Tribunal Constitucional
En enero del 2022 el Tribunal Constitucional desconoció el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y/o tribales según lo señala el Convenio 169. Las comunidades campesinas aymaras Chila Chambilla y Chila Pucará en Puno habían solicitado en el 2019 que el TC se pronunciara respecto a unas concesiones mineras otorgadas a la empresa Cemento Sur S.A. por encontrarse superpuestas en más del 50% de sus territorios sin consulta previa.
La respuesta que llegó a consenso declaró infundada la solicitud con los votos de los magistrados Ferrero Costa, Sardón de Taboada, Miranda Canales y Blume Fortini. A pesar de los intentos de las comunidades de hacer valer sus derechos el Tribunal Constitucional ha optado por no apoyarlas.
Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso
Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso
La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, presidida por el legislador fujimorista Ernesto Bustamante (2021-2022), decidió archivar el Proyecto de Ley (PL 23 9/2019-PE) que ratificaba el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú.
Este instrumento jurídico marca un hito para la democracia ambiental y la protección de defensores de derechos humanos que son amenazados por la ilegalidad, no obstante, para ciertos grupos de poder, es solo un impedimento de inversiones. Lamentablemente el Congreso se ha negado a firmar este importante acuerdo y con ellos la protección de defensores ambientales.
Ministerio de Energía y Minas (Minem)
MINEM y en parte PROFONANPE no tienen voluntad política y administrativa de avanzar en la remediación de pasivos ambientales (sitios contaminados, impactados por el petróleo, la minería o cualquier otro elemento tóxico), siguen demorando mediante procesos burocráticos el inicio de las remediaciones de más 1375 sitios impactados. El MINEM hasta la fecha, después de 4 años, solo ha aprobado 13 de los 30 planes de rehabilitación (para remediar los impactos), los demás siguen siendo evaluados y sin solución, enfrascados en muchos casos en discusiones tecnicistas que significan demoras. Por otro lado, de los 13 sitios, solo se avanzará con 8 sitios, esto empeora la situación de riesgo a la vida y la salud que viven cientos de peruanos expuestos a petróleo y metales.
