Una serie de incidentes se registraron en Sechura, luego que la empresa Gasnorp continuara con la instalación de ductos para el proyecto de gas domiciliario que tiene a su cargo. El 23 de marzo, como se registra en un video difundido por redes sociales, la policía golpeó a manifestantes que llegaron hasta la zona donde se viene ejecutando el proyecto. Los dirigentes locales aseguran que el proyecto no tiene Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sino sólo Declaraciones de Impacto Ambiental.
“El servicio no va ser utilizado por las familias, está pensado para las fábricas que se encuentran cerca al litoral”, asegura Juan Antón Ruiz, presidente de FREMARSEC. Por otro lado, el dirigente señala que no se han hecho los estudios pertinentes para que el proyecto se lleve a cabo, por el contrario, solo ha sido el Gobierno Regional de Piura el que ha dado el visto bueno. También se señala que no se realizaron audiencias públicas o talleres participativos para informar a la población sobre los ductos y el proyecto.
En cuanto a impactos ambientales. Un documento difundido por las organizaciones de Sechura da cuenta que el proyecto impacta sobre las zonas de Miramar, Chusis y las Delicias y zonas agrícolas- ganaderas como Miramar, Altos de Eche y Fundo Sol Sol. Los ductos pasarían por el Área de Conservación Ambiental “Manglares de Chulliyachi” y el Área de Conservación Ambiental “Estuario de Virrilá” (Sitio Ramsar), así como, un impacto indirecto en el Área de Conservación Ambiental “Manglares de San Pedro”. Todos los espacios mencionados tienen gran biodiversidad y son el hogar de aves y animales.
En un comunicado difundido por distintas plataformas, la Comunidad Campesina San Martín de Sechura, que se ha visto directamente involucrada en este proyecto, aseguran “que no se puede permitir que una empresa extranjera ejecute un proyecto millonario sin Estudio de Impacto Ambiental y sin demostrar el beneficio social, esta situación constituye un mal precedente”.
Al respecto el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA se encuentra revisando el caso por las denuncias realizadas por los pobladores; sin embargo, las organizaciones locales piden la acción del Ministerio de Energía y Minas y PCM, sobre todo, por lo atropellos que denuncian haber sufrido por parte de la policía.
