Otro asesinato de un líder y defensor ambiental vuelve a golpear la comunidad de Nuevo Amanecer Hawai. Se trata de Gonzalo Pio Flores, un comando Asháninka, quien fue encontrado muerto esta semana junto a su esposa Maribel Casancho, quién está grave.
Hace 7 años, la muerte de su padre Mauro Pio Peña quedó impune, pese a estar continuamente amenazado por los traficantes de madera, como señala la abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), Rocío Meza. Ella comentó que parte de la raíz de los problemas en la zona están relacionados con la falta de titulación territorial porque al no contar con un título, la comunidad se ha visto expuesta a invasiones, tráfico de madera y la vida de los dirigentes amenazada.
El Tribunal Constitucional debía reconocer los derechos de titulación de la Comunidad Nuevo Amanecer Hawai, pero el proceso sigue pendiente. Continúa la espera de que la justicia les reconozca lo que por derecho les pertenece. En medio de la cuarentena, y ante la limitada acción policial, se perpetró otro crimen contra la vida de un defensor ambiental.
«En nuestra titulación continúan los problemas y hemos tenido demasiadas dificultades por el tema de las concesiones forestales», había declarado a MOCICC Victor Pío Flores, hijo de Mauro y hermano de Gonzalo, adelantándose a la amenaza latente que vivía.
UN NOMBRE Y UNA HISTORIA DE VIOLENCIA
En la zona conocida como el Gran Pajonal, a 1700 metros sobre el nivel del mar, se ubica la comunidad nativa Nuevo Amanecer Hawai, perteneciente al pueblo asháninka. La comunidad se ubica en territorio de tres regiones: Ucayali, Pasco y Junín.
Nuevo Amanecer Hawai lleva su nombre en honor a la piña Hawai, cuyos cultivos crecen prósperos en su territorio, comenta Julio Tunque, comunero. Antaño la comunidad tenía otro nombre: Piriali. El cambio de nombre remonta a una historia de violencia y despojo.
En 1987 los asháninka de Piriali tuvieron que abandonar su comunidad debido al embate del conflicto armado interno. “Sendero Luminoso empezó a entrar, desembocaban en Puerto Ocopa y de ahí a nuestra comunidad es cerca”, recuerda Tunque. Huyendo de la violencia los comuneros del entonces Piriali, se refugiaron en otras comunidades y se integran al ejército asháninka.
Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación unos 10 mil asháninkas fueron desplazados en por la violencia en los valles del Ene, Tambo y Perené. Asimismo, entre 30 y 40 comunidades desaparecieron por causa del conflicto armado interno.
Ya en el 2000, como cientos de asháninkas de otras comunidades, los comuneros de Piriali regresan al territorio que habían abandonado y son apoyados por el Estado a través del Programa de Apoyo al Repoblamiento. El retorno a su territorio continúa hasta el año 2003.
Durante su ausencia, los proyectos de titulación comunal de los años 90 habían otorgado títulos de propiedad a las comunidades vecinas. Sabiendo esto, comienzan los trámites para titular su comunidad descubriendo que el nombre Piriali ya estaba registrado. Así, en 2004 deciden adoptar el nombre de Nuevo Amanecer Hawai y comenzar su lucha por la titulación.
TRAMITOLOGÍA Y SANGRE
En 2004 a través de sus organizaciones representativas comienzan el proceso de reconocimiento y titulación de la comunidad. Ya en 2006, el Gobierno Regional de Pasco les otorga la resolución de reconocimiento comunal ´por un área de 32 mil hectáreas, primer paso hacia una seguridad jurídica territorial.
“En el 2008 era para recibir nuestra titulación y de ahí vienen problemas que vienen impidiendo nuestra titulación y nos dificultan los trámites”, explicó Victor Pío Flores, quién también era jefe comunal. Ese año a nivel nacional se hicieron cambios en las funciones de las instituciones a cargo de la titulación territorial. Esto provocó que la espera se alargue.
El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, hasta entonces había tenido las funciones de titulación comunal, sin embargo en el año 2008 traslada estas funciones a los Gobiernos Regionales en el marco de adecuación normativa de la ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Rocío Meza, abogada del Área Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal, explica que “solo estaban esperando que se expidiera la resolución de titulación, pero hubo un cambio y la función de otorgar la titulación pasó al gobierno regional, que en lugar de titular otorgó concesiones a madereros”.
Al territorio comenzaron a llegar personas externas. Los comuneros descubrieron que parte de su territorio se encontraba dentro de un Bosque de Producción Permanente y tres empresas habían conseguido concesiones forestales: Productora Quinacho, Productos Forestales SRL y Productora Mendoza.
