- Transición energética justa y popular se puso en agenda durante conversatorio internacional previo a la COP26.
El domingo 15 de noviembre 2020, expertas y expertos de la Red Transición Energética Popular (REDTEP), participaron en el conversatorio virtual “Latin America at Boiling Point”. Presentaron realidades y potenciales de la transición energética popular y justa en Bolivia, Brasil y Perú, con vistas a la Cumbre de los Pueblos y a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26), que se realizará en el 2021 en la ciudad de Glasgow, Escocia. Sin embargo, el experto del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), Antonio Zambrano, no pudo participar debido a reuniones urgentes por los actuales acontecimientos en el Perú.
Durante la conferencia, Tania Ricaldi del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia (GTCCJ Bolivia), destacó la gran dependencia de Bolivia de las fuentes de energía fósiles y una muy marginal mirada estratégica de planificación en gestión energética relacionado con los recurso renovables. Ricaldi advirtió que existe una falsa definición de la transición energética con inversiones en mega proyectos hidroeléctricos con afectos sociales y ambientales a territorios inmensos.
“No se debe promover la energía como mercancía. Una transición energética justa y popular busca dignificar el acceso a la energía, buscar recomponer las culturas de vida y las relaciones entre sociedad y naturaleza, busca respetar los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas”, enfatizó Ricaldi, investigadora del GTCCJ Bolivia y del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor San Simón Cochabamba.
Según Ricaldi, es una urgencia cambiar el modelo energético centralista, patriarcal, oligopólico y corporativo para, en torno a la emergencia climática y una crisis sistémica, lograr cambios estructurales como una participación ciudadana como prosumidora y prosumidor, capaz de que producir y consumir energía, con una visión social, ecológica y política de la energía.
Ivo Poletto del Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental (FMCJS Brasil) subrayó que una transición energética justa y popular es más de lo que significa para muchas empresas y para los gobiernos, es más que cambiar las fuentes de energía y usar el sol o el viento para producir energías menos contaminantes:
“Hay que entender la transición energética más profunda, en el contexto de la convivencia armónica como seres humanos con la naturaleza, con los animales. En la Amazonía, por ejemplo, se destruye la floresta amazónica para liberar el suelo para una agricultura muy agresiva que además gasta el agua. Tenemos que vivir y convivir en una relación ecológicamente armonizada con la floresta amazónica para que la Amazonía pueda mantenerse y pueda mantener sus servicios ecológicos importantes”.
Una transición energética significa producir la energía de forma descentralizada lo más cerca posible a quienes la quieren usar. Y hacer de los consumidores de energía también prosumidores, que también producen energía. Ivo Poletto destacó: “Una transición energética popular y justa incluye un derecho universal de acceso a la energía y la participación democrática de las poblaciones en las decisiones de la política energética: ¿Cómo se produce la energía? ¿Qué se hace con la energía? La política energética debe ser al servicio de la vida, no de las grandes empresas”.
En el debate del conversatorio, se discutió sobre preguntas sobre la minería del litio en Bolivia y el avance de la transición energética en la política pública, entre otras. Respeto al litio en Bolivia subrayó, Tania Ricaldi la importancia de una planificación estratégica para usar esos recursos para una transición social y para que las poblaciones aprovechen este recurso nacional. Sobre las políticas públicas respondió Ivo Poletto, que sería clave primero lograr transparencia sobre el tema de energía y un diálogo abierto con la población, segundo acabar con una política capitalista y neoliberal de crecimiento innecesario de producción y consumo, y tercero retirar las subvenciones estatales para empresas petroleras y de carbón, con el fin de llegar a una participación y un control popular.
