El presente documento presenta un panorama sobre el estado de la cuenca amazónica, frente a la exploración y explotación de hidrocarburos (gas y petróleo) y es parte de la propuesta que diversas organizaciones de sociedad civil han venido impulsando, en consonancia con el movimiento global, para promover zonas de exclusión petrolera, y en última instancia dejar los combustibles fósiles bajo tierra. Este documento tiene como propósito ser insumo en las discusiones que se darán en la PreCumbre y Cumbre Amazónica que espera una declaración política por parte de los estados de los 8 países que comparten dicho Bioma.
ESTADO DE SITUACIÓN
A nivel global, la causa principal de la crisis climática es la dependencia de los combustibles fósiles, que son responsables de aproximadamente el 86 % de las emisiones de gases de efecto invernadero – GEI. En el año 2020 los combustibles fósiles representaron aproximadamente el 80 % de la producción de energía en todo el planeta. Situación que se ha mantenido sistemáticamente alta en las últimas décadas, contraria a la ruta que la crisis climática exige.
Los Gobiernos del mundo planean producir más del doble de la cantidad de combustibles fósiles al año 2030, en comparación con lo que se debería para evitar la variación de la temperatura en 1.5 °C o 2 °C, contradiciendo su compromiso en el Acuerdo de París. Lo que contradice las recomendaciones de disminución de GEI realizadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático – IPCC para dejar la explotación de combustibles fósiles y fomentar la transición energética.
En un escenario de crisis climática, la Amazonía es un territorio clave por su capacidad de almacenar carbono bajo tierra, así como por la diversidad biológica y cultural que alberga y por las respuestas a la crisis climática que desde los pueblos que la habitan han surgido. Sin embargo, se encuentra amenazada por la presencia de actividades extractivas de carácter ilegal como legal, promovidas por los Estados, dando cuenta de una visión de desarrollo basado en la extracción de la naturaleza, en que los territorios son considerados como mera despensa, es decir; una mercancía que se negocia. La extracción ilimitada de bienes y servicios de la Amazonia ha llegado, incluso a un punto que los científicos temen no permita el restablecimiento del ecosistema, es decir al punto de no retorno en el que la Amazonía perdería su rol de regulador climático y soporte de vida.
Mapa Petróleo en Amazonía: RAISG 2020
La Amazonía es un territorio donde la explotación de combustibles fósiles y las actividades relacionadas (legales e ilegales), han dejado graves impactos a nivel ambiental, social y cultural; generando pasivos ambientales -en algunos casos irremediables- e incrementado la pérdida de biodiversidad y la degradación y deforestación de los bosques.. Asimismo, la explotación petrolera ha afectado y vulnerado de manera sistemática los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales que habitan en la Amazonía, afectando también los sistemas y medios de vida regionales. Ello, a pesar del aporte y contribuciones de los pueblos indígenas a la preservación de los bosques tropicales, aspecto ampliamente reconocido a nivel mundial, y el cúmulo de saberes en torno a alternativas para hacer frente a la crisis climática y la pérdida de la biodiversidad.
Durante los últimos años los episodios de persecución, criminalización e incluso asesinato de líderes y lideresas defensores de sus territorios y sus bienes globales comunes ha ido incrementándose a nivel regional, siendo los países Amazónicos los más peligrosos para los defensores a nivel mundial. , En los territorios donde se ha impuesto la industria petrolera se ha evidenciado afectaciones a los derechos básicos a la salud, a la educación, a un ambiente sano, a la paz, a la soberanía alimentaria, afectando, además, los derechos colectivos de los pueblos indígenas mientras se ignoran convenios internacional que salvaguardan su territorio y derechos. (derechos al territorio, autodeterminación y autonomía, desarrollo cultural, identidad, participación y consulta – y consentimiento- previos).
En el contexto anterior, de crisis ecológica y social, los Estados continúan impulsando la actividad petrolera en el bioma amazónico. Así, entre 2012 y 2020 la región amazónica incrementó en un 13% los lotes de crudo, llegando a ocupar un 9,4% de la superficie amazónica, especialmente en Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador en 2020. En algunos casos un gran porcentaje de la Amazonía de cada país se encuentra superpuesto por lotes petroleros siendo Ecuador el país con mayor parte de la Amazonía superpuesta (51.5%), seguido por Perú (30.9%), Bolivia (28.8%), Colombia (27.3%), y con menor superposición amazónica Venezuela (2.7%) y Brasil (1.4%).
