Tania Ricaldi Arévalo, investigadora del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón (CESU-UMSS) y del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia (GTCCJ Bolivia)
La crisis sistémica que atraviesa el mundo manifiesta la urgencia de tener una transición energética, como una dimensión más de las muchas transiciones que el mundo debe afrontar si quiere detener al descalabro global al cual se dirige.
Tal crisis solo puede ser atendida a partir de respuestas estructurales, por tanto, estas deben atacar los pilares del sistema capitalista que generan este escenario de desastre a nivel mundial, como el fenómeno del cambio climático, los impactos de las lógicas de acumulación inmoral, la desigualdad, el deterioro y destrucción ecológico-ambiental, incluido el despojo territorial y el pisoteo de derechos humanos y los de la Madre Tierra.
Precisamente, la transición energética solo puede ser posible, por un lado, desde la interpelación al sistema hegemónico y al sistema energético actual; y por otro, desde la defensa de los territorios y los derechos humanos, de los pueblos indígenas y de la Tierra; resistencias que permiten generar propuestas transformadoras.
En Bolivia, al igual que en muchos territorios a nivel regional y mundial, estas luchas y resistencias se plasmaron en diversos escenarios en donde los actores locales asumieron su capacidad de agencia y de lucha, con un gran potencial transformador de los factores que atentan contra sus principios de vida.
Allí destacan la defensa de los ríos y más áreas naturales, así como la resistencia a los megaproyectos hidroeléctricos, proyectos de energía nuclear y al extractivismo minero e hidrocarburífero.
No obstante, estas resistencias no solamente deben ser asumidas por las comunidades y poblaciones indígenas, también debe involucrar luchas urbanas, e incluso resistencias y luchas personales, abordando el reconocimiento y respeto hacia los límites naturales, con justicia y equidad socioambiental.
En ese sentido, este artículo discute el concepto de transición energética y plantea la relación de la energía con las luchas de resistencia y concluye con algunas reflexiones en torno a las rutas transicionales de transformación en base al respeto de los territorios y los derechos, como principio básico.
Transición energética
Pero, ¿qué es la transición energética?
Existen diferentes posiciones. Una de ellas se enfoca en el cambio de las fuentes de energía fósiles a fuentes de energía renovables, pero, en este cambio no se discuten las características, las escalas, los impactos y la esencia del sistema energético: oligopólico, colonial, centralizado, concentrador y patriarcal, generador de injusticias, brechas y enriquecimiento inmoral a partir del despojo territorial.
Un modelo destinado a la generación y acumulación de riqueza para las corporaciones en desmedro de los territorios y sus derechos.
Otro enfoque de la transición interpela al actual sistema energético en su esencia, por tanto, exige un modelo energético que priorice las necesidades energéticas de la sociedad, respetando los derechos de los territorios y de quienes la cuidan y defienden.
¿Qué quiere decir esto? Pues cambiar las lógicas de consumo y producción para instalar una nueva cultura energética que impulse y genere la fuerza de transformación.
Por lo tanto, el mundo, tarde o temprano, tendrá que asumir la transición energética.
La disyuntiva es si queremos que esta sea una transición planificada, o una transición traumática, que incluso suponga, en algunos casos, la imposibilidad de satisfacer los requerimientos energéticos básicos.
Sin duda serán primero los países y las poblaciones más marginadas y vulnerables las que paguen la factura de la irracionalidad energética, sin haber sido causantes de la actual crisis.
Y este escenario se agudiza aún más las consecuencias climáticas ya que el extractivismo desmedido altera los ecosistemas poniendo en riesgo la seguridad y la soberanía energética, hídrica, alimentaria y territorial.
Esta consideración nos plantea la necesidad de abordar la transición energética desde una mirada holística, multidimensional, multifactorial y multiactoral, que supere la visión técnico-económico.
Hay que remarcar que la participación de los actores locales es un factor determinante para la gestión y gobernanza energética de cara a una efectiva transición que responda a la satisfacción de las necesidades energéticas locales, respetando las condiciones y características territoriales, además de los derechos individuales y colectivos.
Las resistencias territoriales como base para una transición energética justa y popular
Todos los territorios con potencial energético están siendo víctimas de procesos de expansión que no da tregua al constante despojo y la permanente vulneración de derechos; no solo en relación a la explotación de recursos fósiles, sino a través proyectos que tergiversan la transición energética.
