La COP25 ha resultado en el más absoluto fracaso. La Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) no ha logrado los acuerdos y avances necesarios para poder contrarrestar los ya latentes efectos del cambio climático. El escaso o casi nulo avance sobre el aumento de ambición climática y los mercados de carbonos (instrumentos que permitirían a los Estados combatir mejor el fenómeno del cambio climático) es el estandarte de la COP más larga y más triste de los últimos años.
Una primera crítica es la forma en la que se llevó a cabo esta COP25. Supuestamente iba a ser llevada a cabo en Latinoamérica, más precisamente en Santiago de Chile (luego de que Brasil renunciara a organizar la COP25). Pero las protestas ocurridos en el vecino país sureño, motivadas por la privatización de servicios sociales, la creciente desigualdad social y la represión del gobierno de Sebastián Piñera, ocasionaron que esta COP vaya a Madrid, España. Resultó hasta chocante observar cómo el pabellón verde estaba infestado de las principales empresas energéticas del país Ibérico: Acciona, Endesa, Iberdrola, entre otros, arrinconando a tan solo un espacio chico a los representantes de los pueblos indígenas y la sociedad civil. La distancia geográfica también significó que muchos líderes y lideresas no pudieran llegar a Madrid o llegasen tarde. Fue todo menos una COP latina.
Pero es en los problemas de fondo donde esta COP25 ha chocado contra el muro del fracaso. Uno de los grandes objetivos de esta COP25 era detallar la aplicabilidad del artículo 6 del Acuerdo de París, relacionado a los mercados de carbono. La lógica de este mecanismo es que los Estados que contaminan más puedan comprar bonos de carbono de otros países (generalmente con menos recursos económicos) y/o empresas y así compensar sus emisiones. Igual situación pasa cuando estos países grandes compran las emisiones que emiten sus empresas en países extranjeros. Lo que se busca es evitar el fenómeno llamado doble contabilidad, por el cual asumen esta reducción de carbono tanto los países que comprar el carbono como los que lo venden.
El fracaso de esta COP radica en que no se ha podido regular este punto, pero que además no se ha podido insertar la variable de derechos humanos en este artículo 6°. Si ya este artículo ofrece una perspectiva de mercado a la lucha frente al cambio climático, mediante la cual los países con más dinero pueden “expiar” su contaminación mediante la compra de carbono, lo mínimo que puede exigírseles a estos Estados parte es que incorporen un enfoque de derechos humanos, tanto para ellos como para las empresas de su nacionalidad que tienen proyectos en todas partes del mundo. Asimismo, se hubiera esperado que se integra la perspectiva intercultural y prácticas ancestrales de los pueblos indígenas y originarios.
Otro de los grandes retrocesos es el referido a la ambición climática, la cual se refiere a las contribuciones que hacen los Estados parte para reducir sus gases de efecto invernadero (conocidos por sus siglas NDC). Ya lo ha señalado la ciencia: las cifras de ambición climática interpuestas por los Estados parte deben aumentar para lograr el objetivo del Acuerdo de París que la temperatura no aumente en 1.5 C°.
En ese sentido, se esperaba que esta COP25 sea contundente con los Estados parte, ordenando que estos aumenten su ambición de manera considerable o que al menos realice precisiones sobre la variable del tiempo con respecto a las NDCs. De esta forma, el año 2020 tendría que ser el año en el que los Estados parte aumenten su ambición, pero no se ha estipulado en qué trimestre del 2020, y además se ha perdido la oportunidad para confeccionar el periodo de tiempo común (common timeframe), que es el mecanismo para que los Estados vean evaluados sus NDCs y los avances de los mismos. Sin estas precisiones en el tiempo, las NDCs podrían convertirse en herramientas fantasmas e inservibles frente al cambio climático.
Por todo ello, creemos que esta COP25 no ha funcionado en casi ningún aspecto, y que los Estados y las organizaciones internacionales deben de una vez por todas tomar medidas concretas mucho antes de esperar f la siguiente edición en Glasgow (Escocia) en diciembre de 2020, para la COP26 que además podría ser la COP definitiva. Si los Estados no toman medidas concretas, entonces estarían consolidando la violación al derecho fundamental al medio ambiente adecuado de todos nosotros. No respetar las obligaciones que tienen para lograr el objetivo del Acuerdo de París convierte a los Estados parte en violadores de derechos humanos. Si no quieren eso, deben tomar acción ya.