Una de estas, Productos Forestales SRL, incluso tenía una concesión sobre el área en el que la comunidad estaba asentada. Bajo violencia y amenazas, la comunidad tuvo que cambiar su asentamiento, mientras continuaban demandando su titulación. “La empresa aducía que era propietaria, pero a nosotros nunca nos habían dicho que estaban concesionando”, recuerda Tunque.
La búsqueda de titulación continuó a lo largo de los años, con muchas promesas de los funcionarios y ningún avance real. “En 2010 nos dijeron que iban a destinar presupuesto para la titulación, pero nada”, comenta Julio Tunque. Dos años después, una de las empresas concesionarias presentó una demanda para anular el reconocimiento comunal, proceso que fue encarpetado.
Los enfrentamientos iban y venían. Y el 27 de mayo de 2013, Mauro Pio Peña, jefe de la comunidad fue asesinado. Según Beatriz Pío Flores, hija del dirigente, las amenazas habían estado presentes desde el 2008. “Mi padre defendía el territorio de la comunidad y los concesionarios le amenazaban con callarle”, asegura.
Según Julio Tunque, el asesinato habría respondido al anuncio de la revisión de los contratos de concesión, pues con la legislación vigente en 2013 la superposición con un Bosque de producción permanente hacía imposible la titulación comunal. “En su desesperación lo matan al jefe, pensaban que con eso ya no íbamos a continuar con el trámite de titulación”, comenta.
EL CONFLICTO Y DOLOR CONTINÚA
Gonzalo Pio Flores, hijo del dirigente y ahora también asesinado cruelmente, continuó la lucha por la titulación. Contra él, empezaron a presentar denuncias de distinto tipo: por secuestro, apropiación ilícita, robo agravado, entre otros. “Algunos los hemos archivado a nivel de fiscalía y otros se han ido al proceso judicial y ahí hemos ganado”, indica Julio Tunque.
Luego de la muerte de Mauro Pio Peña, la comunidad comenzó un largo proceso judicial. En 2014 presentaron una acción de amparo contra el Gobierno Regional por omisión de titulación ante el Juzgado Especializado de Pasco.
“La demanda es por la violación de los derechos de la comunidad, por la sistemática negación a titular la comunidad, la emisión de concesiones forestales sin haber realizado el proceso de consulta y sin haber titulado previamente”, explica la abogada Rocío Meza.
Sin embargo, el juez declaró fundada una excepción de falta de legitimidad para obrar, “es decir, que no tenían derecho a interponer esa demanda porque pedían titulación y el derecho civil no ampara que se reconozca un derecho, pero en la legislación internacional establece que sí”, explica Meza.
Por ello, la comunidad apela el caso ante la Sala Mixta de Pasco en 2017; donde se ratifica la sentencia anterior. Y en noviembre de 2018 el caso sube al Tribunal Constitucional. Donde se encuentra pendiente.
“La norma aplicable y la jurisprudencia dice que antes que el Estado otorgue concesiones debe realizar la titulación, además, el derecho internacional y la Corte Interamericana indican que es que la posesión ancestral de los pueblos indígenas es constitutiva de propiedad”, explica Meza.
MALOS MANEJOS
“Con Productos Forestales tuvimos mayores problemas”, explica Julio Tunque, quien narra que luego de desalojarlos del asentamiento de la comunidad, el personal de la empresa comenzó a conformar asociaciones y a parcelar el terreno, con el fin de luego venderlo. “Vienen traficando el terreno de la comunidad, casi similar al caso de Santa Clara de Uchunya”, señala.
La lotización, comenta el comunero, comienza en 2009, solo un año después del ingreso de la empresa. Los malos manejos produjeron que la empresa concesionaria adjunta presentara una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Ucayali, pues el personal de la empresa habría talado al interior de la otra concesión.
“Ellos en sus guías de remisión tenían una cantidad de pies de cedro, pero al ir al lugar de donde indicaba la extracción, no se encontraban las raíces, lo que hacían era comprar de otro lugar madera, blanqueo de madera”, explica.
En 2017, el contrato de la empresa Productos Forestales fue anulada por haberse encontrado irregularidades en el proceso de extracción. “Pero los trabajadores siguen en la zona”, lamenta Julio Tunque. En la actualidad solo una empresa se encuentra operando aún en el territorio comunal. Se trata de la empresa forestal Quinacho.
Foto: IDL
