- Con carteles en mano bajo el lema “No al paquetazo Castilla. Por una economía al servicio de l@s peruan@s”, diversas organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, de derechos humanos, gremios laborales, entre otras, expresaron su unánime rechazo al paquete de medidas económicas presentado por el Gobierno de Ollanta Humala.
- Demandan una inversión que respete estándares ambientales y hacen un llamado a los congresistas para que escuchen la voz de la sociedad civil y de la Defensoría del Pueblo, que también ha expresado su preocupación al respecto.
- José de Echave, ex Viceministro de Gestión Ambiental, advirtió que las normas darán paso a nuevos proyectos extractivos y se incrementarán los conflictos sociales.
- Rocío Valdeavellano, Vocera del Grupo Perú Cop20, señaló que estas medidas dan una mala señal a la comunidad internacional toda vez que el Perú será sede en diciembre próximo de la COP 20.
Lima, 25 de junio de 2014.– Con carteles en mano y bajo el lema de #NOALPAQUETAZOCASTILLA, representantes de diversas organizaciones de pueblos indígenas y originarios, sociales, trabajadores, redes de derechos humanos, de mujeres, de regiones y ONGs, expresaron su unánime rechazo al paquete de medidas anunciadas por el Ejecutivo para “la reactivación de la economía peruana”, y denunciaron que estas normas plantean cambios drásticos en temas tributarios, ambientales, de saneamiento físico legal de predios, derechos laborales, salud, y en las propias competencias de los gobiernos municipales y regionales.
En conferencia de prensa, realizada en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH, aseguraron que estas normas, impulsadas desde el Ministerio de Economía, solo protegen a las grandes empresas y debilita los canales institucionales que tienen las poblaciones locales para la defensa de sus derechos.
José De Echave, ex Viceministro de Gestión Ambiental y miembro de CooperAcción, afirmó que este paquete de medidas tiene un aroma a los decretos que impulsó Alan García y que propiciaron el Baguazo. “No estamos hablando solo de un paquete económico para combatir la desaceleración de la economía, lo preocupante es que el proyecto de ley propone medidas tributarias para flexibilizar las multas y beneficiar a los grandes empresarios, con el fin de dar un paso antidemocrático a proyectos extractivos como Conga y Chavín II”, advirtió.
De Echave también cuestionó duramente este ataque a la institucionalidad ambiental, al asegurar que esta institucionalidad no cayó del cielo, “hubo luchas en Ilo, La Oroya, luchas del pueblo Ashuar, en Espinar y en Cajamarca, que han contribuido a estos cambios. Ahora, EL OEFA suspenderá sus funciones de fiscalización por tres años y desarrollará actividades de educación y seguimiento a las actividades ilegales; el SENACE, que era el primer paso para aprobar los EIA, ya no tendrá esta competencia. Además de otras herramientas como el de Ordenamiento Territorial (OT), los Límites Máximos Permisibles (LMP) y Estándares de Calidad Ambiental (ECA) estarán bajo la potestad del Consejo de Ministros”, añadió.
A su turno, Rocío Silva Santisteban, de la CNDDHH expresó su preocupación y propuso un debate profundo sobre las afecciones que impone este paquete de medidas. “No podemos considerar que por encima del crecimiento económico se estén violando los derechos humanos de los peruanos y peruanas y se vulneren las normas ambientales y laborales”, enfatizó.
Por su parte, Henderson Rengifo, de AIDESEP indicó que las organizaciones indígenas están preocupadas con estas normas porque pone en riesgo los mandatos fundamentales para garantizar una vida con tranquilidad y sin contaminación de los pueblos indígenas. “Estas medidas favorecen a las industrias extractivas, dando carta libre para que contaminen nuestros ríos, nuestra Amazonía. No podemos permitir que las multas hacia las grandes empresas por transgresiones ambientales se reduzcan al 65%; les están dando más licencia para que sigan contaminando. Nos sentimos indignados, los bosques no solo son para los pueblos indígenas sino también para la salud ambiental del mundo.”, dijo.
Rocío Valdeavellano, Vocera del Grupo Perú COP20, expresó su preocupación por la posición del Gobierno de Humala, teniendo en cuenta que este año nuestro país será sede de la Cumbre Perú COP20, en la que se definirá un nuevo acuerdo climático global que la humanidad demanda. “En vez de avanzar estamos retrocediendo en algo que ha sido fruto de tanto esfuerzo. Nosotros demandamos una inversión que respete estándares ambientales y, por ello, hacemos un llamado a los congresistas para que escuchen la voz de la sociedad civil y de la Defensoría del Pueblo”, manifestó.
Finalmente, Efraín Yépez, representante de la CGTP, denunció que el paquete de medidas impulsadas por el Gobierno de Humala solo beneficiará a los empresarios y se dan en desmedro de los miles de trabajadores”
Acompañaron a la conferencia de prensa un grupo de jóvenes activistas, que mostraron un pronunciamiento firmado por más de 200 jóvenes en el que exigen una verdadera institucionalidad ambiental y desarrollo sostenible, así como el archivamiento inmediato de la propuesta de Ley 3637-2014, e instaron a que cualquier toma de decisión de temas trascendentes sobre el modelo de desarrollo y su forma de ejecución sea producto de un debate abierto, participativo, serio, transparente y en el marco de la defensa de los derechos de todas y todos los peruanos y el cuidado ambiental riguroso”.
