Líderes indígenas de la Amazonía presentaron casos de criminalización de sus derechos ante el relator de Naciones Unidas. Michel Forst. En una reunión realizada en Lima, dirigentes de comunidades explicaron cómo están siendo vulnerados sus derechos, como consecuencia de actividades extractivas y presiones sobre el territorio.
José Fachín, asesor indígena de comunidades dentro del lote 192. explicó cómo desde la construcción del Oleoducto Nor Peruano se ha visto afectada la vida de los pueblos del nororiente peruano. “La propia actividad petrolera es violencia contra los pueblos indígenas. Se ha diezmado a las poblaciones con enfermedades y contaminación. Es una violencia sistemática desde el Estado”, señaló.
Fachín Ruiz además expresó preocupación por los acuerdos realizados por la estatal Petroperú con el ejército y sobre la persecución y caso constante del Estado a los dirigentes que reclaman las afectaciones al territorio.
En el mismo sentido, Eusebio Cuñachi denunció las afectaciones a la salud de niños y jóvenes en la comunidad de Chiriaco, afectada por un derrame en febrero de 2016. Y la nula respuesta del Estado para paliar los efectos de la exposición al petróleo en su vida diaria y por recoger crudo sin implementos de seguridad.
Puede ver más del caso Chiriaco en este documental realizado por el CAAAP.
LUCHAS TERRITORIALES Y TERRUQUEO
Elias Sinti, líder el pueblo indígena kichwa de San Martín, expuso los casos de persecución de las comunidades indígenas del bajo Huallaga en San Martín. En esta zona las comunidades enfrentan amenazas de empresas de monocultivo, tráfico de tierras y narcotráfico.
Sinti Panduro explicó que frente a esta situación, las comunidades kichwa exigen la titulación integral del territorio, pues actualmente reciben el área forestal en cesión en uso, lo que afecta sus derechos establecidos en convenios internacionales. “Se ha dado el otorgamiento de la tierra a particulares que privatizan el agua y los caminos. Nosotros salimos a protestar y nos acusan de ser terroristas por defender el bosque y la tierra”, lamentó.
Finalmente, Santos Saavedra, presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P), expuso la constante persecución que los ronderos sufren de parte del Estado. «Hay una criminalización constante a las rondas campesinas por cumplir roles jurisdiccionales; somos agredidos por defender el territorio frente a actividades extractivas», señaló el dirigente.
Saavedra Vásquez señaló que el acoso viene también de parte de las empresas, que «destruyen la cultura y sistemas internos de los pueblos” y llegan hasta “asesinar selectivamente a dirigentes” por oponerse a sus actividades en los territorios.
DEFENSORES Y ALIADOS
Esta fue una de varias reuniones que tuviera Michel Forst en su visita a Perú, donde se reunió con organizaciones indígenas nacionales, del sur del Perú, y defensores de los derechos humanos perseguidos en las regiones de Piura, Madre de Dios, Cuzco y Ucayali.
Al finalizar esta sesión, el relator anunció que presentará recomendaciones al Estado para mejorar la protección de sus defensores. En la reunión, expusieron también instituciones que han sido afectados y perseguidos por apoyar las luchas territoriales indígenas.
