Declaración de organizaciones Latinoamericanas y Caribeñas en relación a la Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno en el contexto de la Carta Medioambiental Iberoamericana
Nosotras y nosotros, representantes de organizaciones populares latinoamericanas y del caribe de mujeres, de negras y negros, de campesinas y campesinos, de pueblos indígenas, ambientalistas, ecologistas, religiosas, de comunidades locales y de jóvenes, en el contexto de la Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno a celebrarse en Santo Domingo, República Dominicana, el 24 y 25 de marzo de 2023, queremos manifestar:
La cumbre iberoamericana llega en un momento en el que el mundo se estabiliza después de una pandemia; la disputa hegemónica imperial se ha profundizado favoreciendo una guerra en Ucrania y amenazas de violencia extrema, que generan una crisis energética y alimentaria sin precedentes.
Millones de especies están desapareciendo; crece la cantidad de personas desplazadas por los extremos climáticos; nuestra propia extinción está a la vuelta de la esquina. El planeta se incendia, se inunda, se reseca, y todos los seres vivos nos enfrentamos a condiciones incompatibles con la vida. En este escenario, vemos con estupor que los países del norte global, principales emisores de gases de efecto invernadero, no muestran voluntad de cambio ni compromiso real con el freno necesario a este modelo económico que nos ha llevado a esta crisis climática.
El Grupo intergubernamental de expertos sobre Cambio Climático (IPCC), una vez más, ha expresado que las puertas de oportunidad se están cerrando, y que nos queda poco tiempo para limitar la temperatura del planeta. Es urgente implementar cambios en el sistema económico global, consumista, capitalista, patriarcal, racista y extractivista que está destruyendo los territorios, poniendo en riesgo el bienestar y futuro de todos los seres vivos
Los gobiernos siguen amparando la acción de empresas que buscan el lucro a cualquier costo. Profundizan la extracción, el saqueo, el colonialismo, el racismo, la violencia sobre los cuerpos, la sobreexplotación del trabajo; y prometen soluciones falsas, que en realidad aceleran la mercantilización de la vida:
No es cierto que eso que llaman agricultura inteligente vaya a salvarnos del hambre. Lo que hace es envenenar nuestros suelos y aguas, deforestar los bosques, despojar a las comunidades rurales de sus territorios, empobrecer y enfermar. Necesitamos alimentos sanos, y no materia prima industrializable para fabricar comida que enferma o biocombustibles.
No es cierto que la megaminería pueda ser responsable en sus actividades de extracción; envenena el agua y violenta los territorios; necesitamos fuentes de agua limpia, no más oro. Es mentira que las plantaciones de árboles sean una solución a las deforestaciones; las plantaciones no cumplen las funciones ecológicas de los bosques.
La historia de las negociaciones realizadas por instancias de gobiernos y organismos multilaterales está marcada por el fracaso y la hipocresía; han escrito gran cantidad de acuerdos con un impacto casi nulo en la realidad. Los gobiernos siguen sin tener voluntad política para poder atender con responsabilidad la urgencia climática.
Denunciamos la mala orientación de los financiamientos del Fondo Verde que sostienen a las empresas y al modelo dominante; denunciamos el endeudamiento de los países periféricos, porque las deudas que nos obligan a contraer no serían necesarias si los pueblos contásemos soberanamente con nuestras riquezas. Denunciamos el robo de bienes, inteligencias, conocimientos y culturas.
Denunciamos la criminalización y el asesinato de líderes sociales y ambientales en todo el continente. Denunciamos el acaparamiento de tierras, la creación de zonas francas, los subsidios evidentes o encubiertos hacia las empresas. Y denunciamos la utilización de un lenguaje que plantea el problema desde la perspectiva de los dueños del Capital.
En este escenario demandamos:
- Responsabilidades comunes pero diferenciadas; los países desarrollados son los mayores responsables de esta crisis. Basta de cargar la responsabilidad de emisiones a los países en desarrollo que son los más afectados y vulnerables al cambio climático.
- Para limitar los incrementos en la temperatura del planeta, los países industrializados deben hacer esfuerzos reales de reducir sus emisiones en un 45% antes del 2030, según recomendaciones del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), y no deben seguir promoviendo las energías sucias (petróleo, gas, nuclear, carbón). Es urgente fomentar la transición energética, basada en las energías renovables, para eliminar la dependencia a los combustibles fósiles.
- Rechazamos la aplicación de soluciones falsas en el uso de tecnologías para captura del carbono dentro del esquema del Cero Neto, que busca evitar que los países desarrollados evadan sus compromisos reales de reducción de emisiones.
- Demandamos operativizar los recursos prometidos desde la COP15 (Copenhague) en 2009; los 100 mil millones de dólares para que los países vulnerables puedan implementar sus planes climáticos, y seguir aumentando esta cifra en los próximos años.
- Hacemos un llamado a los países iberoamericanos, en cuanto a que la persona que liderará la agenda climática para la COP 28 está ligada a las corporaciones de combustibles fósiles. Esto constituye un claro conflicto de intereses, inaceptable dada la gravedad de la crisis global.
- Demandamos medidas reales que frenen el avance de todas las formas de producción que destruyen el ambiente. Especialmente a frenar la deforestación, los monocultivos de soja, maíz, arroz, palma aceitera, eucaliptos, y la producción no sostenible de carne.
- Demandamos una agenda por la justicia climática orientada hacia un cambio del actual sistema y a la vigencia de los derechos humanos.
- Llamamos a los gobiernos a no continuar con la compulsiva firma y ampliación de tratados comerciales neocoloniales que favorecen el extractivismo, la vulneración de derechos humanos y la pérdida de soberanía en los territorios de América Latina y el Caribe.