DIAGNÓSTICO POR PAÍS
Perú:
La Amazonía en Perú constituye el 60% del territorio nacional. Un 30% del territorio amazónico cuenta con superposición de lotes, la industria de los combustibles fósiles ha dejado más de 3000 pasivos ambientales; además de los constantes derrames de petróleo -sólo entre 1997 y 2021 han ocurrido 566 en la Amazonía peruana-, más del 70 % con responsabilidad directa de las empresas operadoras de los lotes.
Los pueblos indígenas se han organizado a nivel local, regional, nacional e internacional para visibilizar sus demandas, realizar incidencia y conseguir respuestas. Las estrategias han sido a distintos niveles, como acciones de control territorial (paros, manifestaciones, bloqueo de vías, toma de estaciones y lotes); diálogo y participación en espacios con el Estado y empresas, resultado en muchas ocasiones de las acciones de control territorial; incidencia directa en espacios políticos nacionales e internacionales, presentando propuestas normativas, análisis técnicos, entre otros; y a través del litigio nacional e internacional, en temas como compensaciones por afectaciones tras derrames, aseguramiento de derechos (salud, consulta previa), y exigiendo la anulación de lotes.
Las demandas comunes identificadas se relacionan con: 1) Ambiente y territorio: remediación, limpieza y restauración de territorios impactados; acciones preventivas necesarias como la adecuación de ductos y planes de gestión ambiental que permitan la acción de respuesta rápida; de otro lado, la titulación territorial y el aseguramiento de derechos a nivel comunal y/o integral (con sus distintas formas de entender lo integral según pueblo indígena); 2) Garantía de derechos individuales y colectivos, que deben ser considerados en políticas públicas, planes de atención, infraestructura y garantía de atención; 3) Participación y decisión, vinculados a procesos de consulta previa (y consentimiento), espacios de participación en el contrato con las empresas (monitoreo y vigilancia) y en espacios con el Estado para temas de remediación; 4) Adecuación normativa y cumplimiento de acuerdos; 5) Economía, vinculada a la dependencia laboral y de atención de necesidades básicas, aprovechamiento de fondos del canon, demandas por compensación económica por afectaciones directas, alternativas económicas locales y respeto a la economía indígena; y 6) Anulación de lotes petroleros, anulación de contratos y prohibición de nuevos lotes en la amazonía; esta demanda se extiende no sólo a las autoridades estatales del Perú, sino a todas las petroleras, sus paises de origen y las entidades que las financian. Estos reclamos se vinculan directamente al derecho a la autodeterminación de las nacionalidades indígenas.
Desde la promulgación de la Ley de Consulta Previa en 2012, el Estado ha realizado 12 procesos de consulta sobre hidrocarburos a comunidades indígenas amazónicas. Siendo el acta de consulta del lote 192 un hito importante ya que incluye acuerdos de remediación, participación y monitoreo indígena, así como la garantía en salud y educación. Además, en respuesta a varias acciones de control territorial en la zona nororiental de la Amazonía peruana, se ha realizado un Plan de cierre de brechas, que está enfocado en atender la deuda histórica en educación, salud, infraestructura y servicios básicos en las zonas impactadas por la explotación petrolera de la región Loreto.
Actualmente, Perú cuenta con 13 lotes de hidrocarburos operativos o con contrato: 12 en explotación y uno en exploración. En los últimos años, sin embargo, el fomento a la exploración y explotación petrolera en la Amazonía se ha recrudecido. No solo con intentos de modificar la Ley Orgánica de Hidrocarburos para extender de 30 a 40 años los contratos de los lotes petroleros; sino también con un nuevo fomento a la inversión a través de ofertas de nuevas áreas que lotizan las regiones amazónicas, amenazando los bosques primarios. Así, Perupetro, entidad estatal a cargo de las licitaciones en hidrocarburos, ha iniciado la promoción internacional de 31 áreas con potencial de hidrocarburos; 25 de estas en territorio amazónico, afectando a 435 comunidades indígenas y dos reservas para pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIACI). Todo ello sin iniciar los procesos de remediación y restauración de territorios afectados.
Brasil:
En Brasil, la Amazonia Legal alberga 59% del territorio del país y la mayor reserva probada de petróleo y gas en tierra, denominada Provincia Petrolífera de Urucu. Según estimaciones de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles, esta reserva corresponde aproximadamente a 7,5 millones de m3 de petróleo y 42.800 millones de m3 de gas natural, lo que representa alrededor del 10% de las reservas nacionales. Los recursos petrolíferos de la Amazonia se concentran principalmente en las cuencas sedimentarias del Amazonas, Solimões y Parnaíba. Por otro lado, en la parte offshore del bioma amazónico, se encuentran las cuencas de Foz do Amazonas, Pará-Maranhão y Barreirinhas, donde se especula sobre la posible existencia de reservas próximas al nivel del presal.
