Movimiento Ríos Vivos de Colombia espera detener la construcción del proyecto hidroeléctrico HidroItuango
Arnold Rodríguez
Desde Enero 2014, defensores y defensoras del medio ambiente del Movimiento Ríos Vivos – MRV enfrentan amenazas de muerte, vigilancia, seguimientos, allanamientos, campañas de difamación y hostigamientos tras su lucha contra el megaproyecto HidroItuango.
Este proyecto hidroeléctrico auspiciado por las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC) busca la generación de energía aprovechando las aguas del río Cauca, deforestando hectáreas de bosques y desplazando a comunidades que viven en la zona.
Es así como la lucha de Movimiento Ríos Vivos de Antioquía empezó para denunciar los impactos sociales, culturales y ambientales que está causando y podría causar la construcción del proyecto hidroeléctrico.
Sin embargo, desde el 2013 ya se han registrado intentos de violencia en contra de esta organización ambiental donde dos miembros de MRV fueron asesinados.
“Cada vez que se han construido megaproyectos energéticos, siempre se han cometido asesinatos y nunca existe justicia”, señala Isabel Zuleta, representante del Movimiento Ríos Vivos de Colombia – MRV durante la Marcha en Defensa de la Madre Tierra, organizada por la Cumbre de los Pueblos en el marco de las reuniones de jefes de Estado en la COP20.
Este proyecto de generación de energía tendrá un costo de 5.500 millones de dólares y su ejecución significará el desplazamiento de decenas de poblares. Por ello este caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington.
La lucha contra la ejecución de este proyecto ha sido constante sin embargo el paramilitarismo y la militarización de la zona impide que el Movimiento Ríos Vivos persista en la lucha.
“En Colombia hay una militarización que impide la lucha ambiental. Existen 18 batallones del ejército, 5000 mil hombres destinados y financiados por las empresas trasnacionales a cuidar el proyecto”, detalla Zuleta.
Con su llegada al Perú, Zuleta espera que las autoridades políticas que discuten las decisiones ambientales en la COP20 tomen conciencia sobre los verdaderos actores en la defensa ambiental: el pueblo vulnerado por las grandes empresas.