Esta lógica responde a una cultura energética que busca reproducir sistemas energéticos injustos e insustentables, con limosnas para los pueblos y comunidades, pero altamente rentables para los intereses de las corporaciones y los gobiernos.
Tanto el sector privado como nuestras autoridades no internalizan que una efectiva transición energética supone un proceso que exige la transformación de estas lógicas de depredación, hacia culturas de convivencia socio-ambiental, que redirijan las formas de producción y consumo de la energía, con miradas a largo plazo, y que asuman la responsabilidad intergeneracional en el consumo desmedido de los recursos energéticos.
La construcción efectiva de los sistemas energéticos inclusivos debe tener como finalidad la satisfacción de las necesidades energéticas de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, comunidades rurales, y poblaciones urbanas; basados en una nueva cultura energética, que reconozca los límites de los recursos, en base a las potencialidades energéticas locales, sistemas descentralizados de microgeneración, todo ello con un enfoque de prosumidor (productor y consumidor) energético.
En ese sentido, las resistencias territoriales y la defensa de los derechos, son una expresión de las rutas hacia transición energética justa y popular.
Hacia la construcción de una transición
El desafío está en generar procesos de resistencia desde todos los espacios y comunidades, urbanas y rurales. Las rutas de esta transición energética también deben ser construidas desde las decisiones políticas.
No es posible pensar la transición energética en el actual esquema de consumo no sólo eléctrico, sino también de movilidad urbana, transporte de mercaderías, de usos en calefacción, en cocción, en la industria, etc.
La mirada integral de la transición energética y la capacidad de agencia de los diversos actores es decisiva para la construcción de procesos de gestión y gobernanza energética justa y sostenible.
Por último, dicha transición se construirá mediante rutas y redes de articulación que fortalezcan la transición energética popular, desde la corresponsabilidad social, política y ecológica.
La crisis sistémica que atraviesa el mundo manifiesta la urgencia de tener una transición energética, como una dimensión más de las muchas transiciones que el mundo debe afrontar si quiere detener al descalabro global al cual se dirige.
Tal crisis solo puede ser atendida a partir de respuestas estructurales, por tanto, estas deben atacar los pilares del sistema capitalista que generan este escenario de desastre a nivel mundial, como el fenómeno del cambio climático, los impactos de las lógicas de acumulación inmoral, la desigualdad, el deterioro y destrucción ecológico-ambiental, incluido el despojo territorial y el pisoteo de derechos humanos y los de la Madre Tierra.
Precisamente, la transición energética solo puede ser posible, por un lado, desde la interpelación al sistema hegemónico y al sistema energético actual; y por otro, desde la defensa de los territorios y los derechos humanos, de los pueblos indígenas y de la Tierra; resistencias que permiten generar propuestas transformadoras.
En Bolivia, al igual que en muchos territorios a nivel regional y mundial, estas luchas y resistencias se plasmaron en diversos escenarios en donde los actores locales asumieron su capacidad de agencia y de lucha, con un gran potencial transformador de los factores que atentan contra sus principios de vida.
Allí destacan la defensa de los ríos y más áreas naturales, así como la resistencia a los megaproyectos hidroeléctricos, proyectos de energía nuclear y al extractivismo minero e hidrocarburífero.
No obstante, estas resistencias no solamente deben ser asumidas por las comunidades y poblaciones indígenas, también debe involucrar luchas urbanas, e incluso resistencias y luchas personales, abordando el reconocimiento y respeto hacia los límites naturales, con justicia y equidad socioambiental.
En ese sentido, este artículo discute el concepto de transición energética y plantea la relación de la energía con las luchas de resistencia y concluye con algunas reflexiones en torno a las rutas transicionales de transformación en base al respeto de los territorios y los derechos, como principio básico.
Transición energética
Pero, ¿qué es la transición energética?
Existen diferentes posiciones. Una de ellas se enfoca en el cambio de las fuentes de energía fósiles a fuentes de energía renovables, pero, en este cambio no se discuten las características, las escalas, los impactos y la esencia del sistema energético: oligopólico, colonial, centralizado, concentrador y patriarcal, generador de injusticias, brechas y enriquecimiento inmoral a partir del despojo territorial.
Un modelo destinado a la generación y acumulación de riqueza para las corporaciones en desmedro de los territorios y sus derechos.
