Este miércoles 05 de junio diferentes colectivos ciudadanos manifestarán su rechazo a la posible aprobación del dictamen de una nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República. Los manifestantes denuncian que este Congreso carece de legitimidad para aprobar leyes tan trascendentales para el futuro del país, sobre todo después de los últimos hechos en los que se ha llegado incluso a exigirse su cierre y convocatoria a nuevas elecciones.
Durante las últimas semanas, el proyecto para una Nueva Ley de Hidrocarburos, que fue remitido por el ejecutivo, fue revisado por el grupo de trabajo presidido por el Congresista Juan Carlos Del Águila, quién presentó ante la comisión de Energía y Minas su informe en mayoría el miércoles 22 de mayo. Ese mismo día, el Congresista Manuel Dammert presentó un informe en minoría criticando algunos artículos del informe Del Águila.
Para las organizaciones sociales e indígenas y los colectivos ciudadanos el dictamen que sería aprobado atentaría contra los derechos de los pueblos indígenas y pondría en riesgo los ecosistemas y territorios en los que se desarrollen las actividades hidrocarburíferas.
Al respecto, Richard O´Diana Rocca del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático indicó que el proyecto de ley de hidrocarburos es criticable porque amplía la vida total de un proyecto petrolero hasta en ochenta años; otorga la posibilidad a las empresas extractivas de utilizar a la PNP y al FFAA como seguridad de sus representantes y/o instalaciones; habilita a las empresas extractivas a deforestar la Amazonía peruana, resultando insuficiente la obligación compensatoria de reforestar 3 veces el área desboscada; y, en lo más grave, posibilita la explotación de yacimientos no convencionales, es decir que deja abierta la puerta para que en el Perú se explote el gas utilizando la técnica del Fracking, que es considerada altamente perjudicial y prohibida en países como Francia.
Los colectivos que se harán presentes en el plantón ciudadano frente al Congreso de la República demandan que leyes como ésta deben ser debatidas de manera amplia y con plena participación de los diferentes sectores involucrados, sobre todo de las poblaciones que se verían más perjudicadas, y este Congreso precisamente ya no tiene legitimidad para producir nueva legislación sin que se sospeche de los grandes negociados o las serias dudas de corrupción que puede haber en cada uno de los actos que dirige y en cada una de las leyes que aprueba.
