El 1 de julio, falleció Santiago Manuin Valera, líder y dirigente del pueblo awajún a causa de COVID-19. El líder había sido trasladado de Bagua a Chiclayo debido a que su condición de salud se agravó y en la ciudad amazonense no encontraba condiciones mínimas para su atención y tratamiento.
Esta muerte se suma a otras que las federaciones indígenas han venido reportando en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, territorio ancestral de los pueblos awajún y wampis, donde, a pesar de haber cerrado las fronteras territoriales, el virus ingresó y se propagó en los tres distritos que conforman la provincia, cuyos establecimientos de salud no se encuentran aptos para afrontar esta crisis.
Por ello, la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte – ORPIAN, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis – GTANW, la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa – ODECOFROC y el Consejo Permanente del Pueblo Awajún – CPPA exigieron a través de documentos y pronunciamientos públicos que sea intervenida la zona, que pese a haber recibido dos comisiones del Ejecutivo, continúa en riesgo.
Asimismo, la Municipalidad de Condorcanqui y el Gobierno Regional de Amazonas solicitaron al Presidente Martín Vizcarra que se reconsidere el incluir a Amazonas como región que continúe las normas de aislamiento social obligatorio por haber colapsado la capacidad hospitalaria y por el incremento de casos en provincias como Bagua, Condorcanqui y Utcubamba.
CONDORCANQUI EN CRISIS
La provincia de Condorcanqui, tiene una población de 81 250 ciudadanos, mayoritariamente indígenas organizados en 268 comunidades nativas. Desde el inicio de la emergencia sanitaria los pueblos awajún y wampis en coordinación con la municipalidad provincial decidieron cerrar sus fronteras. Sin embargo, a inicios de mayo se registraron los primeros casos y, desde entonces, la propagación del virus no se detuvo.
Para Santiago Jesús Manuin Mayan, miembro del Comité Permanente del Pueblo Awajún – CPPA, fueron dos los vectores de propagación del virus en comunidades nativas. Por una parte el cobro de bonos y programas sociales, que requería la movilización de personas a la capital de la provincia y centros poblados exponiendolos a contraer el virus; y el retorno no controlado de personas que residían fuera a sus comunidades de origen.
Ya en junio, la organización ODECOFROC alertaba de un contagio masivo en el distrito fronterizo de El Cenepa, donde en una sola comunidad se detectaron hasta 170 personas con síntomas de COVID-19. Sin embargo, por falta de pruebas rápidas no era posible confirmar estos casos.
Según la Dirección Regional de Salud de Amazonas, al día de hoy se registran 523 casos positivos en la provincia y nueve muertes por el virus. Sin embargo, las organizaciones además señalan que existe un subregistro de casos de COVID-19. Según Santiago Jesús, aproximadamente un 80% de personas en las comunidades estarían contagiadas quienes estarían tratándose con plantas medicinales para evitar ir a los centros de salud.
A nivel regional, de cada 10 casos 2 o 3 son indígenas. Sin embargo, en los distritos ubicados en territorio de los pueblos awajún y wampis esta cifra se incrementa pues al menos 7 de cada 10 casos son indígenas.
“En la provincia solo tenemos un hospital que no está implementado con medicamentos, ni kit de materiales necesarios y urgentes, mucho menos en los puestos de salud que se encuentran en las comunidades y centros poblados”, explica, Manuin Mayan.
Clelia Jima, encargada de pueblos indígenas de la red de salud de Condorcanqui, confirma que los establecimientos de salud de los tres distritos que conforman la provincia se encuentran desabastecidos de medicamentos, además que gran número de prestadores de servicio de salud entre médicos, enfermeros y promotores de salud han contraído el virus, pues no se contaban con implementos de bioseguridad. Solo el 30% estaría prestando servicio.
“Falta apoyo del Estado, están muriendo varias personas, la ayuda no ha sido inmediata y están muriendo en sus domicilios y eso no se reporta si no se maneja adecuadamente esto va a ser peor de lo que estamos imaginando”, señala Clelia Jima y agrega que las personas optan por automedicarse cuando no encuentran atención en los establecimientos de salud.
Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo exhortó las autoridades nacionales y regionales a planificar y tomar decisiones oportunas y eficaces para la prevención y atención de salud de los pueblos indígenas de la región de Amazonas, y con especial énfasis en el distrito El Cenepa en Condorcanqui.