Otro enfoque de la transición interpela al actual sistema energético en su esencia, por tanto, exige un modelo energético que priorice las necesidades energéticas de la sociedad, respetando los derechos de los territorios y de quienes la cuidan y defienden.
¿Qué quiere decir esto? Pues cambiar las lógicas de consumo y producción para instalar una nueva cultura energética que impulse y genere la fuerza de transformación.
Por lo tanto, el mundo, tarde o temprano, tendrá que asumir la transición energética.
La disyuntiva es si queremos que esta sea una transición planificada, o una transición traumática, que incluso suponga, en algunos casos, la imposibilidad de satisfacer los requerimientos energéticos básicos.
Sin duda serán primero los países y las poblaciones más marginadas y vulnerables las que paguen la factura de la irracionalidad energética, sin haber sido causantes de la actual crisis.
Y este escenario se agudiza aún más las consecuencias climáticas ya que el extractivismo desmedido altera los ecosistemas poniendo en riesgo la seguridad y la soberanía energética, hídrica, alimentaria y territorial.
Esta consideración nos plantea la necesidad de abordar la transición energética desde una mirada holística, multidimensional, multifactorial y multiactoral, que supere la visión técnico-económico.
Hay que remarcar que la participación de los actores locales es un factor determinante para la gestión y gobernanza energética de cara a una efectiva transición que responda a la satisfacción de las necesidades energéticas locales, respetando las condiciones y características territoriales, además de los derechos individuales y colectivos.
Las resistencias territoriales como base para una transición energética justa y popular
Todos los territorios con potencial energético están siendo víctimas de procesos de expansión que no da tregua al constante despojo y la permanente vulneración de derechos; no solo en relación a la explotación de recursos fósiles, sino a través proyectos que tergiversan la transición energética.
Esta lógica responde a una cultura energética que busca reproducir sistemas energéticos injustos e insustentables, con limosnas para los pueblos y comunidades, pero altamente rentables para los intereses de las corporaciones y los gobiernos.
Tanto el sector privado como nuestras autoridades no internalizan que una efectiva transición energética supone un proceso que exige la transformación de estas lógicas de depredación, hacia culturas de convivencia socio-ambiental, que redirijan las formas de producción y consumo de la energía, con miradas a largo plazo, y que asuman la responsabilidad intergeneracional en el consumo desmedido de los recursos energéticos.
La construcción efectiva de los sistemas energéticos inclusivos debe tener como finalidad la satisfacción de las necesidades energéticas de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, comunidades rurales, y poblaciones urbanas; basados en una nueva cultura energética, que reconozca los límites de los recursos, en base a las potencialidades energéticas locales, sistemas descentralizados de microgeneración, todo ello con un enfoque de prosumidor (productor y consumidor) energético.
En ese sentido, las resistencias territoriales y la defensa de los derechos, son una expresión de las rutas hacia transición energética justa y popular.
Hacia la construcción de una transición
El desafío está en generar procesos de resistencia desde todos los espacios y comunidades, urbanas y rurales. Las rutas de esta transición energética también deben ser construidas desde las decisiones políticas.
No es posible pensar la transición energética en el actual esquema de consumo no sólo eléctrico, sino también de movilidad urbana, transporte de mercaderías, de usos en calefacción, en cocción, en la industria, etc.
La mirada integral de la transición energética y la capacidad de agencia de los diversos actores es decisiva para la construcción de procesos de gestión y gobernanza energética justa y sostenible.
Por último, dicha transición se construirá mediante rutas y redes de articulación que fortalezcan la transición energética popular, desde la corresponsabilidad social, política y ecológica.
La crisis sistémica que atraviesa el mundo manifiesta la urgencia de tener una transición energética, como una dimensión más de las muchas transiciones que el mundo debe afrontar si quiere detener al descalabro global al cual se dirige.
Tal crisis solo puede ser atendida a partir de respuestas estructurales, por tanto, estas deben atacar los pilares del sistema capitalista que generan este escenario de desastre a nivel mundial, como el fenómeno del cambio climático, los impactos de las lógicas de acumulación inmoral, la desigualdad, el deterioro y destrucción ecológico-ambiental, incluido el despojo territorial y el pisoteo de derechos humanos y los de la Madre Tierra.
Precisamente, la transición energética solo puede ser posible, por un lado, desde la interpelación al sistema hegemónico y al sistema energético actual; y por otro, desde la defensa de los territorios y los derechos humanos, de los pueblos indígenas y de la Tierra; resistencias que permiten generar propuestas transformadoras.