En comparación con otros países como Perú y Ecuador, la prospección de petróleo y gas en la parte brasileña de la Amazonia es pequeña. Sin embargo, existe una creciente presión de la iniciativa privada y pública para cambiar este escenario. La expansión de la exploración en tierra está liderada por la mayor empresa privada de gas de Brasil (Eneva) con el apoyo de los gobiernos estatales. La exploración offshore, por su parte, tiene como principal interesado a Petrobras, que también cuenta con el apoyo de los gobiernos estatales y de un gobierno federal dividido.
Durante la última semana (del 15 al 19 de mayo de 2023) hemos tenido dos noticias importantes sobre la exploración de fósiles en la Amazonia brasileña. El Ibama (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables) denegó a Petrobras la licencia para perforar en alta mar el bloque 59, en la desembocadura del Amazonas, en lo que es en estos momentos el tema más candente en el área medioambiental del Gobierno de Lula. La Justicia Federal suspendió la licencia de explotación de gas de Eneva y canceló dos audiencias públicas que iban a permitir el debate para evaluar los impactos de las centrales termoeléctricas, los gasoductos y los nuevos campos de exploración. En ambos casos, elementos como la alta sensibilidad ambiental de la región, los impactos sociales y ambientales y la falta de consulta a los pueblos indígenas y comunidades tradicionales contribuyeron a la denegación y las suspensiones.
En este momento, en el sitio web de la Agencia Nacional de Petróleo y Gas (ANP), hay cientos de bloques offshore y onshore en la Amazonia disponibles para recibir ofertas de compañías petroleras y cientos más aún en fase de estudio. Existe la posibilidad de que a finales de este año se celebre una subasta de petróleo y gas en Brasil. Sin embargo, las empresas están pendientes de lo que va a ocurrir con estas áreas offshore y onshore que están sufriendo una gran resistencia antes de hacer ofertas por nuevos lotes. Por lo tanto, es el momento adecuado para aumentar la presión y tratar de establecer una zona de exclusión para nuevos proyectos fósiles en la Amazonia. Sobre todo con el papel de protección ambiental que el nuevo gobierno de Lula busca desempeñar en el escenario mundial y sumado a importantes reuniones internacionales como la Cumbre Amazónica en agosto de 2023 y una posible COP Amazónica a finales de 2025.
Colombia:
La Amazonia colombiana corresponde al 6.8% de la Amazonía regional, y cubre el 23,3% del total del territorio colombiano (incluido lo marino); y representa el 42,3% de la parte continental. Esta zona de alta riqueza cultural y lingüística, está habitada por 62 de los 85 pueblos indígenas identificados en el país. También cuenta con una importante población colona-campesina que cuenta con una estrecha relación con el territorio, y sus recursos para su sustento social, económico y cultural.
La proyección petrolera en la Amazonía colombiana, está especialmente concentrada en la zona de piedemonte y la frontera con los Llanos Orientales al norte de la región, localizadas en los departamentos de Caquetá y Putumayo, principalmente en los municipios de Villa Garzón, Puerto Asís, Mocoa y Orito. Las áreas en exploración han venido en aumento y, según el informe de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP, 2019), la evolución de la perforación exploratoria también ha aumentado con algunos descubrimientos, en el Putumayo.
Actualmente, se están implementando 52 contratos o bloques de hidrocarburos operados por 10 empresas extranjeras, de los cuales 39 están en exploración, 12 en producción y 1 en evaluación técnica según informa de ANH al 2021 . Algunos de estos proyectos se traslapan con territorios indígenas.
Desde el 2020 se han ofertado 5 proyectos nuevos en la Amazonía, 2 en el Caquetá y 3 en el Putumayo, en contravía de la declaratoria de la selva amazónica como sumidero de carbono y de los compromisos nacionales en contra de la deforestación. Al 2021, existen un total de 52 bloques de hidrocarburos en la amazonía colombiana: 38 en el Putumayo, 14 en el Caquetá, 1 en Guainía y 1 en el Guaviare. En total, el 27,2% de la región amazónica está relacionada con hidrocarburos.