A ello, se suman denuncias de corrupción en plena pandemia. “Creíamos que la pandemia solo era la enfermedad que nos amenaza, pero nos damos cuenta que las autoridades en vez de preocuparse de comprar medicamentos y oxígeno que el pueblo pide a gritos, se incrementan el sueldo y lucran a costa de la necesidad”, lamentó Santiago Jesús Manuin.
DEMANDAN AYUDA INMEDIATA
Durante semanas, las organizaciones de pueblos indígenas de Condorcanqui vienen exponiendo el peligro de muerte en el que se encuentran debido al COVID-19 y la falta de respuesta inmediata del Estado.
El pueblo wampis a través de su gobierno territorial autónomo demandó acciones urgentes como la capacitación al personal de salud, abastecimiento de medicamentos, atención de emergencias, tamizaje y capacitación de las comunidades sobre el protocolo a seguir con las personas fallecidas por COVID-19. “Queremos que se intervenga directamente en las comunidades”, indicaron en el documento.
Como Consejo Permanente del Pueblo Awajún, Santiago Jesús Manuin expresa “nosotros, estamos cansados por el atropello y vulneración de derechos de las comunidades, esta enfermedad es desconocida y estamos viendo la manera de curarnos, porque no sabemos con qué plantas se curan, estamos ingeniándonos para poder salvar vidas”.
Por su parte, Héctor Requejo, alcalde provincial de Condorcanqui señaló que “esta muerte es un reflejo más del olvido del sector Estado; debe ser motivo para que el Estado determine una posición seria y responsable respecto a nosotros como pueblos indígenas”.
El jefe del Comando COVID de Amazonas y Director Regional de Salud, Gorki Jave, señaló que como parte de la estrategia del Estado para prevención y tratamiento de COVID-19, se han destinado 3.5 millones para ser ejecutados en las provincias de Bagua y Condorcanqui. Señaló sin embargo que a diferencia de Iquitos, los profesionales se niegan a trabajar en la provincia de Condorcanqui; “necesitamos mucho personal de salud, pero a Amazonas no quieren venir y mucho menos a Condorcanqui”, lamentó.
El 27 de junio una comisión del ejecutivo viajó por segunda vez a Condorcanqui para llevar implementos de seguridad, 4000 pruebas rápidas y más de 700 kilos de medicamentos, entre ivermectina e hidroxicloroquina. Sin embargo, Clelia Jima señala que los mecanismos de distribución entre las microrredes de salud y para los establecimientos ubicados en comunidades nativas no se destinó presupuesto.
“Esta situación está visibilizando cómo no se ha invertido para la salud de Condorcanqui y la precaria logística de recursos humanos que se tenía, es catastrófico”, señala Clelia Jima.
LOS SABIOS AUSENTES
Santiago Manuin Valera, muún (sabio) del pueblo awajún, no es el primer líder awajún pueblo que fallece por el COVID-19. En junio fallecieron líderes y dirigentes del pueblo awajún que destacaron por distintos motivos en el movimiento indígena, algunos de ellos participaron en el Baguazo y fueron perseguidos por defender su territorio.
Son líderes víctimas de la pandemia y del abandono estatal: los hermanos Hernan, comunicador indígena, y Arturo Kinin, ambos procesados por el caso de la Estación 6; Gerardo Shimpukat, docente y promotor del derecho a la educación indígena; Francisco Juwau, exalcalde de la provincia de Condorcanqui; Marcial Trigoso, exalcalde de la provincia; Solicio Impi, ex presidente de la Federación de Comunidades Awajún del Bajo Santiago – FECAS; Jabian Antun, ex consejero regional, y sabios como Vicente Esash, Alejandro Paati, Carmen Wasmit, Melida Yanua e Hilda Nachijan.
Ante esta situación, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP, mantiene una demanda ante el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos por la inacción del Estado y la reiterada discriminación hacia los pueblos indígenas, que podría provocar un etnocidio.
Asimismo, organizaciones de la sociedad civil, como el Centro Amazónico de Antropología y Acción Práctica – CAAAP, Instituto de Defensa Legal, Cooperacción, el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCICC, entre tantos otros, vienen exigiendo una real y efectiva implementación del Plan de intervención del Ministerio de salud para Comunidades Indígenas y Centros Poblados Rurales de la Amazonía frente a la emergencia del COVID-19.