En Bolivia, al igual que en muchos territorios a nivel regional y mundial, estas luchas y resistencias se plasmaron en diversos escenarios en donde los actores locales asumieron su capacidad de agencia y de lucha, con un gran potencial transformador de los factores que atentan contra sus principios de vida.
Allí destacan la defensa de los ríos y más áreas naturales, así como la resistencia a los megaproyectos hidroeléctricos, proyectos de energía nuclear y al extractivismo minero e hidrocarburífero.
No obstante, estas resistencias no solamente deben ser asumidas por las comunidades y poblaciones indígenas, también debe involucrar luchas urbanas, e incluso resistencias y luchas personales, abordando el reconocimiento y respeto hacia los límites naturales, con justicia y equidad socioambiental.
En ese sentido, este artículo discute el concepto de transición energética y plantea la relación de la energía con las luchas de resistencia y concluye con algunas reflexiones en torno a las rutas transicionales de transformación en base al respeto de los territorios y los derechos, como principio básico.
Transición energética
Pero, ¿qué es la transición energética?
Existen diferentes posiciones. Una de ellas se enfoca en el cambio de las fuentes de energía fósiles a fuentes de energía renovables, pero, en este cambio no se discuten las características, las escalas, los impactos y la esencia del sistema energético: oligopólico, colonial, centralizado, concentrador y patriarcal, generador de injusticias, brechas y enriquecimiento inmoral a partir del despojo territorial.
Un modelo destinado a la generación y acumulación de riqueza para las corporaciones en desmedro de los territorios y sus derechos.
Otro enfoque de la transición interpela al actual sistema energético en su esencia, por tanto, exige un modelo energético que priorice las necesidades energéticas de la sociedad, respetando los derechos de los territorios y de quienes la cuidan y defienden.
¿Qué quiere decir esto? Pues cambiar las lógicas de consumo y producción para instalar una nueva cultura energética que impulse y genere la fuerza de transformación.
Por lo tanto, el mundo, tarde o temprano, tendrá que asumir la transición energética.
La disyuntiva es si queremos que esta sea una transición planificada, o una transición traumática, que incluso suponga, en algunos casos, la imposibilidad de satisfacer los requerimientos energéticos básicos.
Sin duda serán primero los países y las poblaciones más marginadas y vulnerables las que paguen la factura de la irracionalidad energética, sin haber sido causantes de la actual crisis.
Y este escenario se agudiza aún más las consecuencias climáticas ya que el extractivismo desmedido altera los ecosistemas poniendo en riesgo la seguridad y la soberanía energética, hídrica, alimentaria y territorial.
Esta consideración nos plantea la necesidad de abordar la transición energética desde una mirada holística, multidimensional, multifactorial y multiactoral, que supere la visión técnico-económico.
Hay que remarcar que la participación de los actores locales es un factor determinante para la gestión y gobernanza energética de cara a una efectiva transición que responda a la satisfacción de las necesidades energéticas locales, respetando las condiciones y características territoriales, además de los derechos individuales y colectivos.
Las resistencias territoriales como base para una transición energética justa y popular
Todos los territorios con potencial energético están siendo víctimas de procesos de expansión que no da tregua al constante despojo y la permanente vulneración de derechos; no solo en relación a la explotación de recursos fósiles, sino a través proyectos que tergiversan la transición energética.
Esta lógica responde a una cultura energética que busca reproducir sistemas energéticos injustos e insustentables, con limosnas para los pueblos y comunidades, pero altamente rentables para los intereses de las corporaciones y los gobiernos.
Tanto el sector privado como nuestras autoridades no internalizan que una efectiva transición energética supone un proceso que exige la transformación de estas lógicas de depredación, hacia culturas de convivencia socio-ambiental, que redirijan las formas de producción y consumo de la energía, con miradas a largo plazo, y que asuman la responsabilidad intergeneracional en el consumo desmedido de los recursos energéticos.
La construcción efectiva de los sistemas energéticos inclusivos debe tener como finalidad la satisfacción de las necesidades energéticas de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, comunidades rurales, y poblaciones urbanas; basados en una nueva cultura energética, que reconozca los límites de los recursos, en base a las potencialidades energéticas locales, sistemas descentralizados de microgeneración, todo ello con un enfoque de prosumidor (productor y consumidor) energético.
