Los pueblos indígenas de la Amazonía en el Perú están enfrentando solos a la pandemia del COVID-19. Después de cuatro meses de la declaración de emergencia sanitaria en el país, la situación de la prevención del contagio de la COVID-19 y de la atención a la población infectada se ha desbordado.
En solidaridad a estas exigencias de las organizaciones indígenas este miércoles 15 se realizó un plantón frente a las instalaciones del Ministerio de Salud, tomando las medidas necesarias dentro del marco de los protocolos de cuidado por la emergencia sanitaria, donde representantes de organizaciones, ciudadanos y ciudadanas exigieron al Estado atender las demandas de los pueblos indígenas y la Amazonia.
Hasta la fecha, se cuentan más de 10 mil ciudadanos en la Amazonía que han contraído el virus del COVID 19 y ya han fallecido alrededor de 300 hermanos y hermanas indígenas en toda la Amazonia. Esta cifra ha encendido las alarmas, sobre todo, si se tiene en cuenta que más allá de las cifras oficiales, es altamente probable que exista una cifra de su registro de contagios, como lo han denunciado las Federaciones regionales y locales debido a la falta de pruebas rápidas y la falta de presencia del Estado con servicios y establecimientos de salud.
Ante esta situación, las organizaciones indígenas en el Perú vienen denunciado la posibilidad que se produzca un etnocidio y un ecocidio en la Amazonía como consecuencia de la inoperancia del Estado para implementar una política de salud clara en los territorios amazónicos que haga frente al contagio del virus y que sea capaz de atender de manera oportuna y efectiva a la población contagiada en sus propios territorios.
Amazonía exige un alto al etnocidio, ecocidio
Desde el mes de abril, AIDESEP y sus federaciones indígenas demandaron al Estado ante el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos por daños permanentes que podrían sufrir los pueblos indígenas debido al ingreso del Covid19 en sus territorios. Durante este tiempo la Defensoría del Pueblo advirtió que los escasos establecimientos de salud que existen en la Amazonía para atender a las comunidades indígenas se encuentras desabastecidos y con faltas de infraestructura para enfrentar la crisis.
A la denuncia de etnocidio y ecocidio en la Amazonía peruana se suma también la denuncia del extractivismo en sus diferentes formas que no se ha detenido en territorios amazónicos y que por el contrario se viene alentando en el plan de reactivación económica del gobierno, exponiendo a las poblaciones indígenas al contacto y la expansión de los contagios del COVID 19.
#LOULTIMO
— MOCICC ?? (@mociccperu) July 15, 2020
Se realiza plantón frente al @Minsa_Peru para exigir atención a las demandas de las org indígenas amazónicas frente a #covid19. Planes EFECTIVOS de atención y cese de actividades extractivas que propagan el virus son algunas demandas.#AltoalEtnocidio #SOSAmazonia pic.twitter.com/2gIts9J0ZO
El pasado 9 de julio, a través de una conferencia virtual, los líderes de AIDESEP y las federaciones regionales y locales señalaron que “nos declaramos en emergencia indígena y en movilización permanente” tal como indicó Lizardo Cauper, presidente de AIDESEP.
Durante esta conferencia, líderes como Jorge Pérez Rubio, dirigente de la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente- ORPIO indicaron que la atención que se está destinando no es suficiente y que las Direcciones Regionales de Salud no aplican la variable étnica al momento de realizar los diagnósticos. Es importante señalar además que la solicitud que hicieron los líderes de las organizaciones para tener una reunión virtual con el presidente Martín Vizcarra para el 10 de julio no fue atendida.
Durante la conferencia virtual se anunció movilizaciones los días 13, 14 y 15 de julio para exigir la ejecución eficiente de los 88 millones de soles contemplados por el Estado para la atención de la emergencia en la Amazonía y que debe traducirse en medicamentos, equipos y personal que llegue a brindar la atención necesaria en las comunidades.
Finalmente, las organizaciones indígenas han demandado la cancelación de la iniciativa absurda del gobierno central para querer implementar la consulta previa virtual y que se respete el consentimiento libre, previo, informado y de buena fe del Convenio 169 de la OIT. Asimismo, que se ejecute el plan bicentenario de los pueblos indígenas amazónicos que ha sido remitido al Estado y que contempla 12 ejes, 30 objetivos y 200 acciones claras y que el presidente Martín Vizcarra se comprometió a atender.
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