Por Micaela Guillén Ramirez, equipo Amazonía MOCICC
Una nueva Ley que podría vulnerar los derechos de los pueblos amazónicos ha sido aprobada. El pasado 16 de mayo se aprobó en el Pleno del Congreso de la República la Ley que declara necesidad pública y de interés nacional la promoción de la Amazonía sostenible. En esta ley se priorizan cuatro ejes: seguridad alimentaria, Territorio, sostenibilidad y valor de la Amazonía. Luego de la aprobación se facultó a la Presidencia del Consejo de Ministros para que elabore un Plan Multisectorial en un plazo 180 días, para el cual participarán gobiernos regionales amazónicos y las comunidades nativas, según el artículo 02 de la ley en mención.
Siendo una Ley con un nombre tan importante y sobre un territorio, históricamente, abandonado por nuestra República podríamos creer que esta ley ofrece mejoras en la calidad de vida de los pueblos amazónicos. Sin embargo, para empezar no se mencionan a las organizaciones indígenas para la creación del Plan multisectorial, y si revisamos con detenimiento la ley nos podemos dar cuenta que abre las puertas a la depredación y comercialización de los territorios amazónicos, es decir no presenta mejoras ni reconocimiento para los pueblos del territorio. Además, se opone a los procesos que vienen construyendo los pueblos indígenas amazónicos en la lucha por el reconocimiento de sus derechos colectivos.
Uno de los temas importante para los pueblos indígenas de la Amazonía peruana es la cuestión sobre el territorio y el reconocimiento de su derecho ancestral sobre el mismo. Históricamente estos pueblos han sido despojados de sus tierras y sometidos a situaciones de esclavitud para la extracción de recursos naturales. En el 2009 los pueblos Awajún y Wampís nos alertaron, que en pleno siglo XXI, aún vivían en situación de constante resistencia sobre la defensa de sus territorios y el respeto a la vida de su pueblo. La ley en mención se presenta como un vehículo de seguridad jurídica y oportunidad de la seguridad económica de los comuneros, pero no como un reconocimiento de su derecho sobre las tierras, sino como un pretexto, posiblemente, para la legalización de la extracción de madera, apertura al monocultivo, los bionegocios y la permisibilidad de Mega proyectos de hidrovías.
A estas alturas, sabemos cuáles son las consecuencias del fomento de monocultivo en nuestro país, durante años se incentivó la siembra de cultivos únicos de las zonas, por ejemplo la quinua, con el fin de la exportación. Y las consecuencias sobre las tierras y los habitantes generan perdida de suelos, especies animales y forestales, desabastecimiento de la canasta familiar (desnutrición), endeudamiento económico de los agricultores, etc. Además, del desabastecimiento del mercado nacional, es decir en lugar de generar seguridad alimentaria se genera un problema económico nacional y un problema de salud para las familias agricultoras. Pero el énfasis sobre el aprovechamiento de los recursos naturales del bosque no recae sobre los frutos, sino sobre los bionegocios. Se quiere hacer pasar el cultivo de palma aceitera, por ejemplo, como producción natural de la Amazonía y de necesidad de aprovechamiento del cultivo. Sin embargo, sabemos que el cultivo de palma aceitera deforesta, elimina especies de la zona natural y empobrece la tierra.
Parecería que nos oponemos al desarrollo económico de las poblaciones indígenas, que podrían aprovechar sus territorios y cultivos para favorecerse económicamente. Sin embargo, las soluciones que se plantean en esta ley para el desarrollo económico de la Amazonía, son pensadas desde una lógica capitalista y desenfocada de la realidad en la que viven los pueblos. La inversión que tendría que hacerse para que los mismos pueblos sean favorecidos son un costo que los gobiernos locales y nacionales no asumirán, entonces ¿quiénes invertirán sobre estos territorios? Obviamente, inversión privada. Pagando salarios precarios a los pobladores, sometiéndolos a situaciones de vulneración laboral, haciendo prestamos con tazas esclavizantes y alquilando – comprando tierras hasta que pierdan su productividad.
Plantear una ley para la sostenibilidad y promoción de la Amazonía, debería contar con la consulta de las organizaciones indígenas y los Pueblos que habitan el territorio. Considerando que fomentar un proceso para lograr la sostenibilidad de la Amazonía requiere de inversión pública y un programa proceso consensuado con los pueblos indígenas, no una imposición desde los espacios de poder.
Una Ley como la que se presenta favorece la inversión privada, no aborda el verdadero problema, no reconoce sus derechos y más bien obstruye los procesos en los que varios de estos pueblos se encuentran: como el diálogo sobre las hidrovías, las remediaciones por los casos de derrame y la visibilización de exigir que se les reconozca los territorios de manera integral y no por titulación de parcelas. Finalmente, lo que está en juego, es la dignidad y el reconocimiento histórico de los pueblos, es la vida del planeta, el derecho a vivir de las nuevas generaciones. La Amazonía sigue siendo un territorio en resistencia y ahora no solo de los pueblos indígenas, también de nuestro planeta. Esperemos que por todo lo mencionado, el Presidente Vizcarra reflexione y pueda observar la ley y no promulgar tal cual.
