Al menos 28 defensores y defensoras de derechos humanos, indígenas y ambientales perdieron la vida durante el 2018 en América Latina, informó Cultural Survival en un reciente artículo. Perú ingresó en la relación de 8 países donde se cometieron estos crímenes con el caso de Cristian Javá Ríos.
Javá Ríos, joven indígena urarina y defensor del territorio amazónico, fue asesinado el 17 de abril de 2019 en una emboscada organizada por invasores, en su comunidad La Petrolera, en Loreto. Los acusados de asesinar a Java Rios fueron denunciados a las autoridades, sin embargo no se han llevado mayores investigaciones, señala el artículo.
Según informó en su momento la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pedro de Tipishca – ACODECOSPAT, el joven perdió la vida en un intento de la comunidad por desalojar a invasores que habían ocupado parte del territorio comunal ilegalmente. Los invasores se habían instalado desde hacía un tiempo e impedían las labores de remediación ambiental y vigilancia. Asimismo indicaron que se había denunciado la situación ante las autoridades sin obtener respuesta.
Cultural Survival, menciona en su artículo otros 27 casos de defensores que perdieron la vida en Costa Rica, El Salvador, Brasil, Honduras, Guatemala, México y Colombia; estos dos últimos con una presencia mayor de violencia contra los activistas y defensores indígenas, ambientales y de derechos humanos.
CRIMINALIZACIÓN DE DEFENSORES
Según Vicky Tauli-Corpuz, relatora especial de Naciones Unidas para los derechos de los pueblos indígenas, se han incrementado los ataques contra los defensores en los últimos años, lo que califica de «crisis global», con persistente impunidad.
Por su parte, Michel Forst, relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, invocó al Presidente Martín Vizcarra a «adoptar un mecanismo multisectorial para la protección de las personas defensoras, cuya adopción está actualmente prevista en el Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos para 2021».
A través de su Declaración de Fin de Misión, reveló que se conmovió por los casos de líderes indígenas, de comunidades locales y campesinos que sufren amenazas, hostigamiento, intimidación, criminalización y ataques físicos.
«Las personas defensoras que trabajan en el acceso a la tierra, los recursos naturales y las cuestiones ambientales, y los que hacen campaña contra los desalojos ilegales o forzosos en el contexto de los megaproyectos, corren un riesgo especial», señaló e instó a elevar el rango normativo para asegurar el respeto de los principios de derechos humanos que consagra.
