Perú es el noveno país del mundo con mayores ataques a defensores ambientales, el año 2020 se asesinaron a más de 220 defensores ambientales en América Latina y decenas de ellos y ellas se encuentran amenazados.
Sin territorios seguros no hay seguridad completa para los pueblos indígenas que viven día a día la invasión por el narcotráfico, la tala ilegal y el acaparamiento de tierras para diversos monocultivos. Igualmente, sin un marco legal más efectivo, sin la inversión debida y sin autoridades responsables en la ejecución de los mismos, nuestro país seguirá lamentando la muerte de hermanos defensores como Lucio Pascual Yumanga, asesinado el domingo 5 de diciembre en Ucayali.
Los Protocolos para la protección de Defensores Ambientales necesitan personal capacitado y presupuesto para funcionar adecuadamente. Al mismo tiempo, nuestro marco legal debe adecuarse, nuestra autoridades en el Congreso y demás entes del Estado, tienen el deber moral de aprobar el Acuerdo Escazú, cumplir la titulación integral de los territorios indígenas, fiscalizar y sancionar a los funcionarios corruptos que lucran formalizando el tráfico de tierras a través del cambio de tipo de uso de suelo.
Los miembros del Grupo de Trabajo con Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas defensoras, ¡basta ya de impunidad y olvido, exigimos justicia!
PRONUNCIAMIENTO
Los miembros del Grupo de Trabajo con Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, expresamos públicamente nuestra indignación por el asesinato del líder asháninka Lucio Pascual Yumanga. En este sentido, nos sumamos a la protesta ya expresada por la Asociación de Comunidades Asháninkas del Valle del Pichis (ANAP), la Organización Regional AIDASEP Ucayali (ORAU) y la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP).
Así mismo, expresamos nuestra preocupación por el avance de grupos de invasores sobre los territorios indígenas, muchos de ellos liderados por el narcotráfico pero, también por empresarios indolentes y avaros que trafican con las tierras en complicidad con funcionarios corruptos.
Por otra parte, invocamos al Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia su efectiva colaboración en la protección de la población indígena que viene solicitando apoyo policial y también las garantías debidas como ciudadanos y como defensores de la naturaleza y los derechos humanos. Pedimos así mismo a las autoridades, apoyar la búsqueda de los comuneros Ashaninkas: Beri Yumanga Shario, Abdías Pascual Yumanga, Javier Pascual Marincana y Yosner Pascual
Canchivo en el distrito de Puerto Bermúdez y apoyo en la recuperación del cuerpo sin vida de Lucio Pascual Yumanga.
La protección de los y las ciudadanas indígenas como defensores de la naturaleza y los derechos humanos está íntimamente ligada a la salvaguarda de sus territorios ancestrales, por lo mismo, exigimos que las políticas para el reconocimiento y titulación integral de los territorios indígenas tengan prioridad en la agenda legislativa y ejecutiva del Estado peruano.
Grupo de trabajo con PPII de la CNDDHH, 06 de diciembre 2021
