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El compromiso del Estado peruano es reducir 30% (89.4 de MtCO2) de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero para el año 2030 (en un escenario Business As Usual – BAU), de los cuales un 20% (59.0 de MtCO2) serán de una meta no condicionada (inversiones y gastos con recursos internos, públicos y privados) y el 10% restante (30.4 de MtCO2) de una meta condicionada.
Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) son compromisos que los Estados asumen para reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
La obligación de cumplir los NDC tiene un primer enemigo que es la forma en que está determinada dicha obligación. El Acuerdo de París es aquella norma internacional de la cual se desprenden los NDCs, pero que solo le indica a los Estados que deben “promover” medidas de mitigación para cumplir la meta trazada. Las NDC se presentan en forma de porcentajes, pero sin medidas de mitigación no hay forma de cómo llegar a dicha meta.
Un segundo problema para el cumplimiento de la meta NDC es la forma de recoger dicho concepto en la normativa peruana. A nivel nacional, se crearon dos colectivos estatales para trabajar las NDC: la Comisión Multisectorial del 2015 y el Grupo de Trabajo de 2018. Ambos grupos se encargaron de identificar aquellas medidas de mitigación y sus responsables para llegar a la meta del 30%. Lamentablemente, el Grupo de Trabajo de 2018 (formado solo por los Ministerios del Estado peruano) determinó 62 medidas de mitigación, las cuales solo lograrían reducir 23,3% de la emisión de gases de efecto invernadero en el Perú, quedándonos a 6,7% de margen hasta el 30% de la obligación presentada ante Naciones Unidas. Esto representa ya un incumplimiento de la obligación internacional por parte del Estado peruano.
Casi dos tercios de los gases de efecto invernadero en el Perú provienen de la deforestación. A pesar de ello, solo 8 de las 62 de medidas de mitigación están referidas al campo de uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura (USCUSS), lo cual es insuficiente.
Al año 2012 las emisiones de GEI que prevenían del sector de bosques y uso de suelos representaban el 50,63% de las emisiones nacionales. Entre el 2001 y 2016, la Amazonía peruana perdió en superficie de bosques 1’974.208 hectáreas. De seguir así el ritmo de deforestación se perderían 2,77 millones de hectáreas de bosque en la Amazonía peruana.
Las medidas de mitigación identificadas requieren de condiciones habilitantes para concretarse. Estas condiciones habilitantes requieren de presupuesto. La información brindada por el Estado al MOCICC señala que solo una quinta parte de estas condiciones habilitantes tienen presupuesto asignado por el Estado peruano, por lo que se dificulta con mayor razón el cumplimiento de la meta de NDCs trazada por el Perú.