En ese sentido, las resistencias territoriales y la defensa de los derechos, son una expresión de las rutas hacia transición energética justa y popular.
Hacia la construcción de una transición
El desafío está en generar procesos de resistencia desde todos los espacios y comunidades, urbanas y rurales. Las rutas de esta transición energética también deben ser construidas desde las decisiones políticas.
No es posible pensar la transición energética en el actual esquema de consumo no sólo eléctrico, sino también de movilidad urbana, transporte de mercaderías, de usos en calefacción, en cocción, en la industria, etc.
La mirada integral de la transición energética y la capacidad de agencia de los diversos actores es decisiva para la construcción de procesos de gestión y gobernanza energética justa y sostenible.
Por último, dicha transición se construirá mediante rutas y redes de articulación que fortalezcan la transición energética popular, desde la corresponsabilidad social, política y ecológica.
La crisis sistémica que atraviesa el mundo manifiesta la urgencia de tener una transición energética, como una dimensión más de las muchas transiciones que el mundo debe afrontar si quiere detener al descalabro global al cual se dirige.
Tal crisis solo puede ser atendida a partir de respuestas estructurales, por tanto, estas deben atacar los pilares del sistema capitalista que generan este escenario de desastre a nivel mundial, como el fenómeno del cambio climático, los impactos de las lógicas de acumulación inmoral, la desigualdad, el deterioro y destrucción ecológico-ambiental, incluido el despojo territorial y el pisoteo de derechos humanos y los de la Madre Tierra.
Precisamente, la transición energética solo puede ser posible, por un lado, desde la interpelación al sistema hegemónico y al sistema energético actual; y por otro, desde la defensa de los territorios y los derechos humanos, de los pueblos indígenas y de la Tierra; resistencias que permiten generar propuestas transformadoras.
En Bolivia, al igual que en muchos territorios a nivel regional y mundial, estas luchas y resistencias se plasmaron en diversos escenarios en donde los actores locales asumieron su capacidad de agencia y de lucha, con un gran potencial transformador de los factores que atentan contra sus principios de vida.
Allí destacan la defensa de los ríos y más áreas naturales, así como la resistencia a los megaproyectos hidroeléctricos, proyectos de energía nuclear y al extractivismo minero e hidrocarburífero.
No obstante, estas resistencias no solamente deben ser asumidas por las comunidades y poblaciones indígenas, también debe involucrar luchas urbanas, e incluso resistencias y luchas personales, abordando el reconocimiento y respeto hacia los límites naturales, con justicia y equidad socioambiental.
En ese sentido, este artículo discute el concepto de transición energética y plantea la relación de la energía con las luchas de resistencia y concluye con algunas reflexiones en torno a las rutas transicionales de transformación en base al respeto de los territorios y los derechos, como principio básico.
Transición energética
Pero, ¿qué es la transición energética?
Existen diferentes posiciones. Una de ellas se enfoca en el cambio de las fuentes de energía fósiles a fuentes de energía renovables, pero, en este cambio no se discuten las características, las escalas, los impactos y la esencia del sistema energético: oligopólico, colonial, centralizado, concentrador y patriarcal, generador de injusticias, brechas y enriquecimiento inmoral a partir del despojo territorial.
Un modelo destinado a la generación y acumulación de riqueza para las corporaciones en desmedro de los territorios y sus derechos.
Otro enfoque de la transición interpela al actual sistema energético en su esencia, por tanto, exige un modelo energético que priorice las necesidades energéticas de la sociedad, respetando los derechos de los territorios y de quienes la cuidan y defienden.
¿Qué quiere decir esto? Pues cambiar las lógicas de consumo y producción para instalar una nueva cultura energética que impulse y genere la fuerza de transformación.
Por lo tanto, el mundo, tarde o temprano, tendrá que asumir la transición energética.
La disyuntiva es si queremos que esta sea una transición planificada, o una transición traumática, que incluso suponga, en algunos casos, la imposibilidad de satisfacer los requerimientos energéticos básicos.
Sin duda serán primero los países y las poblaciones más marginadas y vulnerables las que paguen la factura de la irracionalidad energética, sin haber sido causantes de la actual crisis.
Y este escenario se agudiza aún más las consecuencias climáticas ya que el extractivismo desmedido altera los ecosistemas poniendo en riesgo la seguridad y la soberanía energética, hídrica, alimentaria y territorial.
