Abogado litigante, Juan Carlos Ruiz Molleda, es el coordinador del equipo de litigio constitucional y pueblos indígenas del Instituto de Defensa Legal. Ha llevado casos emblemáticos de defensa de los derechos de los pueblos indígenas tanto en los Andes como en la Amazonía. Según explica, hay desconocimiento y concepciones equívocas sobre el territorio amazónico, y sobre los pueblos indígenas. Desde su experiencia jurídica, explica la importancia de las luchas de los pueblos indígenas para conservar la Amazonía.
¿Cuáles son los mayores problemas que enfrenta la Amazonía y sobre los que actúa IDL?
La intervención de IDL se da asumiendo la defensa legal de organizaciones indígenas en la Amazonía y en la zona Andina. En primer lugar hay un tema de defensa del territorio. Hay un proceso de despojo de las tierras de comunidades nativas y de comunidades campesinas en la zona Andina, básicamente porque debajo de sus territorios hay recursos naturales. Un segundo problema tiene que ver con consulta y consentimiento. A pesar que tenemos una ley, que el convenio 169 (de la OIT) está vigente desde el 2 de febrero de 1995, no se realizan procesos de consulta y los que hay son procesos muy cuestionados. En los procesos de consulta de lotes petroleros no se consulta el contrato de licitación que contiene la información, sino las dos hojitas del decreto supremo que aprueba el contrato. Es una absoluta burla. Los grandes proyectos mineros no han sido consultados.
Una tercera línea es la contaminación como consecuencia de actividades extractivas y su impacto en poblaciones indígenas, sobre todo en la salud. El tema de derrames de petróleo es un escándalo, genera un impacto devastador. Una cuarta línea es el tema de PIACI [Pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial], poblaciones que decidieron un día no tomar contacto y apartarse de la sociedad nacional, hoy hay una serie de acciones del Estado que ponen en peligro su subsistencia. Ellos se caracterizan por tener una extremada vulnerabilidad inmunológica, ambiental y social. Una quinta línea, importante, es la criminalización de la protesta; el Estado antes que escuchar las protestas de la gente criminaliza a las organizaciones indígenas. Tenemos un andamiaje institucional, que promueve, alienta, encubre la criminalización de líderes sociales cuando protestan al defender su territorio. Hay proyectos mineros, hidrocarburíferos inclusive de infraestructura, en principio nadie se opone a ello. El problema es dónde se hace y dónde no se hace. Las actividades extractivas y otras como la palma aceitera, generan un impacto devastador en nuestros territorios, y eso está generando una presión sobre el territorio espantosa y poniendo en peligro a los pueblos indígenas.
¿Estos problemas se relacionan con la forma de ver el territorio? ¿Se tiene esta visión desde las normas nacionales?
La Amazonía es una cosa recién descubierta. Así como recién con el Baguazo se descubrió que existía el Convenio 169 de la OIT, la amazonía es un tema todavía por descubrirse, a pesar que hay una historia larga. Por ejemplo, en los libros de historia, te das cuenta que la época del caucho no figura. Si no fuera por la novela de Vargas Llosa, y por alguna que otra publicación, nadie sabría que en el país cerca de 130 mil indígenas, como dice Alberto Chirif, fueron exterminados. Yo creo que la Amazonía es un dato nuevo, reciente en la historia. En los libros de historia hay un hueco, la Amazonía no figura, y cuando figura hay una concepción muy equívoca. Que es una despensa inagotable, de la cual podemos hacer uso indiscriminado sin ningún tipo de control, un territorio deshabitado, que le pertenece a todos los peruanos. Sí y no. Ahí hay pueblos que han ocupado tradicionalmente esos territorios y que dependen de estos. Sin embargo, desde el gobierno central se toman decisiones que impactan a esos pueblos y no se les consulta, se toman decisiones de espaldas a ellos. Y muchas veces poniendo en peligro la vida de ellos, porque se afecta el acceso de estos pueblos a esos recursos naturales indispensables.
