Se están tomando medidas alarmantes que apuntan a debilitar el organismo destinado a protegerla de los delitos forestales
Global Witness reveló a través de un comunicado de prensa, la preocupante situación de la tala ilegal en Perú. Las últimas cifras publicadas por la ONG revelan que, durante la última década, más del 60 % de la madera inspeccionada por OSINFOR proveniente de las dos principales regiones donde la mafias de tala ilegal tienen el control.
El informe señala, también, que la independencia del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) se ha visto significativamente debilitada.
Basándose en datos oficiales no publicados anteriormente, el último informe de la ONG, El justiciero forestal, demuestra cómo , durante los diez últimos años, se han producido volúmenes persistentemente elevados de madera ilegal y de madera “con alto riesgo” de ser ilegal en las tres principales regiones productoras de Perú. El trabajo del OSINFOR ha sacado a la luz la verdadera escala de esta actividad delictiva.
Sin embargo, el mes pasado se situó al OSINFOR bajo el control directo del Ministerio del Ambiente, donde los posibles conflictos de interés y la interferencia política amenazan su independencia y eficacia. Esta medida llevó al presidente de la institución, Máximo Salazar Rojas, a renunciar a su cargo en diciembre de 2018. Este mes, el representante comercial de Estados Unidos Robert Lighthizer tildó de “inaceptable” la decisión, que podría constituir una violación del Acuerdo de Promoción Comercial entre los dos países.
El análisis de Global Witness también revela cómo algunos de los mayores aserraderos de Perú procesan de forma sistemática grandes cantidades de madera ilegal haciendo pocas preguntas sobre su origen, y cómo los madereros ilegales encuentran formas cada vez más creativas y deshonestas de destruir la Amazonía para su beneficio, evadiendo además los mecanismos de rendición de cuentas del OSINFOR. Entre todo ello se incluye:
- Uso de nuevos tipos de áreas de aprovechamiento que el OSINFOR no puede sancionar para blanquear madera a gran escala, particularmente aquellas previstas para los pobladores locales.
- Falsificación de las ubicaciones de árboles en los documentos oficiales, mientras los árboles se talan ilegalmente en otro lugar.
- Confabulación con gobiernos regionales para que se aprueben dichos documentos falsificados, a fin de hacer pasar por legal la madera ilegal.
- Uso de áreas que el OSINFOR no puede inspeccionar, entre las que se incluyen plantaciones y cambios de uso para deforestar áreas y dedicarlas a actividades agrícolas, a fin de declarar falsamente que la madera provino de allí, cuando en realidad se extrajo de otro lado.
La ONG ha revelado la manera en que un clima de impunidad permite que esta actividad continúe sin ningún impedimento, al punto que se permite que aquellos consultores del sector maderero con antecedentes de falsificación de ubicaciones de árboles en documentos oficiales sigan operando.
El potencial de ventas de este comercio ilegal es cuantioso. Una variedad de permisos de tala que se detallan en el informe, incluidos los permisos de cambio de uso agrícola, de predios privados, de bosques locales y otros tipos de permisos, se han utilizado para blanquear madera cuyo valor estimado es de 112 millones de dólares.
A partir de estos hallazgos, Global Witness ha emitido un llamamiento urgente para que se devuelva la independencia del OSINFOR y, al mismo tiempo, exige que se amplíen sus competencias para poder combatir de manera eficaz las nuevas formas de blanqueo de madera y ayudar a detener el daño ambiental que está provocando la tala ilegal.
La ONG ha resaltado el papel fundamental que podrían jugar los donantes del sector forestal peruano, como Estados Unidos, Noruega y Alemania, a la hora de garantizar la restauración de la independencia del OSINFOR y la ampliación de sus competencias, para que pueda operar de manera eficaz y contribuir así a que Perú cumpla con sus compromisos para reducir la degradación de los bosques.