Ecuador:
Ecuador, aunque cuenta solo con el 2% del bioma amazónico, tiene algunos de sus niveles más altos de biodiversidad. El Parque Nacional Yasuní, Reserva de la Biosfera de la UNESCO, es ampliamente considerado como uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta y es el hogar de pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario. También es el hogar ancestral y territorio titulado de once nacionalidades indígenas.
Sin embargo, Ecuador es también el mayor productor de petróleo crudo procedente de la Amazonía. Más de la mitad de la Amazonía ecuatoriana está dividida en concesiones petroleras. La región continúa lidiando con los efectos de más de 50 años de extracción de petróleo que ha dejado un legado de contaminación, violaciones de derechos y crisis de salud que continúan hasta hoy. Chevron, declarada responsable de $9.500 millones en daños ambientales por tres décadas de prácticas de perforación y descarga que utilizaron tecnología barata y anticuada, se ha negado a remediar o compensar a las comunidades locales afectadas.
Las compañías petroleras y las agencias gubernamentales recibieron 18 meses en septiembre de 2021 por parte de un tribunal provincial para eliminar aproximadamente 447 mecheros de gas asociadas con la producción de petróleo, debido a un aumento en las tasas de cáncer y por preocupaciones climáticas. Actualmente existen 475 mecheros en la Amazonía ecuatoriana. Asimismo, ocurren dos derrames de petróleo por semana en promedio. Los dos oleoductos trans ecuatorianos del país que transportan aproximadamente 500.000 bpd (barriles por día) de crudo desde la Amazonía hasta los Andes y la costa del Pacífico para su exportación han sufrido algunos de los peores derrames en décadas, arrojando colectivamente más de 20.000 barriles de crudo en el río Coca, afluente del Amazonas.
A pesar del historial de la industria y la falta de responsabilidad de las agencias gubernamentales, el presidente Guillermo Lasso ha buscado duplicar la producción de 500,000 bpd a 1 millón de bpd a partir de una nueva expansión, y abrir más de 12 millones de acres de bosque primario en su mayoría sin caminos y dentro de territorios indígenas a nuevas exploraciones. Un levantamiento indígena de junio de 2022 condujo a una moratoria sobre nuevas concesiones petroleras durante un año o hasta que se adoptara la ley sobre Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). Pero Lasso disolvió recientemente el congreso y gobernará por decreto ejecutivo hasta nuevas elecciones que se llevarán a cabo el 20 de agosto de 2023, dejando incertidumbre sobre el estado de la moratoria temporal y el avance de cualquier ley sobre CLPI.
En la papeleta de votación habrá una pregunta de referéndum sin precedentes que podría dejar uno de los campos de petróleo más grandes del país bajo tierra de forma permanente; se trata Los campos ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini) que tienen una capacidad estimada de más de mil millones de barriles de crudo y se encuentran debajo del Parque Nacional Yasuní. Desde 2017, se han perforado cerca de 200 pozos que han producido un estimado de 122,4 millones de barriles de crudo hasta la fecha. Y después de ocho años de litigio se les preguntará a los votantes si están de acuerdo con que el gobierno mantenga el petróleo del ITT permanentemente bajo tierra. De aprobarse, no se construirán nuevos pozos ni se firmarán nuevos contratos, y el gobierno tendría un año para cerrar progresivamente los pozos y eliminar toda la infraestructura petrolera existente.
Bolivia:
El territorio amazónico boliviano se constituye en un espacio de manifestación y expansión de las lógicas extractivistas, profundizando las garras del poder corporativo público y privado, que capturan el territorio amazónico. En los últimos años, se han promulgado normas y procedimientos, que en contra de la Constitución Polìtica del Estado, han viabilizado la construcción de megaproyectos, permitiendo la exploración y explotación de hidrocarburos y minerales en la zona amazónica, estas actividades contaminan la tierra y las aguas de los ríos, pero también impactan en los sistemas y medios de vida de los pueblos indígenas que viven en la Amazonía, los cuales utilizan su territorio para sembrar, recolectar y pescar, base de su seguridad y soberanía alimentaria, pero también de su soberanía territorial, de relacionamiento con el bioma amazónico.
Como afirma WHH (2022), los niveles de afectación de los derechos territoriales varían entre representantes indígenas desposeídos (que pierden el acceso a sus territorios), despojados (que viven en su comunidad, pero sin posibilidad de desarrollar sus actividades económicas tradicionales) o reasentados en centros poblados cercanos. Así mismo, profundizan el problema de la mercantilización de la tierra de las comunidades que ha provocado el debilitamiento y, en algunos casos, el colapso de los sistemas agrícolas tradicionales, afectando el derecho a la alimentación de las comunidades.