Desde los pueblos indígenas hay una visión del territorio amazónico que no se correlaciona necesariamente con las comunidades nativas, como los territorios integrales ¿es legalmente posible en Perú, con la legislación que tenemos?
En realidad hay varias visiones, para la mirada de los pueblos indígenas el territorio es sagrado; hay una relación espiritual. Y esa relación sagrada está reconocida, por ejemplo, en el artículo 13 del Convenio 169 de la OIT. Un tratado internacional de derechos humanos, de rango constitucional, dice claramente que el Estado deberá respetar el valor espiritual que tiene para estos pueblos la tierra. Hay sentencias de la Corte IDH y alguna otra del Tribunal Constitucional que exige no mirar el territorio de los pueblos indígenas con categorías occidentales. Para nosotros la tierra es una cosa que tiene un valor económico, intercambiable, para los indígenas la tierra no es un objeto, es un sujeto, con el que tienen una relación muy intensa y tiene valor social, cultural, espiritual, religioso.
Hay sentencias de la Corte IDH que dicen que si tú a un pueblo le quitas su territorio, lo condenas a la extinción. La pregunta es, ¿podemos mirar con nuestras categorías una realidad que está más allá? No. Hay suficientes normas en el convenio 169, en la misma constitución que te exigen tomar en cuenta estas diferencias. Hay sentencias en la corte que te dicen que no podemos con categorías de derecho civil juzgar una realidad diferente. Entonces ahí hay un gran problema, porque muchas veces los jueces con el código civil, que está pensado para realidades más urbanas, intenta resolver realidades que están más allá de ellos. Por ejemplo, para nosotros el río es un hueco con agua. para ellos el río Marañón es sagrado. Y ahí viven sus seres sagrados. Cuando alguien se ahoga no se muere, se va a vivir al río. Entonces ahí, entran y chocan. Hay un tema de falta de respeto a esta diferencia cultural y hay todo un ánimo de desconocer, mofarse, burlarse, de una manera de ser diferente. ¿Tenemos derecho a ser diferentes? Si. El artículo 2 inciso 19 de la constitución reconoce el derecho a mi propia identidad cultural, mi derecho ser diferente. Sin embargo, desde el gobierno y las élites económicas, se desconoce. Hay formas diferentes de ver la realidad, que muchas veces desde el poder se desconoce.
¿Por qué es importante asumir la representación legal de las organizaciones indígenas?
En el diseño constitucional, quien hace las leyes es el congreso, quien tiene que cumplirlas y hacerlas cumplir, es el gobierno. Pero quien tiene que controlar al Congreso y al Gobierno cuando no lo cumpla, es el poder judicial. Entonces el poder judicial es el gran contralor del ejercicio del poder. Lo que aquí tenemos es que el Estado peruano y empresas particulares, desconocen los derechos reconocidos a los pueblos indígenas, por ejemplo, en el Convenio 169 de la OIT. Entonces, acá hay dos caminos o recurrimos a mecanismos extrasistema, de violencia, o recurrimos a los mecanismos del sistema de justicia. A quién le corresponde resolver estos conflictos, es al poder judicial que tiene la competencia y la obligación de resolver los conflictos. Obviamente a veces se tiene que tomar medidas de fuerza legítimas, porque a veces el Estado no escucha, como ocurrió en el Baguazo. Pero es el poder judicial, el que tiene la facultad y la competencia para resolver estos conflictos y es a quien corresponde proteger los derechos. Por eso es que IDL decidió hace un tiempo judicializar casos emblemáticos, que sean representativos de patrones sistemáticos de violación a derechos. Por ejemplo, el caso Cuninico. Hay 190 derrames de petróleo, pero este es el caso bandera para nosotros, hemos logrado ganar el caso y que se elabore, diseñe e implemente un plan de atención a afectados por derrames, con presupuesto de cerca de 2 millones y medio de soles. La idea de litigar es recurrir a los mecanismos institucionales para obtener justicia y proteger los derechos.
Hay casos donde el Estado no cumple las sentencias, ¿qué acciones se toma entonces?
