Líderes awajún del distrito fronterizo El Cenepa, en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, solicitaron a las autoridades estatales acciones para afrontar el crecimiento de actividades ilícitas en su territorio, entre ellas minería, tala y narcotráfico. De manera urgente han demandado se realicen acciones de interdicción en 10 comunidades donde la minería ilegal ha ingresado y se ha expandido durante la pandemia.
«Pedimos al Gobierno nacional la interdicción en el río Cenepa, pero hay personas foráneas que siguen amenazándonos, acusándonos de antimineros y antidesarrollo», demanda Hortez Baitug Wajai, presidente de la Organización de Defensa de las Comunidades Fronterizas del Cenepa – ODECOFROC. El líder señala que estas acciones deben ser parte de una estrategia amplia que considere el derecho a la educación de los jóvenes de El Cenepa y proyectos económicos que brinden alternativas a las economías ilegales en la zona.
ACTIVIDADES ILÍCITAS AVANZAN EN PANDEMIA
Aunque la presencia de actividades ilícitas no es reciente, se han incrementado desde inicios de la pandemia. En las comunidades ubicadas en las riberas del río Cenepa la presencia de la minería aluvial ha crecido. “Los dragueros aprovecharon la necesidad de la población, el avance de la enfermedad y la falta de atención estatal para ingresar a negociar con los apus”, señala Agoustina Mayan, lideresa awajún.
Entre las comunidades donde se ha incrementado la actividad minera durante los últimos meses se encuentran Mamayaque, Nuevo Kanam, Kayamás, Nueva Vida, Tutino, Omar Siete, San Antonio, Aintam, Huampami, Canga y Kusu Pagata. Los líderes denuncian que esta actividad genera conflictos al interior del pueblo awajún, las comunidades y las familias, ya que hay quienes apuestan por la actividad y quienes se oponen a la extracción de oro.
A ello se suma la destrucción de ecosistemas por el desbosque para la actividad minera, que genera mayor riesgo de deslizamientos en las orillas del río, y la contaminación del territorio por el uso de sustancias como mercurio y arsénico, que impacta en la salud de la población. Además de problemas sociales como trata de personas, prostitución e incremento de la violencia contra las mujeres en las comunidades.
AMENAZAS EN LA ZONA
La presencia minera constituye además un peligro para la vida de los líderes, quienes han visto incrementarse las amenazas desde inicios de este año. Agoustina Mayán señala al respecto, “como protectores del medio ambiente creemos aportar al Estado y apoyamos fuertemente la protección del territorio, pero el Estado nos ha abandonado”.
Frente a las amenazas, los líderes solicitaron garantías personales que les fueron otorgadas por la Subprefectura de Condorcanqui en febrero y el Ministerio de Justicia activó el «Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos en el Perú». Sin embargo, las amenazas y acciones de amedrentamiento contra la organización continúan. El miércoles 3 de marzo la organización denunció el ataque contra el local de la radio de la organización “Kumpanam” por personas desconocidas.
