El pasado 28 de abril, el MINAM aprobó un nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF), a través del Decreto Supremo 002-2017-MINAM, el cual ha generado gran preocupación ya que en él se indica que el ministerio reduce su función rectora de ordenamiento territorial a solo ambiental, indicando que será otra entidad la que realice lo primero en el país.
¿Y por qué es importante el ordenamiento territorial? ¿Para qué sirve?
Según el documento Orientaciones básicas sobre el Ordenamiento Territorial en el Perú, elaborado por el mismo ministerio, en agosto 2015, este instrumento de planificación permitiría al país “garantizar un desarrollo equilibrado de las regiones en condiciones de sostenibilidad”, donde se podría gestionar y minimizar los impactos negativos que ocasionarían las diversas actividades socio-económicas, priorizando “el derecho de los ciudadanos a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado a su desarrollo de vida”.
Empiezan las reacciones
De acuerdo con el Diario Voces, para los expertos ambientales, esta división entre un ordenamiento territorial ambiental y otro nacional implica un retroceso en las competencias del Ministerio de Ambiente, resaltando que esta situación es especialmente sensible en un país con más de 130 conflictos socioambientales provocados por la existencia de proyectos de inversión en zonas ambientalmente sensibles o en territorios de pueblos indígenas.
Para el ex ministro de Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, el Minam ha renunciado de manera ilegal a su facultad de ordenamiento territorial a nivel nacional, un mecanismo para planificar el uso sostenible y adecuado del territorio.
Ante ello, la Plataforma para el Ordenamiento Territorial, colectivo integrado por organizaciones de la sociedad civil y asociaciones municipales y regionales del país, emitió un pronunciamiento donde exige al ejecutivo, la revisión y modificación del ROF, adecuarlo a la norma de creación del MINAM para garantizar la continuidad de los procesos de ordenamiento territorial, haciéndolos además más participativos e interculturales.
DATO:
Hasta marzo de 2017, la Defensoría del Pueblo identificó 204 conflictos sociales (140 activos y 64 latentes), de los cuales el 68.1 % (139 conflictos) es de carácter socioambiental. Del total de conflictos socioambientales activos (107), el 66.4 % está asociado a la actividad minera.
Ver reporte de conflictos sociales elaborado por la Defensoría del Pueblo.
