El Estado peruano se comprometió en el 2016 a reducir el 30% de sus gases de efecto invernadero (GEI); al 2020, el Ministerio del Ambiente ha señalado que presentará unas nuevas NDC más ambiciosas, ahora buscando reducir el 35% de los GEI.
Pero de nada sirve la alerta científica y el marco jurídico vinculante si es que los Estados no incluyen en la planificación de sus presupuestos nacionales recursos económicos para implementar de manera efectiva acciones contra el cambio climático. Por ello es que resulta fundamental el análisis económico de la lucha frente al cambio climático que en estas páginas realiza Kely Alfaro Montoya.
