocráticas e irresponsables que pretenden al caballazo imponer las concesiones de extracción y exploración de petróleo ya que las opiniones de las comunidades costeras y pescadores artesanales no son determinantes en su “proceso participativo”.
No se trata de frenar inversión privada sino de poner reglas de juego claras que pasen por reconocer que no es compatible la exploración y explotación de petróleo en zonas de alta diversidad como la amazonia y zona marino costera, reconociendo los derechos preexistentes de quienes allí habitan y también deciden.
Esperamos salidas institucionales que eviten conflictos y afirmen el acceso a la información, participación ciudadana y justicia ambiental en un estado de derecho que no ceda a los lobby empresariales anteponiendo los derechos a los negociados tan oscuros como el petróleo.
