Por Richard O’Diana Rocca, MOCICC
Ley de hidrocarburos dará 60 años de concesión y propone que las fuerzas armadas protejan las zonas de extracción. Estamos ante un conflicto inminente.
La actividad hidrocarburífera es considerada por el sector empresarial, y un gran sector de la política nacional, como la actividad clave de la economía peruana. Por ello, es que desde el año pasado se está la nueva propuesta de ley de hidrocarburos, enmarcada en el proyecto de ley N° 2145/2017-PE de la Comisión de Energía y Minas (CEM). Luego de que el Pleno del Congreso haya devuelto el dictamen del proyecto de ley de hidrocarburos a la CEM, el Poder Ejecutivo ha enviado un nuevo proyecto sustitutorio a la CEM.
En este nuevo proyecto, consensuado entre el Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Economía y Presidencia de Consejo de Ministros, se presentan algunas coincidencias de forma y fondo con el anteriormente criticado dictamen en mayoría del CEM. Dichas coincidencias, lamentablemente, representan no solo un peligro para los derechos de los pueblos indígenas en cuyos territorios se explotan hidrocarburos, sino que también presentan un potencial daño al medio ambiente. Estas coincidencias son las siguientes:
-El Proyecto del Ejecutivo respalda lo que señala el Dictamen del Congreso en referencia a los plazos de duración y prórroga de los contratos de hidrocarburos. El artículo 22° del proyecto 2145 propone modificaciones a la duración de los contratos de exploración y explotación petroleros. Mientras que actualmente el plazo de un contrato de explotación petrolera es de 30 años, el proyecto extiende la explotación de petróleo de 30 a 40 años. Además, se propone un nuevo artículo 22-A, en el cual se permite una ampliación del contrato por un plazo de hasta 20 años. Es decir, mientras que, en la actualidad, un contrato de explotación otorga un plazo de 30 años, con el proyecto propuesto la explotación del recurso natural podría durar hasta 60 años.
En los últimos años se han registrado reiterados derrames de petróleo en la Amazonia/ foto: Barbara Fraser
-El Proyecto del Ejecutivo respalda el Dictamen del Congreso en lo referido al artículo 36° del proyecto 2145, el cual señala que el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior brindarán medidas de seguridad al contratista. Esta es otra muestra de trato desigual, ya que ambas entidades sostenidas por dinero público deberían salvaguardar la seguridad de todos los ciudadanos, en especial de las comunidades afectadas, y no solo de los inversionistas.
-El Proyecto del Ejecutivo respalda la propuesta del Dictamen del Congreso sobre la explotación de yacimientos no convencionales (artículo 45-A), los cuales son aquellos que presentan hidrocarburos impregnados en la roca madre. Para estos yacimientos no convencionales se utilizan mecanismos alternativos como el fracturamiento hidráulico o llamado “fracking”, instrumento experimental de extracción de hidrocarburos para yacimientos no convencionales que utilizan diversos químicos para el rompimiento de la roca madre que alberga dichos hidrocarburos. Es tanto el impacto de esta técnica del fracking que ya ha sido prohibido en diversos países como Francia u Holanda, y por el principio precautorio debería impedirse la proliferación del fracking en el Perú.
-El Proyecto del Ejecutivo respalda hasta cierto punto el artículo 87° del proyecto 2145 del Congreso, el cual señala que los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos deberán contener una cláusula de terminación por incumplimiento de normatividad ambiental. Pero mientras que el Dictamen del Congreso indicaba que el daño generado sea “real y muy grave a la vida y la salud de las personas”, el texto sustitutorio del Ejecutivo señala que se trata de una “infracción muy grave y haya generado un daño a la vida, a la salud de las personas o al ambiente, de conformidad con el marco jurídico vigente”.
Como vemos, este proyecto consolidado tiene muchas condiciones perjudiciales. Pedimos que los miembros de la Comisión de Energía y Minas, quienes tienen la decisión final mediten las consecuencias de este proyecto y decidan no aprobarlo, sobre todo por sus imprecisiones e ilegalidades. Es mejor evitar un conflicto a tener que resolverlo sobre la marcha, como la experiencia nacional ya lo demuestra.