Nosotros trabajamos con procesos constitucionales, que son rápidos. El promedio de un amparo en sus tres instancias, según un informe de la defensoría, son dos años y medio. Y el promedio de un proceso penal son 5 – 8 – 10 años. En el código penal constitucional se contemplan mecanismos para exigir el cumplimiento. El artículo 22 te dice multas acumulativas y hasta destitución del funcionario que no quiere cumplir la sentencia; y el 59 te habla de abrirle proceso disciplinario. El caso Cuninico lo ganamos el año pasado y no querían cumplirlo, pedimos audiencia de seguimiento de ejecución de sentencia. La hicimos y le dijimos: «señor juez, pónganle las multas y destituyan”. Y el Estado aprobó el plan. Creo que muchas veces los abogados ganamos procesos, pero luego nos dormimos. La chamba del juez en un proceso de amparo no acaba cuando se expide la sentencia, acaba cuando el derecho se restituye. Quiere decir que no basta con que dicte la sentencia, sino hay que exigirle que ejecute la sentencia. Porque lo que yo he pedido es que se restituya el derecho, no una declaración retórica.
En el caso de IDL, nosotros hemos ganado casos y los hemos ejecutado. Ahora, ciertamente hay incumplimientos, la resistencia a cumplir sentencias, es un problema de todo el sistema de justicia. Y hay investigaciones que te dan cifras a veces alertadoras, pero también va a depender del abogado, porque el abogado va a saber incluso cómo denunciar. Por ejemplo, ahorita hemos ganado el caso Punchana, que es sobre dos asentamientos humanos en Iquitos, en la parte de Belén donde el camal vierte residuos sólidos y EsSalud vierte residuos clínicos; y le hemos pedido al juez que ordene un sistema de agua y desagüe, y que ordene que para el presupuesto de 2020 se separe una partida para construir eso. Y si no, multas y destitución.
¿Qué se puede hacer para apoyar estos procesos en visibilización y para que entre en el debate público?
Los territorios donde ha habido más éxito en la lucha contra la deforestación, son los territorios controlados por los pueblos indígenas, la mayor biodiversidad es en territorios donde hay pueblos indígenas. Hay muchos sectores donde todavía consideran a los pueblos indígenas como potenciales perpetradores. Sin ir muy atrás, cuando se crean las primeras Áreas Naturales Protegidas en EEUU, la concepción es increíble. Liquidan y expulsan a los pueblos indígenas. Y crean una especie de áreas como de una naturaleza cercada. En el Perú cuando se crea la Reserva Pacaya Samiria, entra el ejército y expulsa a las comunidades. Hoy hay resistencia a titular territorios colectivos dentro de ANPs, como si estos pueblos fueran los enemigos, cuando en realidad han sido los guardianes de este territorio y no los que depredan. El estado tiene que cambiar su manera de ver las cosas y entender que los pueblos indígenas son guardianes de esos territorios.
El caso de Nuevo Lamas en San Martín es un caso interesante, ellos pidieron titular su territorio, les titularon el 2% y el resto en cesión en uso, que es una manera de darte en préstamo. Cuando llegan invasores a deforestar, es la comunidad la que tiene que asumir la defensa del territorio. Entonces en los hechos, los pueblos no son vistos como guardianes, sino como enemigos. Creo que hay que apoyar las luchas, en Saweto murieron 5 personas, en Nuevo Rayal también mataron gente. Ahora una empresa de palma aceitera amenaza a los de la comunidad Santa Clara de Uchunya. Yo creo que la causa de la defensa del medio ambiente, no solamente es la de los pueblos indígenas, es la de todos. El 60% de los gases de efecto invernadero es por deforestación. Cada año se deforestan 150 mil hectáreas en el Perú. El Estado no logra parar la deforestación, en Brasil ya se habla de la cifra de no retorno, es decir, si pasamos una tasa de deforestación ya no regresamos. Se está perdiendo la batalla contra la deforestación. Pero creo que sí se pueden hacer cosas.
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