Consiguientemente, la Amazonía se ha constituido en un escenario de expansión del capitalismo salvaje, que se alimenta de la explotación hidrocarburífera y de la minería aluvial, altamente contaminante, pero además ha generado la ampliación de la frontera agropecuaria, para beneficio de la inversión del agronegocio; provocando la consecuente deforestación, que en los últimos años ha tenido un crecimiento alarmante, según un estudio de la Fundación Tierra, habría alcanzado para el 2022 un promedio anual de 300 mil hectáreas, muy por encima de la deforestación de años anteriores. Estas acciones, que se ahondan debido al problema de los incendios, al que también están vinculados, generando despojos y transformaciones territoriales, sociales y ambientales, atentando contra la estabilidad climática, atentando contra los saberes, conocimientos, relacionamientos y prácticas ancestrales, así como, la gestión de los bienes comunes (biodiversidad, suelo y la disponibilidad de agua en cantidad y calidad), aspectos que ejercen presión socio-territorial, poniendo al bioma amazónico al servicio del capital, las corporaciones y los intereses extractivos; y, no asì a la convivencia por, para y con la vida.
PROPUESTAS A LOS JEFES DE ESTADO
Continuar con la explotación de combustibles en la Amazonía es incompatible con las acciones climáticas que se necesitan para limitar el incremento de la temperatura del planeta en 1.5° C. En ese sentido, es clave que los Estados amazónicos tomen acciones efectivas y concretas para evitar mayores impactos en este territorio clave para atender la crisis climática global y promover nuevas alternativas al desarrollo.
- Iniciar un camino para salir de los combustibles fósiles en la Amazonía suspendiendo toda nueva exploración y explotación de hidrocarburos en la región incluyendo la no oferta de nuevos lotes y la terminación progresiva de los ya existentes; y de toda forma del extractivismo perverso, en todas sus manifestaciones, y los impactos sobre los territorios, pueblos indígenas, mujeres y niñas en la Amazonía.
- Fortalecer las políticas y mecanismos para la atención de las demandas de los pueblos indígenas y comunidades locales en temas como aseguramiento de derechos al territorio; remediación, limpieza y restauración de territorios impactados por la explotación de combustibles fósiles. Se deben establecer mecanismos de compensación para la población históricamente afectada por esta industria. Asimismo, se necesita fortalecer el rol de las autoridades de fiscalización y sanción; para evitar la impunidad de las empresas responsables de la contaminación y degradación ambiental.
- Adecuar la normativa ambiental para procurar acciones preventivas necesarias por parte de las empresas como monitoreo, adecuación de ductos y planes de gestión ambiental que permitan la acción rápida para la adecuada atención en limpieza y contención de derrames de petróleo y gas.
- Garantizar la participación y decisión de los pueblos indígenas y comunidades locales, vinculados a procesos de consulta previa y consentimiento y en espacios de decisión con el Estado para otros temas para cualquier tema vinculado a su territorio. Respetando su autonomía y autodeterminación territorial.
- Generar alternativas económicas locales y el respeto de la economía indígena. Considerando la dependencia laboral y de atención de necesidades básicas que se ha generado tras el ingreso de la industria de los combustibles fósiles a los territorios.
- Los Estados deben iniciar la transición hacia un nuevo modelo energético, que permita a la vez proteger la biodiversidad de la Amazonía, como parte de los compromisos del Acuerdo de París; considerando las particularidades de cada territorio y evitando nuevas afectaciones territoriales. Esta transición debe ser justa y popular, en base a una discusión del nuevo modelo energético, que responda no al beneficio de las corporaciones si no a las necesidades de los pueblos, apostando por fuentes de energía que generen menos impacto y respetando los límites físicos del planeta.
- Exigir a la banca privada y multilaterales, que se deje de financiar proyectos extractivos de combustibles fósiles que afectan a la Amazonía; dirigiendo estos fondos hacia el financiamiento pensado en medidas de restauración y recuperación de los bosques Amazónicos, así como nuevos modelos de generación energética, que pueden ser comunitarios, cooperativos o locales y que sean dirigidos e implementados por las propias comunidades.
- Respaldar la iniciativa del referéndum para dejar el petróleo bajo tierra en el Yasuní del Ecuador y llamar a votar por el SÍ para que se suspenda la extracción de petróleo en esta área de diversidad biológica única en el planeta.
