Lima, Perú – 13 de marzo de 2025 – El pleno del Congreso de la República aprobó en primera votación un proyecto de ley que modifica la Ley 27692, que regula la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), con el objetivo de fortalecer la supervisión y fiscalización de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país. La iniciativa recibió 82 votos a favor, 15 en contra y 4 abstenciones, siendo exonerada de una segunda votación.
La nueva legislación establece medidas que han sido calificadas como restrictivas por expertos y organizaciones de derechos humanos. Entre los puntos más preocupantes se encuentran dos artículos específicos:
- “Entre otros, constituye uso indebido, utilizar los citados recursos para asesorar, asistir o financiar, de cualquier forma, o modalidad, acciones administrativas, judiciales o de otra naturaleza, en instancias nacionales o internacionales, contra el Estado peruano”.
- “Destinar recursos de la cooperación internacional o donaciones hacia actividades que hayan sido declaradas administrativa o judicialmente como actos que afecten el Orden público, la seguridad ciudadana, la defensa nacional, el orden interno o perjudiquen la propiedad pública o privada”.
Diversas organizaciones del movimiento social como ONAMIAP y AIDESEP, así como, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, IDL, MOCICC y organizaciones de iglesia como CEAS advierten que estas disposiciones pueden ser utilizadas para criminalizar el trabajo de las ONG que asesoran a víctimas de violaciones de derechos humanos o que denuncian actos de corrupción.
¿Qué cambia con esta Ley?
❌ Restricción en asesoría legal: ONG no podrán brindar asistencia legal en casos contra el gobierno.
❌ Bajo el término de defensa del «orden público» pueden caber muchas cosas y se puede utilizar para criminalizar.
⚠️ Riesgo de censura: Se limita la independencia de las organizaciones de la sociedad civil.
💬 ¿Por qué esto es un problema?
🔹 Puede debilitar la lucha contra la corrupción.
🔹 Deja vulnerables a comunidades indígenas y grupos en riesgo.
🔹 Significa un retroceso democrático en el país.
Contexto internacional
Lo ocurrido en el Perú no es un hecho aislado, sino que responde a una tendencia global de restricción a la sociedad civil. Según un informe de Amnistía Internacional, entre 2017 y 2019, al menos 50 países aprobaron legislaciones que dificultan el funcionamiento de las ONG, permitiendo a las autoridades vigilarlas estrechamente y entorpecer su labor.
Este tipo de medidas han sido utilizadas en regímenes autoritarios para perseguir y criminalizar a las organizaciones sociales, restringiendo el derecho de asociación y debilitando la democracia.
En el caso del Perú, esta ley pone en riesgo el trabajo de las ONG en sectores clave como salud, educación, derechos humanos y lucha contra la corrupción, limitando su capacidad de denuncia y acción.
