Como la mítica lucha de David contra Goliat, los defensores de la tierra, el ambiente y los derechos en Perú se enfrentan a una gran maquinaria desarrollada para aplastar las voces disidentes al modelo neoliberal impuesto por el Estado y las empresas.
Represión, estigmatización y persecución judicial, son herramientas utilizadas por el sistema para acallar las voces que se oponen al discurso de desarrollo. El Estado las construye a través de leyes, decretos, sentencias judiciales y tipificación de delitos, diseñados para “proteger” las acciones extractivas sobre los territorios, generando despojo y desigualdad.
Quienes se atreven a levantarse y protestar, enfrentan de primera mano una represión policial asesina, avalados en normas como la ley 31012 o “ley gatillo fácil” que permite la impunidad policial. Solo en 2020 ocho personas fueron asesinadas en protestas sociales: 3 indígenas kukama en Loreto, 2 jóvenes en Lima y 3 agricultores en La Libertad.
El Estado intenta aplastar las acciones de organización colectiva manteniendo estados de emergencia preventivos que afectan los derechos fundamentales de los pueblos. La semana pasada el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional este mecanismo que desde hace años se había impuesto en el corredor minero entre Apurímac y Cusco.
Además, para suprimir el liderazgo social, el Estado persigue judicialmente a través de la tipificación de delitos como crimen organizado, disturbios, motín y entorpecimiento del funcionamiento de los servicios públicos.
Es cierto que algunos casos constituyen una victoria como el caso “Curva del Diablo”, donde 53 indígenas awajún y wampis procesados fueron absueltos tras 11 años de proceso penal que afectó su vida en aspectos como economía y salud. Sin embargo, la persecución judicial es constante y en todos los territorios del país, terminando muchas veces en sentencias que afectan a los líderes sociales. El más reciente caso es el de Tía María, donde 3 dirigentes han sido condenados a prisión efectiva con penas entre 7 y 16 años.
Todas estas acciones buscan limitar el derecho a la protesta y el derecho de los pueblos a decidir sobre su futuro; promoviendo el discurso empresarial y extractivo que promete desarrollo, pero no hace más que vulnerar la tierra y el ambiente; y generar pobreza económica y social.
No es posible que por un lado el Estado reprima, criminalice y persiga a quienes exigen sus derechos y la posibilidad de un futuro digno para sus pueblos y por otro deje en la impunidad los crímenes contra los defensores y defensoras.
Es necesario que el Estado cese la persecución, estigmatización y represión, y que permita el derecho de los pueblos a decidir sobre sus territorios y a rechazar actividades que les afectan la vida, la salud, la economía y las lógicas socioculturales. Exigimos también que se proteja a quienes defienden la tierra, la vida y el ambiente.
La lucha por la tierra y por una vida digna es parte de nuestra lucha como movimiento ciudadano. Y aunque el terreno esté disparejo, como David en su lucha, prevalecerán las causas justas.
Por Allison Cadenillas, promotora del equipo de Amazonía
