Por Luis Hallazi
En el Perú aún sigue siendo minoritaria la conexión lógica entre la promoción de la quema de petróleo y las consecuencias que hoy sufrimos por el aumento de la temperatura en 1° centígrado. Las voces en el Estado peruano y la ciudadanía organizada son minoritarias para generar mayor consciencia al respecto, a pesar de ello es necesario empezar a debatir la dependencia del petróleo y la urgencia de una transición energética.
Y qué mejor momento para hacerlo que a partir de la insistencia del actual gobierno para la modificación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley N° 26221que, desde el 2017, se viene proponiendo por el Poder Ejecutivo, con tres proyectos de ley: N° 96/2016-CR, 1525/2016- CR y 2145-2017/PE. A pesar de que las propuestas contaron con influencia de un fuerte lobby petrolero, el dictamen final fue seriamente criticado y de esa manera el primer intento por aprobar dicha modificaciones fracasó a fines del 2018.
A las críticas de organizaciones indígenas como Aidesep[1] y organizaciones de la sociedad civil se unió el informe de la Defensoría del Pueblo[2]. No tardaron en manifestarse el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura, pero el punto de quiebre fue la reacción del Ministerio de Economía y Finanzas que generó el rechazo final al dictamen de la Comisión de Energía y Minas evidenciando las groseras deficiencias del proyecto que, en su momento, Felipe Canturias, presidente de la Sociedad Nacional de Hidrocarburos, calificara como un proyecto de ley “moderno y de vanguardia”[3].
Después de este primer fracaso, rápidamente los sectores del Ejecutivo involucrados se pusieron de acuerdo, restituyendo a su estado anterior las asignaciones económicas a PERUPETRO, OSINERGMIN y MINEM, y realizando ajustes que vulneraban además la institucionalidad ambiental.
El actual proyecto de ley sigue siendo deficiente por parecidas razones al anterior: las concesiones de explotación de petróleo aumentan hasta 80 años (art. 22 y 22A), además las empresas extractivas tienen toda la libertad para construir caminos, puentes, carreteras, puertos y cualquier otra infraestructura al interior y exterior del lote que facilite sus operaciones, en algunos casos con exoneraciones de tramites; pero además se pone al servicio de la empresa la posibilidad de contar con protección policial y militar para realizar dichas actividades (art. 36).
Por otro lado, se persiste en promover el fracking o fractura hidráulica sin debate ni participación (art.45-A), lo que genera serios vicios de nulidad a este proyecto, más aún si se informa sobre los severos impactos que esta técnica puede causar a la salud, el medio ambiente y la biodiversidad. El método es riesgoso y experimental y puede tener consecuencias devastadoras para la Amazonia peruana, la Costa Norte y el Zócalo Continental.
A eso le agregamos que el proyecto precisa de consulta previa, libre e informada en tanto que, indudablemente, afectará derechos de pueblos indígenas[4] sin embargo, el Congreso de la República es la única institución que no cumple la obligación de consultar. Además, no hay ninguna alusión a la participación de los gobiernos locales y regionales de donde se extrae petróleo. En suma, lo que se pretende es seguir bajando estándares ambientales y sociales para promover una inversión sucia, que no beneficiará a nadie. Ninguna empresa responsable le interesaría operar con ese tipo de reglas a pesar de las críticas del sector empresarial a los actuales cambios[5].
Tampoco existe ninguna alarma con respecto al hecho de que Perú sea el tercer país del planeta con mayor vulnerabilidad frente al cambio climático (Tyndall Center, Inglaterra). Los empresarios de hidrocarburos, funcionarios de Energía y Minas y sobre todo legisladores, no tienen en cuenta los impactos de calentamiento global que, en los últimos 35 años, nos hicieron perder el 22% de nuestros glaciales tropicales y que para el 2020 harían desaparecer los glaciares ubicados por debajo de los 5.000 m.s.n.m.; por no hablar de 21 de las 25 regiones que presentan una vulnerabilidad agrícola crítica y muy crítica ante sequías derivadas del cambio climático.
Tampoco se tiene en cuenta que el Perú es el séptimo país en el mundo con mayor deforestación (Global Forest Watch), tan solo en 2018 se perdieron 140,185 hectáreas de bosques primarios en nuestra Amazonia[6]; siendo la principal contribución de gases de efecto invernadero la deforestación (USCUSS, 51%). Todo esto hace que los últimos años se haya incrementado hasta en 6 veces las emergencias por peligros naturales, más del 72% fueron de origen climático.
La incoherencia regulatoria en nuestro país, una vez más, salta a la vista, puesto que en 2018 se promulgó la Ley Marco sobre Cambio Climático, Ley 30754, con un reglamento que actualmente se encuentra en consulta, y que, con el Acuerdo de Paris, el Estado peruano tiene la obligación de reportar anualmente las Contribuciones Nacionales Determinadas para mitigar y adaptarnos al cambio climático. Lamentablemente, hasta el momento, el Estado carece de suficiente presupuesto para que todos los niveles y sectores del gobierno realmente introduzcan este factor determinante en el futuro, no solo del país, sino del planeta.
No se puede continuar hipotecando el destino de nuestras generaciones. Es urgente revertir los últimos 35 años en que los sucesivos gobiernos no han hecho ningún esfuerzo serio por dejar de depender económicamente de las materias primas como el petróleo y la minería, base de nuestro actual modelo económico. En tanto estos recursos no renovables se vayan agotando las estrategias, legales o ilegales, de despojo territorial y destrucción ambiental seguirán recrudeciéndose poniendo en riesgo a millones de especies que, junto con nosotros, habitan este planeta.
Por todo ello, este proyecto de ley debe ser archivado y no es suficiente con pensar en modificar una ley orgánica de hidrocarburos, sino que necesitamos proponer una ley que establezca los cimientos e incentivos para una transición energética que, de manera paulatina, nos permita transitar hacia el uso de energías renovables. Es urgente empezar el debate y comenzar a pensar más allá del petróleo.
- Luis Hallazi es abogado y politólogo, investigador en derechos humanos.
[1] Pronunciamiento de Aidesep: http://www.aidesep.org.pe/noticias/pronunciamiento-de-aidesep-contra-la-ley-de-ecocidio-y-etnocidio
[2] Informe de la Defensoría del Pueblos sobre el Dictamen de modificación ley de hidrocarburos: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/08/Informe-de-Adjunt%C3%ADa-N%C2%BA-001-2018-AMASPPI.MA_.pdf
[3] Entrevista a Presidente de la SNH Felipe Canturias: https://www.youtube.com/watch?v=PNuJ9H1-tis
[4] Pronunciamiento de AIDESEP: http://aidesep.org.pe/sites/default/files/media/Pronunciamiento%20modificaciones%20al%20Dictamen%20LOH%20(1).pdf
[5] Nota periodística de El Comercio: https://elcomercio.pe/economia/peru/nueva-ley-organica-hidrocarburos-seria-perjudicial-sector-noticia-613732
[6] Nota periodística de la BBC: https://www.bbc.com/mundo/noticias-48060343
