Esta semana, en distintos puntos líderes y dirigentes indígenas peruanos defendieron sus derechos colectivos, exigiendo respeto a sus pueblos y al territorio Amazónico, como base para afrontar el cambio climático.
Durante el 173 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, los pueblos afectados por la actividad petrolera demandaron remediación en salud culturalmente pertinente, debido a los constantes derrames de crudo en sus territorios.
“Cuando los pueblos indígenas damos a conocer nuestros problemas, muchos somos criminalizados y lo único que hacemos es aportar con nuestros territorios para mitigar el cambio climático”, expresó Julio Cusurichi, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes – Fenamad.
El líder indígena formó parte de una delegación de 15 organizaciones de nueve países, quienes presentaron un petitorio a la CIDH para convertir la emergencia climática en un asunto prioritario
Las organizaciones solicitaron a la CIDH que inste a los Estados a tomas medidas que pongan fin a las actividades que agravan la crisis climática y amenacen el disfrute efectivo de los derechos humanos, como explotación de hidrocarburos, carbón, construcción de megaproyectos, como hidroeléctricas y carreteras.
Asimismo, solicitaron a la CIDH hacer seguimiento al avance de las políticas expresadas por los Estados en sus contribuciones nacionales y observar su concordancia con las obligaciones en materia de derechos humanos asumidas por los estados.
REMEDIACIÓN Y SALUD
Los líderes de Puinamudt explicaron ante los relatores de la CIDH los problemas que han tenido en el diálogo con el Estado y para que este cumpla sus problemas. La excesiva burocracia, falta de presupuestos y voluntad política, fueron parte de las denuncias.
“La gente se está muriendo ahí, cuántas personas se están muriendo por falta de medicamentos. Lo que queremos es que se instale un programa de atención a metales pesados. Pedimos que CIDH haga seguimiento y supervise al Estado”, expresó Igler Sandi, vicepresidente de la Organización de los Pueblos Indígenas Kichwas Amazónicos de la Frontera Perú Ecuador (OPIKAFPE).
Por su parte los relatores de la CIDH consideraron necesario visitar los territorios afectados, para ello solicitaron al Estado peruano oficializar la invitacion. Asimismo solicitaron informacion sobre regulacion de actividades empresariales que generan afectaciones a los derechos humanos.
SHIPIBOS EN EL TC
A cientos de kilómetros, en Lima, dirigentes shipibos de Ucayali, acudieron al Tribunal Constitucional para dar testimonio en la primera audiencia sobre la acción de amparo presentada por la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya contra el Gobierno Regional, una empresa de palma aceitera y la SUNARP, por violación de derecho ancestral y el derecho a vivir en ambiente adecuado.
“Todos los recursos han sido devastados de manera irresponsable, había bosques primarios, espacios sagrados y espirituales, y a partir del 2014 con la entrada de una empresa aceitera, nos lo han quitado y ahora solo hay plantaciones de palma aceitera”, explicó Miguel Guimaraes, presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali – FECONAU.
Por su parte Carlos Osoria, representante de la comunidad indicó que el Gobierno Regional negó la ampliación de la comunidad y en su lugar tituló a 222 colonos que luego vendieron las tierras a la empresa Plantaciones de Pucallpa, que luego las vendió a la empresa Ocho Sur SAC.
Juan Carlos Ruiz, del Instituto de Defensa Legal – IDL, explicó que el proceder del Gobierno Regional de Ucayali atenta contra los derechos colectivos al territorio de la comunidad y va en contra de los tratados internacionales que ha firmado Perú.