Esta consideración nos plantea la necesidad de abordar la transición energética desde una mirada holística, multidimensional, multifactorial y multiactoral, que supere la visión técnico-económico.
Hay que remarcar que la participación de los actores locales es un factor determinante para la gestión y gobernanza energética de cara a una efectiva transición que responda a la satisfacción de las necesidades energéticas locales, respetando las condiciones y características territoriales, además de los derechos individuales y colectivos.
Las resistencias territoriales como base para una transición energética justa y popular
Todos los territorios con potencial energético están siendo víctimas de procesos de expansión que no da tregua al constante despojo y la permanente vulneración de derechos; no solo en relación a la explotación de recursos fósiles, sino a través proyectos que tergiversan la transición energética.
Esta lógica responde a una cultura energética que busca reproducir sistemas energéticos injustos e insustentables, con limosnas para los pueblos y comunidades, pero altamente rentables para los intereses de las corporaciones y los gobiernos.
Tanto el sector privado como nuestras autoridades no internalizan que una efectiva transición energética supone un proceso que exige la transformación de estas lógicas de depredación, hacia culturas de convivencia socio-ambiental, que redirijan las formas de producción y consumo de la energía, con miradas a largo plazo, y que asuman la responsabilidad intergeneracional en el consumo desmedido de los recursos energéticos.
La construcción efectiva de los sistemas energéticos inclusivos debe tener como finalidad la satisfacción de las necesidades energéticas de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, comunidades rurales, y poblaciones urbanas; basados en una nueva cultura energética, que reconozca los límites de los recursos, en base a las potencialidades energéticas locales, sistemas descentralizados de microgeneración, todo ello con un enfoque de prosumidor (productor y consumidor) energético.
En ese sentido, las resistencias territoriales y la defensa de los derechos, son una expresión de las rutas hacia transición energética justa y popular.
Hacia la construcción de una transición
El desafío está en generar procesos de resistencia desde todos los espacios y comunidades, urbanas y rurales. Las rutas de esta transición energética también deben ser construidas desde las decisiones políticas.
No es posible pensar la transición energética en el actual esquema de consumo no sólo eléctrico, sino también de movilidad urbana, transporte de mercaderías, de usos en calefacción, en cocción, en la industria, etc.
La mirada integral de la transición energética y la capacidad de agencia de los diversos actores es decisiva para la construcción de procesos de gestión y gobernanza energética justa y sostenible.
Por último, dicha transición se construirá mediante rutas y redes de articulación que fortalezcan la transición energética popular, desde la corresponsabilidad social, política y ecológica.
La crisis sistémica que atraviesa el mundo manifiesta la urgencia de tener una transición energética, como una dimensión más de las muchas transiciones que el mundo debe afrontar si quiere detener al descalabro global al cual se dirige.
Tal crisis solo puede ser atendida a partir de respuestas estructurales, por tanto, estas deben atacar los pilares del sistema capitalista que generan este escenario de desastre a nivel mundial, como el fenómeno del cambio climático, los impactos de las lógicas de acumulación inmoral, la desigualdad, el deterioro y destrucción ecológico-ambiental, incluido el despojo territorial y el pisoteo de derechos humanos y los de la Madre Tierra.
Precisamente, la transición energética solo puede ser posible, por un lado, desde la interpelación al sistema hegemónico y al sistema energético actual; y por otro, desde la defensa de los territorios y los derechos humanos, de los pueblos indígenas y de la Tierra; resistencias que permiten generar propuestas transformadoras.
En Bolivia, al igual que en muchos territorios a nivel regional y mundial, estas luchas y resistencias se plasmaron en diversos escenarios en donde los actores locales asumieron su capacidad de agencia y de lucha, con un gran potencial transformador de los factores que atentan contra sus principios de vida.
Allí destacan la defensa de los ríos y más áreas naturales, así como la resistencia a los megaproyectos hidroeléctricos, proyectos de energía nuclear y al extractivismo minero e hidrocarburífero.
No obstante, estas resistencias no solamente deben ser asumidas por las comunidades y poblaciones indígenas, también debe involucrar luchas urbanas, e incluso resistencias y luchas personales, abordando el reconocimiento y respeto hacia los límites naturales, con justicia y equidad socioambiental.
