Líderes del pueblo awajún se pronunciaron sobre el último enfrentamiento ocurrido en la zona de Alto Comainas, en la frontera Perú – Ecuador, que habría llevado al secuestro de 15 miembros de una comunidad nativa esta semana. Los representantes de la Organización para el Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa – ODECOFROC indicaron que, si el Estado no interviene, el conflicto podría incrementarse y hacerse insostenible.
Ortez Baitug, presidente de Odecofroc, indicó que este conflicto data de hace años con el ingreso de la actividad minera. “El pueblo estuvo reclamando y presentando acciones de amparo, el Estado sabe y no puede decir que no”, explica el dirigente, quien al momento de sucedido el enfrentamiento, se encontraba en Lima buscando reunirse con instituciones del Estado para encontrar soluciones a las presiones que afectan su territorio. “Yo vengo presentando documentos al Estado, pero no hay voluntad”, reclama.
Por su parte, Agoustina Mayan, ex presidenta de Odecofroc, mencionó que durante su periodo se solicitó intervención a la Presidencia del Consejo de Ministros, pues la zona que había sido operada por la minera Afrodita, estaba siendo repoblada con mineros ilegales de distinta nacionalidad, afectando y amenazando la vida de las comunidades cercanas.
De otro lado, Salomón Awanach, presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente Peruano – ORPIAN-P, explicó que la zona tiene presencia de mineros ilegales, y lo que se habría producido es un enfrentamiento entre estos, afectando a los miembros de las comunidades sobre cuyo territorio se instalaron. Asimismo, mencionó que la lejanía de la zona evita que se tengan comunicaciones fluidas y se sepa lo que sucede en la zona.
ENFRENTAMIENTO
Se circuló la información de que 15 miembros de una comunidad nativa habrían sido secuestrados la madrugada del lunes en la zona de Alto Comainas, en la frontera Perú – Ecuador. Según la información difundida por los medios nacionales, esto habría sido producto de un enfrentamiento entre comuneros y mineros extranjeros.
El hecho saltó a la luz luego de que Franklin Danducho, abogado awajún, interpuso una denuncia en la ciudad de Santa María de Nieva, por el secuestro de 15 personas tras un enfrentamiento armado. Asimismo, dos de los comuneros que habrían escapado y llegado a Lima, denunciaron en radios nacionales que se trata de mineros ilegales que vienen amenazando la comunidad nativa de Kumpanam, en el sector Alto Comainas, distrito de Cenepa (Condorcanqui, Amazonas).
Los comuneros solicitaron la intervención del Ministerio del Interior para evitar nuevos actos de confrontación y promover la liberación de las personas que aún se encontrarían retenidas.
ZONA EN CONFLICTO
“Cenepa, el problema más grave que se tiene es con la minería que contamina las riberas del río”, explica el presidente de Odecofroc. Quien relata que los conflictos en las comunidades de este distrito ubicado en la Cordillera del Cóndor y que limita con territorio ecuatoriano se habría originado cuando se le brindan los permisos a la minera Afrodita de capitales nacionales sobre sector denominado El Tambo, ahora en el foco de la tormenta.
En su momento las organizaciones locales y regionales se movilizaron contra la minera debido a que esta se había ubicado sobre el territorio sin haber realizado consulta previa, sin contar con permisos ambientales ni con un Estudio de Impacto Ambiental. Además, con el ingreso de la empresa al territorio se recortaba el área del parque nacional Ichigkat Muja.
Asimismo, se iniciaron dos acciones de amparo: para anular las concesiones mineras sobre el territorio y para que se respete el acuerdo de consulta que establecía que el Parque Nacional Ichigkat Muja abarque la totalidad de la Cordillera del Cóndor. La primera acción fue declarada a favor de los pueblos indígenas en primera instancia, Rocío Meza del Área de Litigio y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal, explica que «fue una sentencia positiva para los pueblos, aunque aún estamos esperando la sentencia en segunda instancia».
En 2017, se declara improcedente la solicitud de la empresa sobre los predios que ocupaba, confirmándose la actuación irregular. Sin embargo, con esto no se cierran las tensiones con el pueblo awajún, un informe del Ministerio de Energía y Minas – Minem de enero de este año da cuenta de la conflictividad que se venía presenciando y la necesidad de intervenir la zona y abrir canales de diálogo con la población.
CAMBIO DE VIDA
División entre comunidades y conflictos al interior de las cuencas, son también problemas trajo la actividad minera, explica Ortez Baitug. ““Dicen que es desarrollo, pero va trae muerte”, sentencia.
Por un lado, la construcción de una carretera hacia las instalaciones que dejó la minera Afrodita, permite el ingreso de mineros ilegales desde el lado ecuatoriano de la Cordillera del Cóndor, enfrentando a los comuneros de las zonas cercanas a amenazas de muerte.
Además, el dirigente explica que se estarían constituyendo también comunidades con la finalidad de favorecer el ingreso de la minería. “los que están pidiendo auxilio al Estado, son los que primeros que estaban sacando oro”, explica aduciendo a las comunidades que en su momento estuvieron a favor del ingreso de la minería a la zona.
Por su parte Mayán, explica que lo primordial es velar por la vida de las personas secuestradas en la zona. Pues, de ocurrir alguna desgracia, esto podría generar mayor conflictividad en la zona.
Son cinco las acciones prioritarias que los dirigentes solicitan: la intervención del Estado para volver a tener el control de su territorio, la restitución de la totalidad del área del Parque Nacional Ichigkat Muja, la disolución de las resoluciones de reconocimiento de las comunidades que se habrían originado para realizar minería aluvial, potenciar el puesto de vigilancia existente y medidas para evitar que los mineros ilegales continúen ingresando por la carretera abierta.
