Pocos años han sido tan relevantes como este para la celebración del 22 de abril, el Día de la Tierra. Nos encontramos en un contexto donde se llevan a cabo trascendentales y decisivos debates mundiales sobre el acuerdo que tienen que asumir todos los países del mundo para frenar el fenómeno del cambio climático, que tendrá como epicentro París en diciembre próximo, sede de la COP21.
Articulo de opiniÓn de Antonio Zambrano
Coordinador Interino de MOCICC
Aprovechemos este contexto para repensar en nuestro país. Haciendo el ejercicio nos encontramos con la siguiente realidad: Por un lado, la existencia de alrededor de 77 proyectos de centrales hidroeléctricas distribuidas en toda la cuenca amazónica, los cuales se encuentran en operación, en construcción o inventariados. Estos proyectos significan el corte de agua y nutrientes de los principales ríos de la cuenca. Por el otro lado, el 84% de esa misma Amazonía está concesionada para la exploración y explotación de hidrocarburos. Dentro de este magno lienzo el Ministerio de Energía y Minas nos termina de pintar el cuadro presentándonos que más del 20% del 1.2 millones de km2 de nuestro territorio nacional está concesionado para actividades mineras en costa, sierra y selva superpuesto a áreas naturales protegidas, pueblos indígenas, comunidades y hasta ciudades.
Esto, para algunos, no sería tan preocupante si contáramos con estándares ambientales altos en continua mejora e implementación. O si tuviéramos un gobierno que haga de la campaña “Pon de tu parte”, que inició el Ministerio de Ambiente el año pasado, una consigna que garantice la tranquilidad de la sociedad y su ambiente antes que optar por la “facilitación de las inversiones” o mejor dicho del lucro de grandes transnacionales. Sin embargo, todo indica que es exactamente al revés.
Los últimos meses se han aprobado, con la excusa de frenar la desaceleración económica, una serie de “paquetes” normativos que no hacen más que reducir considerablemente los estándares ambientales, las capacidades fiscalizadoras, y el rol rector del MINAM en la gestión del ambiente. Todo esto para priorizar la promoción de las inversiones, como si estas no se hubiesen retraído por la dinámica internacional de venta de minerales, sino, por algún exceso de esa “tramitología” con la que los medios de comunicación denominan a los estándares de protección ambiental y social. El problema se pone color de hormiga, ya que esto no parece terminar y se va convirtiendo en un modus operandi del gobierno actual para incentivar las inversiones a favor de la privatización de la tierra, agua, entorno y vida de nuestros pueblos.
En el Día de la Tierra, creado para reflexionar y tomar conciencia sobre nuestro entorno, deberíamos analizar y darnos cuenta que aquello que durante años se ha intentado denominar como “conflictos socioambientales” no son otra cosa que luchas de nuestros pueblos en defensa de nuestros territorios y para conservarla integridad de los mismos frente a “inversiones” (ese gran dogma incuestionable), que tienen como objetivo generar crecimiento económico para mejorar la calidad de vida de la población a pesar de que terminen poniendo de cabeza (o “invirtiendo”) sus históricas relaciones con el entorno y la sociedad.