En ese sentido, este artículo discute el concepto de transición energética y plantea la relación de la energía con las luchas de resistencia y concluye con algunas reflexiones en torno a las rutas transicionales de transformación en base al respeto de los territorios y los derechos, como principio básico.
Transición energética
Pero, ¿qué es la transición energética?
Existen diferentes posiciones. Una de ellas se enfoca en el cambio de las fuentes de energía fósiles a fuentes de energía renovables, pero, en este cambio no se discuten las características, las escalas, los impactos y la esencia del sistema energético: oligopólico, colonial, centralizado, concentrador y patriarcal, generador de injusticias, brechas y enriquecimiento inmoral a partir del despojo territorial.
Un modelo destinado a la generación y acumulación de riqueza para las corporaciones en desmedro de los territorios y sus derechos.
Otro enfoque de la transición interpela al actual sistema energético en su esencia, por tanto, exige un modelo energético que priorice las necesidades energéticas de la sociedad, respetando los derechos de los territorios y de quienes la cuidan y defienden.
¿Qué quiere decir esto? Pues cambiar las lógicas de consumo y producción para instalar una nueva cultura energética que impulse y genere la fuerza de transformación.
Por lo tanto, el mundo, tarde o temprano, tendrá que asumir la transición energética.
La disyuntiva es si queremos que esta sea una transición planificada, o una transición traumática, que incluso suponga, en algunos casos, la imposibilidad de satisfacer los requerimientos energéticos básicos.
Sin duda serán primero los países y las poblaciones más marginadas y vulnerables las que paguen la factura de la irracionalidad energética, sin haber sido causantes de la actual crisis.
Y este escenario se agudiza aún más las consecuencias climáticas ya que el extractivismo desmedido altera los ecosistemas poniendo en riesgo la seguridad y la soberanía energética, hídrica, alimentaria y territorial.
Esta consideración nos plantea la necesidad de abordar la transición energética desde una mirada holística, multidimensional, multifactorial y multiactoral, que supere la visión técnico-económico.
Hay que remarcar que la participación de los actores locales es un factor determinante para la gestión y gobernanza energética de cara a una efectiva transición que responda a la satisfacción de las necesidades energéticas locales, respetando las condiciones y características territoriales, además de los derechos individuales y colectivos.
Las resistencias territoriales como base para una transición energética justa y popular
Todos los territorios con potencial energético están siendo víctimas de procesos de expansión que no da tregua al constante despojo y la permanente vulneración de derechos; no solo en relación a la explotación de recursos fósiles, sino a través proyectos que tergiversan la transición energética.
Esta lógica responde a una cultura energética que busca reproducir sistemas energéticos injustos e insustentables, con limosnas para los pueblos y comunidades, pero altamente rentables para los intereses de las corporaciones y los gobiernos.
Tanto el sector privado como nuestras autoridades no internalizan que una efectiva transición energética supone un proceso que exige la transformación de estas lógicas de depredación, hacia culturas de convivencia socio-ambiental, que redirijan las formas de producción y consumo de la energía, con miradas a largo plazo, y que asuman la responsabilidad intergeneracional en el consumo desmedido de los recursos energéticos.
La construcción efectiva de los sistemas energéticos inclusivos debe tener como finalidad la satisfacción de las necesidades energéticas de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, comunidades rurales, y poblaciones urbanas; basados en una nueva cultura energética, que reconozca los límites de los recursos, en base a las potencialidades energéticas locales, sistemas descentralizados de microgeneración, todo ello con un enfoque de prosumidor (productor y consumidor) energético.
En ese sentido, las resistencias territoriales y la defensa de los derechos, son una expresión de las rutas hacia transición energética justa y popular.
Hacia la construcción de una transición
El desafío está en generar procesos de resistencia desde todos los espacios y comunidades, urbanas y rurales. Las rutas de esta transición energética también deben ser construidas desde las decisiones políticas.
No es posible pensar la transición energética en el actual esquema de consumo no sólo eléctrico, sino también de movilidad urbana, transporte de mercaderías, de usos en calefacción, en cocción, en la industria, etc.
La mirada integral de la transición energética y la capacidad de agencia de los diversos actores es decisiva para la construcción de procesos de gestión y gobernanza energética justa y sostenible.
Por último, dicha transición se construirá mediante rutas y redes de articulación que fortalezcan la transición energética popular, desde la corresponsabilidad social, política y ecológica.
